El abogado de Amado Boudou denunció ante la ONU el espionaje ilegal en cárceles durante la gestión macrista

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Alejandro Rúa, abogado del exvicepresidente Amado Boudou, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el espionaje ilegal en cárceles durante la gestión macrista.

El abogado de Boudou presentó un escrito ante el Relator por la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García Sayán, en el que amplió una denuncia previa por la “escucha ilegal” de conversaciones del exvicepresidente y otros detenidos con sus abogados, la “instalación de cámaras y micrófonos ocultos” en la cárcel de Ezeiza, así como fichas y archivos encontrados en los celulares de los exagentes Mercedes Funes y Juan Carlos Silveira con datos de Boudou, Rúa y Graciana Peñafort, entre otros.

«El grupo de tareas que desplegó el espionaje llevaba una planilla con sus prioridades registradas con los colores de un semáforo y la identificación de cada preso al que espiaban y quién dentro del grupo de tareas era su ‘responsable'», sostuvo Rúa en su escrito. 

El abogado reclamó que se remita esa información a la Relatoría de la ONU, se destruyan esos registros y se respalde a nivel internacional la investigación por espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Contenido del documento PDF encontrado en el celular de  Juan Carlos Silveira titulado "Abogados Rúa y Peñafort".

Contenido del documento PDF encontrado en el celular de Juan Carlos Silveira titulado «Abogados Rúa y Peñafort».

Tal como informó Clarín, el juez Augé citó a indagatoria a 25 imputados por espionaje ilegal en cárceles durante la gestión macrista, del 20 de noviembre al 14 de diciembre próximos, entre los que están los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), encabezada por Emiliano Blanco.

Todos ellos, según los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción» a la Ley de Inteligencia N°25.520, respecto de Boudou, Lázaro Báez, Milagro Sala, Leonardo Fariña, César Milani, Cristóbal López, Carlos Zannini y Julio De Vido, entre otros, «mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal».

Mensajes y fotos intercambiados entre Mercedes Funes y otros agentes de la AFI, durante la cobertura del acto partidario de Amado Boudou en Plaza San Martín, en diciembre de 2018.

Mensajes y fotos intercambiados entre Mercedes Funes y otros agentes de la AFI, durante la cobertura del acto partidario de Amado Boudou en Plaza San Martín, en diciembre de 2018.

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», añadieron los fiscales, en su pedido de indagatoria a 25 personas, en este tramo de la megacausa de espionaje ilegal, que se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Augé.

De hecho, los fiscales mencionaron que en el teléfono celular de Juan Carlos Silveira «se hallaron conversaciones entre este y Matías Gregorio Fernández, en las que el primero comparte un documento en formato PDF titulado abogados Rúa y Peñafort, junto a un mensaje previo en el que se indica que se trata de un ‘dossier’ con datos de abogados».

Los fiscales plantearon que, en el caso de Boudou, «el objetivo de inteligencia ilegal trascendió su situación de privación de libertad. Con una participación protagónica de (las exagentes de la AFI) Mercedes Funes y Aya Tenorio, a Boudou se le practicó espionaje también durante su libertad. Así se advierte de la inteligencia practicada sobre un acto en Plaza San Martín en diciembre de 2018″, aseguraron los fiscales Incardona y Eyherabide

El exvicepresidente estuvo alojado en la cárcel de Ezeiza, luego recuperó su libertad y después volvió a prisión, hasta que en abril pasado le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria, donde cumple una condena a cinco años y diez meses de prisión por «cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública», en el marco de la causa Ciccone. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal e incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

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