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El titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Ríos, de Entre Ríos, citó a declaración indagatoria al ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en el marco de una causa por estafa que se abrió en 2011 a partir de la denuncia presentada por su hermana Dolores Carmen Etchevehere. Este diario hizo un seguimiento pormenorizado de la evolución de esa causa desde su inicio. La información sobre el llamado a indagatoria fue adelantada en el portal de noticias Entre Ríos Ahora, que logró tener acceso a los últimos movimientos de la causa.

El magistrado también citó a indagatoria a la madre del exministro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y a los otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Luis Miguel Etchevehere fue citado para el 18 de noviembre, a las 10; sus hermanos Arturo Sebastián, para el 19; Juan Diego, para el 24; y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, para el 26 de noviembre “bajo apercibimiento de ley”, según la disposición del juez Ríos a la que accedió Entre Ríos Ahora.

También fue citado el empresario santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual, que tuvo parte de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario. Grenón ingresó a El Diario en 2010, cuando los hermanos Ivar y Arturo Roosvelt Etchevehere venden su parte, un año después de la muerte de Luis Félix Etchevehere, último director del matutino con apellido Etchevehere. Grenón está citado a indagatoria para el próximo 2 de diciembre, también a las 10. 

Desde 2011 hasta ahora los Etchevehere nunca fueron indagados, aún cuando el Ministerio Público Fiscal había impulsado esa declaración. La causa estuvo primero en manos de la jueza Susana María Paola Firpo, después de Pablo Zoff, y ahora de Carlos Ríos.

La carátula fue por estafa, aunque a la causa después se agregó un ítem peculiarísimo: el de vaciamiento de la empresa editora de El Diario a partir de una investigación que hizo hasta 2018 el entonces fiscal y hoy juez de juicio Alejandro Joel Cánepa.

Un dictamen que firmaron en 2018 los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra resume el andamiaje de la estafa que denunció Dolores Etchevehere y los resultados de la pesquisa de Cánepa sobre el vaciamiento de El Diario.

«Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco.

La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda.

Ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido».

Contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, vaciarla.

“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.

“Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades».

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