Tragedia de Once: mientras crece la tensión por los jueces desplazados, la Corte le dio una mala noticia al kirchnerismo

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Ya no hay espacio para verbos en potencial ni chicanas que eviten llamar a las cosas por su nombre: la corrupción mata. A los muertos ya los contamos: 52, amasijados tras el choque de la formación Chapa 16 del tren Sarmiento, el 22 de febrero de 2012. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia completó con la firma de cuatro de sus jueces la otra parte de la sentencia: la última causa de aquellas muertes fue la corrupción. El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi es ahora definitivamente culpable de los delitos de estrago y fraude al Estado, por los que en 2015 fue condenado a cinco años y medio de prisión.

La noticia, que se extiende al maquinista de aquel convoy, Marcos Córdoba, el empresario Claudio Cirigliano y otros 16 condenados, llega en medio de la profunda controversia entre el gobierno y la Corte por el destino final de dos jueces que, con el OK del Consejo de la Magistratura y luego del máximo tribunal, en 2018 fueron trasladados de tribunales orales a la Cámara Federal porteña, y otro que fue remitido de un TOF de San Martín a otro de Comodoro Py.

Los tres intervinieron en causas por corrupción contra Cristina Kirchner y decenas de sus ex funcionarios, o deberían hacerlo: hasta que el kirchnerismo lo sacó a empujones de allí, el juez Germán Castelli estaba sentado en el TOF 7, encargado de juzgar nada menos que la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Ese desplazamiento, que desconoce aquellos pasos administrativos y judiciales, puso a la Corte bajo la lupa del gobierno -que espera una pirueta para correr a los jueces- y de la opinión pública, que viene expresando su enojo por las dilaciones del tribunal en sucesivas manifestaciones callejeras y también a través de comunicados de organizaciones empresarias y de la sociedad civil.

Esas presiones encontradas, crecientes mientras la Corte sigue impávida el desalojo de los jueces que investigaron la corrupción K -dicho sea de paso, con resoluciones que fueron confirmándose- también agigantó la vieja grieta entre los miembros del tribunal que encabeza el Poder Judicial. Las intrigas entre ellos -reflejadas sin embozo en la cobertura periodística de algunos medios- terminaron debilitándolos a todos. Esa conclusión quedó clara esta semana.

Ante ese panorama, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, sacudió el mantel sobre el cual se extendían las discusiones bizantinas, y convocó para el martes próximo a un acuerdo extraordinario para tratar el pedido de per saltum de los jueces Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que pidieron a la Corte que intervenga antes de tiempo par evitar su remoción. El tribunal deberá tomar alguna decisión al respecto.

Si admite el per saltum, puede devolver a los jueces a sus sillas hasta que resuelva definitivamente. Si lo rechaza, los magistrados recién podrán golpear la puerta de la Corte cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal también les niegue el amparo que pidieron para detener los desplazamientos.

Como sea, el caso jueces distanció al máximo los atalayas de cada uno de los cinco miembros del máximo tribunal. Ahora, el esperado fallo respecto a las condenas por la tragedia de Once volvió a reunir cuatro de las cinco firmas en el mismo sentido, ratificando las sentencias de 2015 que ya habían sido convalidadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Ese es el primer mensaje.

El otro, es más evidente aún: el kirchnerismo tiene muchos frentes abiertos en los tribunales, con decenas de graves causas por corrupción contra sus ex -y algunos actuales- funcionarios. La mejor ayuda que los jueces pudieron brindarles a todos ellos en los últimos años fue retrasar sus decisiones. Si sólo dejaran de hacerlo, podrían llegar más malas noticias.

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