Presiones y amenazas a testigos que declaran en la causa Vialidad, el primer juicio oral contra Cristina

En la República Argentina de la pandemia, el confinamiento y las múltiples crisis se desarrolla un juicio oral y público histórico. El Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de la Capital Federal (TOF 2) está juzgando a la vicepresidenta de la Nación en funciones, entre otros doce imputados, en un caso de posible corrupción con el negocio de la obra pública. Jamás pasó en democracia.

Cristina Fernández está acusada de liderar una asociación ilícita que usó todo el poder del Estado para beneficiar con contratos y pagos irregulares por un monto aproximado de de 46 mil millones de pesos a su socio comercial, el súbito constructor Lázaro Báez.

Según pudo comprobar Clarín, ese juicio avanza con situaciones irregulares. Inquietantes. Buena parte de los testigos que declararon y que complicaron la situación procesal de Fernández sufrieron en el propio juicio presiones y objeciones repetitivas y en tono amenazante realizadas por varios de los abogados defensores de la vicepresidenta, de Báez, y de otros imputados, como el ex coordinador de la obra pública nacional, Carlos Kirchner, primo hermano del ex presidente Néstor Kirchner.

Incluso una de las principales testigos y querellantes en la causa, la abogada Silvina Martínez, quien trabajó en este expediente en su etapa de instrucción junto a la ex diputada Margarita Stolbizer, presentó un escrito de modo formal ante el TOF 2 en el que denunció que tras presentarse como testigo en el juicio conocido como «Obra Pública» sufrió «intimidaciones y amedrentamientos» de parte de «Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi».

Ocurre que fue denunciada por el abogado vicepresidencial en otra causa, que investiga posible espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Martínez negó la acusación que buscó involucrarla en una historia de espías con prosa irónica, pero marcando la severidad de lo ocurrido. Y describió en un párrafo lo que vivieron antes y después otros testigos durante las audiencias del juicio de Obra Pública: «Todos en el Tribunal fueron testigos de las presiones y la falta de respeto sufrida el día que preste declaración testimonial. A tal punto que el propio fiscal tuvo que llamar la atención por esto último. Pero creo que los últimos acontecimientos exceden el marco habitual de cualquier proceso«.

En la última audiencia del juicio oral contra la vicepresidenta, otro testigo llamado Carlos Costilla, ex accionista de una empresa de construcción llamada Kank y Costilla, comprada por el creciente emporio de Báez, también fue interrumpido y presionado de modo constante por los abogados defensores de los imputados K. La declaración de Costilla se interrumpió de modo constante. Como ocurrió con Martínez y otros testigos más, el fiscal del juicio oral, Diego Luciani, llamó la atención por lo sucedido.

Terminada la audiencia, varios de los abogados de las defensas buscaron justificar su accionar. Los propios jueces del TOF 2 debieron entonces comunicar, en un hecho inédito, «a la totalidad de las partes» que los planteos realizados por esos defensores no se condecían con los argumentos esgrimidos en sus explicaciones. Los magistrados agregaron también otro resumen de lo que está ocurriendo en el juicio oral contra la vicepresidenta. Dijeron que los insistentes planteos de los abogados K conformaron un escenario que «evidencia que las numerosas objeciones a preguntas se habían transformado en el velado ejercicio de una estrategia que impedía, por un lado, interrogar al Ministerio Público Fiscal, y por otro, deponer libremente al testigo«.

La advertencia de los jueces demuestra el clima que se vive en cada audiencia: «Por esa razón, ya habiendo resuelto el Tribunal el planteo sustanciado, posteriormente por Presidencia se optó por no permitir a las defensas ahondar sobre tal cuestión, a fin de no incurrir en aquello que se buscaba evitar, esto es cualquier condicionamiento al testigo, dejando siempre abierta la posibilidad de hacer uso de la palabra tras la declaración del mismo y debiendo recordar que el otorgamiento del uso de la misma resulta resorte de quien detenta la dirección del debate, sea cual fuere la modalidad de la audiencia en curso, esto es, una audiencia remota o presencial».

Los jueces del TOF son Andrés Basso, Jorge Gorini, y Rodrigo Jiménez Uriburu. La jueza sustituta es Adriana Pallioti y, como ya se dijo, el fiscal es Diego Luciani. Entre los acusadores se encuentran la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vicepresidenta Cristina Fernández, y el grupo de abogados del resto de los acusados, intentaron dilatar el inicio de este juicio presentado alrededor de cien nulidades y planteos, un número exorbitante para una causa ya elevada a juicio oral. Todos esas argucias legales fueron efectivas, en un sentido: se rechazaron absolutamente todas en varias instancias.

