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El oficialismo está partido, pero unido. No se trata de una contradicción en término. Nunca como en estas últimas semanas quedó en claro, por declaraciones y acciones de los principales funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, que la unidad que los distintos sectores del peronismo gobernante lograron componer para ganar las elecciones presidenciales del 2019 se terminaron cuando empezaron a gestionar el poder.
El presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández no se hablan, o dejan trascender que no lo hacen. Piensan distinto en casi todas las cuestiones relevantes de un país en crisis tras la pandemia y por problemas viejos y nuevos de la administración pública nacional. Sobran los ejemplos de este singular escenario. El Presidente acaba de ponerse él mismo frente de las insistencias para que la vice acepte tratar el pliego del juez Daniel Rafecas como posible nuevo Procurador General de la Nación.
Desde el aislamiento sanitario que debe cumplir encerrado en la Quinta de Olivos debido a que uno de sus principales asesores, Gustavo Beliz, se contagió de covid, declaró en una entrevista con Radio con Vos que ratifica a su candidato Rafecas para el cargo de jefes de los fiscales: “Rafecas sigue siendo mi candidato, lo conozco hace muchos años y es de una integridad absoluta”, dijo.
Fernández (Cristina) “congeló” el tratamiento que debe tener esa postulación en el Senado. Prefiere modificar los reglamentos que rigen el funcionamiento de la Procuración General y avanza en ese sentido. La vice, a través de voceros como el diputado Leopoldo Moreau, descalificó a ministros nacionales que pidieron por la rápida promoción del postulante presidencial a la Procuración. Ahora lo pide el propio Presidente. La vice resiste. Así como si fuera una dirigente opositora y no una de las del oficialismo.
El jueves por la noche, Fernández (Cristina) decidió retrasar la sanción de la Ley del Presupuesto Nacional porque argumentó que había llegado con fallas desde la media sanción en Diputados. Faltaron incorporar planillas con el listado de obra pública que se proyectan construir en todo el país. La formalidad podría haberse subsanado de otro modo. Es la primera vez en cuatro gestiones presidenciales K que se alarga en el tiempo la aprobación de una ley semejante como la del Presupuesto, porque faltaban enumerar items que todos los legisladores conocían porque se podían ver en el sistema informático del Congreso.
Los “K” buscan ahora una perfección en el cumplimiento de las reglas del Congreso que antes solían pasar por alto. Volvieron mejores. Ocurre que justo se pone en práctica este nuevo ejercicio en la obra pública: un ex ministro K ocupado de esa área gubernamental, Julio De Vido; un ex secretario de Estado también dedicado a la obra pública, José López, y hasta el socio constructor de la actual titular del Senado están presos por corrupción en causas vinculadas a desmanejos justamente con la obra pública.
Que un bloque de senadores del PJ frene la votación de una ley semejante por un detalle como el contado es una novedad extraordinaria. Como si fuera poco, el resto del Presupuesto que sí se aprobó fue criticado por el senador nacional que es vocero inequívoco de Fernández (Cristina), el neuquino Oscar Parrilli: “Dista mucho de ser federal”, se quejó aunque votó a favor de esa inequidad, y remarcó que el distrito más favorecido en detrimento de otras provincias es la Ciudad de Buenos Aires.
Para evitar malos entendidos, Parrilli aclaró que esta terrible inequidad que se plasma en el Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández respecto a la mala distribución fondos públicos “no es imputable, obviamente, al presidente Alberto Fernández”. ¿Qué es lo que pasa en el Frente de Todos?
Cada uno de los sectores que lo integran puja por espacios de poder en diferentes niveles de Gobierno, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las gobernaciones y en las intendencias.
Si Presidente y vice no se hablan es difícil calmar las internas de los dirigentes de menor rango. También por sorpresa, y ni bien se conoció que el Presupuesto debe volver a votarse en Diputados para corregirlo, el jefe del bloque de los diputados K, Máximo Kirchner, convocó a una sesión especial para tratar su proyecto de Ley conocido como “impuesto a la riqueza”.
¿No sabían en la Casa Rosada de esta intención del hijo de la titular del Senado? ¿Podría ese nuevo impuesto haberse incluido en el Presupuesto? No será un tributo permanente, prometen en el “cristinismo”. Justo se convoca a votarlo cuando desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía se había vuelto a dialogar con el empresariado que Fernández (Cristina) criticó en su carta en la que también criticó a funcionarios del Gabinete que, según ella, funcionan mal.
