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La ruta de las coimas de Odebrecht en Argentina, una deuda pendiente de la Justicia

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La causa AYSA es solo una de media docena de procesos judiciales que rodean a los negocios de Odebrecht en Argentina y también la segunda que llega a juicio oral y público después del expediente Gasoductos. En ambos se acusa a los directivos de la multinacional brasileña, sus socios locales y a De Vido y otros ex funcionarios K de direccionamiento de licitaciones, pagos de adelantos indebidos y otras irregularidades en la adjudicación de las obras multimillonarias. Pero aún no se pudo avanzar en la parte más oscura de estos negocios: los arrepentidos de Odebrecht afirmaron que habían pagado en total unos 100 millones de dólares en coimas en Argentina ante la justicia de Brasil en el caso Lava Jato. En la mayoría de los otros países de América Latina, este costado avanzó mucho más rápido.

La gran esperanza para llegar a esa supuesta ruta de sobornos es el acuerdo que logró el fiscal federal Franco Picardi con fiscales brasileños –homologado por la Cámara Federal porteña- para obtener las confesiones de los arrepentidos brasileños en la tercera causa clave: el soterramiento del tren Sarmiento. Este fue el primer acuerdo de este tipo para que lleguen algunas de esas confesiones en que ex gerentes de Odebrecht admitieron haber pagado coimas a ex funcionarios K por 100 millones de dólares por las obras del soterramiento, Aysa y ampliación de gasoductos, entre otros proyectos. Ante la Justicia de EE.UU., Odebrecht confesó haber pagado solo 35 millones de dólares pero entregó una serie de cuentas bancarias para rastrear ese dinero que las tiene reservadas, por ahora, la Justicia norteamericana para su propia investigación.

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Aunque Casanello y otros jueces argentinos vieron, hace dos años en Washington, algunos indicios que tiene EE.UU. con un compromiso de confidencialidad. Por ejemplo, solo uno de los arrepentidos brasileño, Mauricio Courí Ribeiro, dijo que se habría reunido con un ex gerente de IECSA para tratar el presunto pago de US$20 millones en coimas por el contrato del soterramiento del Sarmiento. Se trata de un pedido de la justicia argentina a la Procuraduría del Estado de Paraná del Ministerio Público Fiscal Federal de la República Federativa de Brasil para que remita pruebas del escándalo conocido como Lava Jato, sobre todo las «delaciones premiadas» vinculadas al supuesto pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento.

El acuerdo establece que «la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 5, al recibir los documentos enviados por la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) de la Procuradoría General de la República de Brasil, asume el compromiso de emplear informaciones y pruebas obtenidas únicamente en la presente investigación».

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En la ruta de este dinero negro se tiene probado en los tribunales argentinos que los ex abogados uruguayos de Jorge “Corcho” Rodríguez comparten una cuenta en Uruguay con el ex director de Infraestructura de la sucursal de Odebrecht en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho que podría ayudar a reconstruir parte de esos giros. Esta cuenta se suma a la ya conocida a nombre de la empresa uruguaya Sabrimol que movió 11 millones de dólares en coimas entre el 2012 y el 2014, según una denuncia la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alfonso.

Casanello elevó ayer el caso AYSA a juicio oral, mientras el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 tiene desde el año pasado el juicio del caso conocido como «gasoductos», en el que se investiga, entre otros, De Vido y otros ex funcionarios, por «negociaciones incompatibles con la función pública». El tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu recibió esa causa de manos del juez federal Daniel Rafecas.

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Esta búsqueda del dinero negro estaba impulsada también por la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la AFIP hasta diciembre de 2019, ahora se verá si tras el cambio de Gobierno mantienen el mismo compromiso para separar la paja del trigo de aquellos ex funcionarios que recibieron coimas y aquellos que cometieron delitos menores o solo una firma dentro de una estructura delictiva mayor.

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