Es un buen (o mal) ejemplo de las demoras en la Argentina para investigar las causas de corrupción. El tribunal que había sido designado para llevar adelante el juicio oral por Skanska, el primer caso grande de corrupción que involucró al kirchnerismo -arrancó a fines de 2004- rechazó hacerse caso del proceso y pidió que se unifique con la causa de los Cuadernos de las Coimas. Como su requerimiento se hizo casi sobre la feria judicial, que dura todo enero, la resolución quedaría para bien entrado el año próximo. Ya pasaron más 14 años de las maniobras.

Julio De Vido, José López y otros 29 imputados habían sido enviados a juicio recién este año por el caso Skanska, acusados de los delitos de «administración fraudulenta y cohecho». La empresa sueca habría pagado sobornos para garantizarse la construcción de dos gasoductos y se habrían utilizado facturas truchas para esconder la maniobra. En su momento, el entonces presidente Néstor Kirchner había intentado despegarse del escándalo asegurando que se trataba de un delito «entre privados».

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Para llevar adelante el juicio se había elegido al Tribunal Oral Federal 4. Pero éste se acaba de declarar «incompetente» y consideró que el expediente debe ser tratado por el TOF 7, que tiene a su cargo el tema Cuadernos. Consideraron que las maniobras están relacionadas.

El juez que investigó el caso y lo elevó a juicio oral, Sebastián Casanello, procesó a De Vido como presunto coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de cohecho pasivo (recibir sobornos) por más des 13 millones de pesos en total. El ex ministro goza de prisión domiciliaria y con una condena por la Tragedia de Once. Además, se encuentra procesado en las causas de los Cuadernos, importación de buques con gas natural líquido y desvíos de fondos destinados a la mina de Río Turbio, entre otra media docena de procesamientos.

La lista de los imputados que deberán comparecer en la instancia oral incluye al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación Néstor Ulloa y a ex directivos de la empresa. Se investigaron en esta causa a 23 firmas que intervinieron en la confección de facturas truchas a través de las que se simulaban pagos ilegales. Los directivos de estas compañías sólo fueron procesados por el delito de cohecho como coautores.

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Pero los tiempos del juicio volvieron a quedar en una nebulosa este lunes, cuando los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini, consideraron que Skanska tuvo la misma «matriz de corrupción que se investiga» en los Cuadernos de las Coimas. Por ello, se declararon incompetentes y pidieron acumular ese presunto hecho de corrupción a la investigación a cargo del TOF 7 donde se procesó a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban los empresarios contratistas del Estado. De Vido está involucrado como organizador de dichas maniobras.

El caso Skanska empezó a investigarse como un desprendimiento de un expediente de evasión impositiva que tenía el juez en lo penal económico Javier López Biscayart en 2005. Cuando pasó al fuero federal, la causa fue cerrada en un trámite polémico por una decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, bajo presiones de los K. Pese a que había un audio en el que directivos de Skanska decían que le habían pagado un soborno «al pingüino de acá a la vuelta». El fiscal Carlos Stornelli apeló y en 2015 la Corte ordenó reabrir la causa y anular sobreseimientos.

Reabierta la causa, el juez Casanello y el fiscal Stornelli​ investigaron la hipótesis de que Skanska habrían pagado sobornos a los funcionarios públicos. «Dádivas ilegítimas, justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas» que fueron compradas a la empresa Infinity Group SA, «con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur», según se dictaminó.

Las obras sospechadas

​La causa investiga el Proyecto de Ampliación de Gas 2005 de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), y una serie de obras complementarias, todo financiado por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos.

La diferencia entre los precios presupuestados y lo pagado por todas las obras del Proyecto, se estima en 185 millones de pesos.

Según sostuvo​ Stornelli en su pedido de elevación a juicio, De Vido «entre noviembre de 2004 y abril de 2006 recibió dinero, en su carácter de titular del Ministerio de Planificación por parte de directivos del grupo económico Skanska«. A cambio de ello, y como contraprestación, se indicó que el ex ministro «intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio» de la expansión de los gasoductos, «mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska S.A, pese a la existencia de desvíos presupuestarios».

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En esa línea «se corroboró que percibió pagos instrumentados por Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, quienes extrajeron $ 13.949.829,87 de la la filial argentina de la multinacional sueca».

Ese dinero fue destinado «al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo; entre los que se encontraban, al menos, Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Néstor Alberto Ulloa«.



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