Este miércoles, el gobierno nacional anunció la emisión de un decreto que suprime la regulación estatal en la determinación de aumentos en servicios estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta medida, establecida durante la gestión de Alberto Fernández, ha sido sistemáticamente ignorada.
Los servicios de TIC, que anteriormente fueron considerados esenciales, ya no estarán sujetos al «atraso» tarifario experimentado por otros servicios públicos. Esta decisión contradice la designación inicial durante los primeros tiempos de la pandemia por coronavirus en 2020, cuando fueron declarados como esenciales mediante un decreto presidencial.
Además, se ha modificado la Ley Argentina Digital N° 27.078, aprobada en 2014, como parte de esta reforma. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 302 de este año revoca la facultad del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para regular los precios de estos servicios. Específicamente, se ha eliminado el artículo que permitía la regulación de tarifas por parte de la Autoridad de Aplicación.
Aunque la normativa previa permitía la regulación de precios, en la práctica las empresas proveedoras de servicios de Internet, telefonía celular y televisión por cable han aumentado sus tarifas por encima de los límites establecidos, en parte debido a fallos judiciales y la impunidad empresarial.
La justificación dada por el gobierno para esta medida es «liberar el mercado y permitir el desarrollo libre de dichos servicios», según lo expresado en el comunicado oficial publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación sobre el impacto que tendrá en los usuarios y en la calidad y accesibilidad de los servicios de TIC en el país.
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