El gobierno trabaja en la implementación del reintegro para el consumo de alimentos de los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilaciones mínimas. Va a funcionar para las compras con tarjeta de débito y tendrá un tope mensual de 700 pesos por tarjeta. En cambio, 2020 va a arrancar con la reposición de la alícuota para alimentos que el gobierno de Mauricio Macri rebajó a cero en agosto pasado, luego de las PASO. La retracción de esa medida va a implicar un aumento de la presión inflacionaria en enero, que la Secretaría de Comercio busca morigerar a partir de un acuerdo de precios con proveedores y del relanzamiento de Precios Cuidados, con una canasta más concentrada en bienes de consumo básico, con mayor presencia de “primeras marcas” y más promoción oficial.

“El proyecto habilita a que se otorgue una suma fija que estará focalizada en aquellas personas que perciben ingresos más bajos y son las más afectados por la crisis. Queremos garantizar que esta medida beneficie a la demanda pero también a la oferta”, dijo Mercedes Marcó del Pont durante su exposición de la semana pasada ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La ley se sancionó y ahora el Ejecutivo trabaja en la reglamentación, que saldrá en los próximos días. De todas maneras, la implementación de la medida va a demorar, admiten en despachos oficiales, porque la idea es que el posnet esté presente en la mayor cantidad de comercios posibles, incluyendo almacenes de barrio y autoservicios en donde hay fuerte concentración del consumo de los sectores populares. “Para que el mecanismo sea exitoso y no se concentre en grandes comercios debe existir un gran trabajo de formalización”, agregó Marcó del Pont.

El gobierno trabaja en un mecanismo de reintegro para las compras de alimentos de los sectores más vulnerables, titulares de AUH y jubilados y jubiladas con la mínima. Se trata de un universo de potenciales beneficiarios que asciende a las cinco millones de personas. Para las compras de alimentos que esos sectores realicen con tarjeta de débito, se estima que el 15 por ciento del importe que se paga va a ser devuelto, con un tope de 700 pesos mensuales. Si en el hogar hay, por ejemplo, dos beneficiarios de AUH jubilado con la mínima, el beneficio sería de 1400 pesos. La medida alcanzaría a todo tipo de alimentos. Ese 15 por ciento vincula al peso del IVA en alimentos (ya que algunos tributan el 21 por ciento y otros el 10,5 por ciento).

Uno de los renglones de la herencia que recibe la actual administración de parte del gobierno anterior es la rebaja a cero en la alícuota del IVA en una serie de alimentos como aceites, arroz, azúcar, conservas, harina, huevos, leche, pan, pastas secas, yerba y yogur. Esa medida se tomó luego de la brutal devaluación del lunes posterior a las PASO, como forma de evitar una nueva disparada inflacionaria, que igualmente ocurrió, aunque algo contenida en esos artículos. La rebaja del IVA tiene como último día de vigencia el martes que viene, inclusive.

“La medida fue útil para la gente que necesita acceder a lo básico. Tuvo peso relativo importante en las ventas y la situación hubiera sido más complicada si no estaba. Pero fue a destiempo, como otras medidas también lo fueron”, considera Osvaldo del Río, director de la consultora de consumo masivo Scentia. Por su parte, Claudio Boada, de la entidad Unión de Usuarios y Consumidores, “posiblemente haya servido para achicar el traslado de la devaluación a precios, pero semejante sacrificio fiscal no se notó en baja de precios a los consumidores, alguien de la cadena se quedó con el porcentaje de descuento”. Alberto Guida, titular de la Cámara de Autoservicios Mayoristas, consideró que «fue un paliativo sobre los aumentos de precios de ese momento, con ciertos errores en su implementacion, dado que no necesariamente llegó a todos, favoreció a ricos y pobres por igual y las consecuencias del crédito fiscal sin libre aplicación significó una pérdida económica relevante para muchos comercios y distribuidores mayoristas».

Adicionalmente, la rebaja del IVA generó un fuerte cimbronazo político, porque el IVA es un impuesto coparticipable, de modo que Macri firmó un decreto para aplicar recursos fiscales que no manejaba. De hecho, posteriormente la Corte Suprema de Justicia estableció que la reducción del IVA no puede impactar sobre fondos provinciales y que el costo fiscal debía ser absorbido enteramente por Nación. Según la consultora EcoGo, el costo fiscal de la medida se estima en 5 mil millones de pesos mensuales. El cambio de esquema, dado por la reposición del IVA y reintegro para sectores más vulnerables, está en línea con otras medidas del gobierno que enfocan la prioridad sobre la franja de más bajos ingresos y exigen más esfuerzo sobre los sectores medios bajos, medios y altos.

Se espera que la reposición del IVA genere una nueva presión inflacionaria para enero. Para morigerar ese impacto, la Secretaría de Comercio viene negociando con los proveedores de alimentos. «Quieren saber qué pasó con los precios, que les mostremos porque hubo subas tan altas», dicen en la industria y en los supermercados. En paralelo a ese trabajo sobre los precios, de resultado incierto todavía, está el relanzamiento de Precios Cuidados, previsto para los primeros días de enero. La idea es que la nueva canasta sea más representativa del comercio masivo, con más presencia de «primeras marcas», más señalética, control y publicidad oficial.

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