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En la causa que investiga una asociación ilícita con maniobras defraudatorias contra el club Independiente, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid envió a juicio oral a Pablo «Bebote» Álvarez como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado entre otros.

El vicepresidente del club, Pablo Moyano, está acusado de haber dirigido la asociación ilícita junto a Álvarez, pero como fue indagado posteriormente no está incorporado en este primer tramo de la causa que ya la magistrada elevó a juicio oral. Según pudo saber Clarín, el ex líder de la barra brava que declaró en contra de Hugo y Pablo Moyano, solicitará un juicio abreviado, representado por su abogado Alejandro Pérez.

La acusación por la que esta primera parte del expediente fue elevada a juicio sostiene que «desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente», señala el requerimiento de elevación a juicio.

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El requerimiento de elevación a juicio del fiscal Sebastián Scalera y en el que se basó la jueza Madrid, determinó que este grupo de personas lideradas por Bebote Álvarez -quien según su confesión como arrepentido a su vez respondía órdenes de Pablo Moyano- se «reunían habitualmente con motivos de encuentros futbolísticos en donde interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, además de sus sedes sociales y lugares en donde se disputan los encuentros, como así también en los sitios en los que el equipo de primera división de Independiente concentra previo a los partidos y en los lugares de entrenamiento».

La acusación incluye maniobras defraudatorias contra Independiente «mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, “protocolos” de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club”.

De la elevación a juicio se desprende que existía en el marco de la organización un sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia (Moyano, Nakis, Maldonado) y la barrabrava. Es decir que la dirigencia del club funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de la venta irregular de entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos y otros mecanismos. A cambio, los dirigentes contaban eventualmente con los “servicios de la barra”.

Todos los involucrados en la maniobra fueron acusados por el fiscal Scalera como partícipes de «una organización criminal» que incluía a «directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes del Club».

En la resolución donde se dio por clausurada la instrucción, a la que accedió Clarín, la jueza Madrid señaló que no son los únicos elementos de la causa, la acusaciones vertidas por Bebote Álvarez, sino que el ex barra «ha dado una detallada explicación acerca del funcionamiento de la asociación ilícita investigada, brindando, incluso, elementos probatorios que confirmarían sus dichos, todo lo cual me hace tener por acreditado, con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere, el hecho de asociación ilícita endilgado por el Fiscal a los imputados de autos».

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Según entendió la magistrada, hubo una «organización permanente, estable y duradera en el tiempo, con un mínimo de tres personas, destinada a cometer delitos como fin único y excluyente«, y que los elementos que se recolectaron hasta el momento, «conforman un plexo probatorio sustancial que me permite tener en esta instancia por justificado el hecho de asociación ilícita».

Resumiendo, señaló la jueza Madrid, «considero que de las constancias reunidas se desprende que el grupo reúne todos y cada uno de los caracteres exigidos por la figura en tratamiento. Así, se ha hecho visible no sólo la preparación de diversos hechos delictivos sino que se han constado la ocurrencia de delitos particulares, todos los cuales responden a una lógica de criminalidad organizada».

Esta primera parte no incluye a Pablo y a Hugo Moyano, ya que el fiscal Scalera realizó un desdoblamiento de la causa en relación a Moyano (a quien los otros acusados llamaban «Salvaje»), Ayelén Petrov (hija del Polaco) y Carlos Zambrana («Carlín» del barrio Pepsi). Todos ellos fueron indagados con posterioridad a los primeros procesamientos, lo que explica el retraso de su definición en el expediente.



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