Sale Bielsa, entra Ferraresi.
¿Era necesario ese análisis lapidario sobre el equipo del Presidente? Esta semana acaba de renunciar una de las funcionarias que ella quería fuera del Gobierno. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Desde el entorno de Fernández (Cristina) se la criticaba por la supuesta falta de rapidez en la gestión, la escasa construcción de viviendas sociales, entre otros vectores que parecieran ser imperdonables para una funcionaria encargada de solucionar el déficit habitacional en la Argentina.
Fernández (Alberto) parece haber coincidido con ese diagnóstico. Le pidió la renuncia a una ministra que jamás fue acusada de un acto de corrupción, aunque sí de ineficacia. La reemplazará el intendente de Avellaneda ahora en uso de Jorge Ferraresi, afín a Fernández (Cristina). Su secretario de Vivienda y Hábitat es otro intendente bonaerense pero afín a Fernández (Alberto), el hasta ahora jefe comunal de Navarro, Santiago Maggioti.
Igual que con el detalle imperdonable de la falta de anexos de la obra pública en el proyecto de Ley de Presupuesto, en el caso Bielsa el “cristinismo” da muestra de haber aprendido de sus errores del pasado. A Bielsa se le exigía una eficacia y una transparencia en el área más cuestionada, como se dijo, en las tres presidencias de los Kirchner.
La construcción de obras públicas y en particular la de viviendas sociales. La elección de Ferraresi, sin embargo, acerca a su nuevo cargo con los viejos funcionarios hoy procesados o presos encargados en el pasado de la obra pública. Ferraresi fue uno de los favoritos de José López durante su gestión de la Secretaría de Obras Públicas.
Ferraresi además visitó a De Vido en su lugar de detención y hasta discutió en declaraciones públicas con el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando dijo que esos exfuncionarios eran “presos políticos”. El Presidente no coincide con esa definición. No defiende como su flamante incorporación al Gabinete ni a López ni a De Vido.
Asoma otra división de aguas: el proyecto de Aborto legal.
Otro choque de opiniones importantes en el Frente de Todos se dio cuando se anunció desde la Casa Rosada que se enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto. Es un tema trascendental para parte de la sociedad. “El proyecto de despenalización no promueve el aborto”, explicó la funcionaria más influyente del Gobierno, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
La primera resistencia que se explicitó desde el Congreso contra este nuevo proyecto legislativo fue del propio oficialismo. Y nada más ni nada menos que del jefe del bloque de los senadores K, José Mayans: “Es un proyecto absolutamente inoportuno”.
Otro desencuentro. La Casa Rosada está ahora recibiendo críticas de sectores del oficialismo porque se recortó la ayuda social que recibían 9 millones de personas: el llamado Ingreso Federal de Emergencia (IFE). En el Frente de Todos también cayó mal a referentes de Derechos Humanos la defensa que hizo el Presidente del desalojo de tierras tomadas en Guernica.
También se discute en el “cristinismo” lo poco que se elevó el salario mínimo vital y móvil. El debate sobre cómo encontrarle una solución al problema de la economía y el dólar y sus múltiples cotizaciones y su cepo también es otro punto de discordia en el oficialismo.
Vacuna rusa, ¿obligatoria u opcional?
Hace pocas semanas, el Presidente fue muy cuestionado por sus aliados frentistas por cómo votó la Argentina en la ONU denunciando la falta Derechos Humanos que aqueja a la Venezuela de Nicolás Maduro. Hay muchos items más que se discuten en público entre funcionarios y dirigentes del Frente de Todos: la vacunación anunciada primero como obligatoria contra el covid y luego rectificada como opcional y solo para la provincia de Buenos Aires utilizando millones de vacunas producidas por Rusia.
También hubo declaraciones cruzadas respecto a los presos liberados que salieron de las cárceles en medio de la pandemia. Y más aun se confronta dentro del poder político si se debe llamar a un verdadero diálogo de consenso con la oposición y otros sectores y actores de la vida pública.
Incluso no está resuelto entre la dirigencia y el funcionariado K si deberían o no suspenderse las elecciones primarias del año próximo. Hay una coincidencia, sí, entre los referentes del Frente de Todos. Criterio y consenso: el espacio político que llegó al poder en el 2019 debe ganar las elecciones legislativas del 2021 y las presidenciales del 2023. La lucha por el poder unifica lo que el poder ha dividido.
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