La propia vicepresidenta criticó varias veces en público a los jueces y al fiscal, y también a quienes investigaron el caso en su etapa de instrucción, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y el juez Julián Ercolini.

Fernández intentó incluso dilatar el comienzo del proceso pidiéndole a la Corte Suprema, a través de su abogado, Beraldi, que tome todo el expediente justo para analizar uno de sus objeciones. El máximo tribunal sacó copias de las miles de fojas y el juicio finalmente pudo iniciarse.

Una vez llegada la pandemia, las defensas K volvieron a intentar frenar el desarrollo del proceso y por insistencia del fiscal Luciani las audiencias se retomaron a través de un sistema remoto.

Cristina Fernández declaró muy enojada en el banquillo de los acusados. Gritó. Era vicepresidente electa pero aun no había asumido.

Su exposición fue tal vez el primer indicio de lo que hoy parece ser una estrategia concreta que unió, tal vez por razones que no tengan que ver con el Derecho ni con el azar, a buena parte de los abogados de los acusados. Más que defensas particulares de cada uno de ellos, sus defensores dan señales de actuar en bloque.

Hasta ahora, los testigos que fueron citados por las partes acusadoras validaron la tesis de posibles desmanejos en el otorgamiento de obra pública en favor de las empresas de Báez, que incumplió con plazos, costos y objetivos a los contratos para construir infraestructura con fondos estatales en la provincia de Santa Cruz. Quien aportó un informe relevante sobre el tema fue el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. El mismo día en que el que renunció a su cargo de juez federal, Rodolfo Canicoba Corral lo procesó en otra causa por supuestos desmanejos en las concesiones de peajes durante la gestión Macri. ¿Otro azar judicial?

El testigo Costilla, que intentó ser interrumpido de modo constante por las defensas K, declaró que la empresa constructora que fue de su padre fue vendida al grupo de Báez. Y relató que su papá, antes de morir, le reveló que quería desprenderse de esa compañía porque se había cansado de «pasar sobres» a funcionarios que no identificó.

Su hermana, Miriam, había declarado en la causa y contó que una vez que la empresa familiar pasó a manos de Báez, los cobros del Estado que antes tardaban alrededor de 270 días en depositarse en las cuentas de las compañías, tomaron una velocidad fantástica y ese promedio bajó a 30 días o 60 días. El socio de la entonces Presidenta ya estaba al mando de la constructora.

Los testigos que intentaron ser interrumpidos por los abogados K fueron varios. A algunos de ellos, según las fuentes consultadas, se les advertía que con sus declaraciones podrían caer en contradicciones y se les alertaba con la posibilidad de juicios por falsos testimonios, entre otras presiones.

Finalmente el fiscal Luciani y los jueces decidieron frenar, este último martes, cuando declaró el testigo Costilla, lo que los magistrados describieron como «una estrategia».

Hacia el final del testimonio de la doctora Martínez, y luego de que se vivieron acusaciones cruzadas contra la declarante de parte de las defensas K, el fiscal Luciani tomó la palabra y pidió «perdón» por lo que llamó fue un «exabrupto» de su parte, agregando que «que no puedo permitir que se le falte el respeto a nadie en esta sala».

En su denuncia ante el TOF 2, formalizada en junio pasado, la doctora Martínez explicó que se veía en la obligación de informar a los jueces lo que ella estaba sufriendo, no solo por vivido en forma personal: «El objeto de esta presentación es dejar constancia de lo ocurrido y así poder evitar que otros testigos sufran consecuencias por su testimonio. De mas esta decir que no están dadas las condiciones para que el Estado Nacional me brinde protección. Solo espero que quienes se animen a denunciar hechos de corrupción o cumplan con su obligación legal de prestar testimonio no terminen siendo perseguidos, acosados y amenazadas por los procesados de esta causa, colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia o poniendo en peligro su fuente laboral».

Mientras otros temas acaparan la agenda de la coyuntura, un juicio oral y público histórico se desarrolla con acontecimientos extraordinarios. «A mi me absolvió la historia», se molestó la vicepresidenta cuando declaró en el juicio.

No pasó.