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La jueza federal María Servini desestimó la denuncia contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, del portal de noticias El Destape, que fueron acusados por diputados de Juntos por el Cambio de revelar secretos de Estado, en la causa por la filtración de 3.850 Resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
«Resuelvo desestimar la denuncia», «por inexistencia de delito», sostuvo la jueza Servini, en el fallo que se conoció este viernes. Y remitió al dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que la acusación «restringe severamente el derecho de la libertad de expresión que le corresponde a los medios de comunicación», ya que «aplicar la categoría de delito podría afectar gravemente la divulgación de información».
Hace dos semanas Clarín anticipó que los diputados macristas Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enriquez y Alvaro de Lamadrid denunciaron a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al juez federal Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, por revelar “secretos de Estado” que comprometen la seguridad nacional, al filtrar 3.850 Resoluciones de la AFI.
Los legisladores le pedían a la Justicia que, más allá de investigar “quienes fueron los autores materiales de la filtración, corresponde analizar la responsabilidad” de los tres periodistas de El Destape “por otorgar difusión pública a datos a los que accedieron en función de su profesión y cuyo secreto tenían obligación de guardar».
Sin embargo, el fiscal Taiano y la jueza Servini desestimaron «la denuncia», por «inexistencia de delito». Pese a ello, sigue la investigación por la filtración de datos de la AFI, donde están acusados la interventora Caamaño, el juez Augé y los fiscales Incardona y Eyherabide por «revelación de secretos políticos y militares», que establece penas de hasta seis años de prisión para los que revelen secretos concernientes a la seguridad nacional.
Es que la interventora Cristina Caamaño generó la mayor filtración de datos de la inteligencia argentina en democracia, al enviar 272 páginas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la gestión macrista al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde los fiscales le dieron acceso informático a más de 80 abogados de las querellas y los acusados de la causa por espionaje político ilegal.
La información que envió Caamaño y disponibilizaron los fiscales incluía seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, sin consulta con esos países. También la estructura orgánica de la AFI, con el nombre y la identificación de cada uno de los mandos jerárquicos de los últimos años, así como los nombres de más de 2.000 espías y ex agentes, de los cuales 181 figuraban incluso con su número de DNI.
El diputado Enriquez sostuvo que no pretendían denunciar a los periodistas. «En el escrito sí se reclama que se analice la trama que llevó a la revelación de información sensible y privada, por lo que se mencionaba a los periodistas con el fin de desligarlos de responsabilidad en este hecho que es de una gravedad inusitada. En todo caso, ellos sólo fueron los mensajeros y lo que se pretende esclarecer es cómo y por qué Caamaño filtró esa información”, dijo Enríquez a Clarín.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) habían rechazado el pedido de investigación judicial contra los periodistas de El Destape y reclamaron que no se criminalice la actividad periodística.
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