En una acción contundente contra presuntos actos de violencia institucional, el fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, José Mana, ha emitido órdenes de detención para ocho individuos, entre ellos, un ex director del módulo MD1 de la cárcel ubicada en Bouwer, seis guardiacárceles, y un médico del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Los cargos presentados contra ellos se basan en su supuesta participación o encubrimiento en actos de tortura y la subsiguiente muerte del detenido César Darío Moreno (50), quien había sido arrestado por una falta menor en septiembre de 2023 y no tenía antecedentes penales.
La acción judicial se llevó a cabo con la colaboración del Departamento Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba, que realizó diez allanamientos en diferentes ubicaciones de la ciudad de Córdoba y en el Establecimiento Penitenciario N° 1 (Cárcel de Bouwer), resultando en las detenciones.
Durante los allanamientos, se incautaron elementos personales, y se espera que un oficial penitenciario se entregue voluntariamente en las próximas horas para ser interrogado en la sede de la Fiscalía.
La investigación liderada por Mana se centra en la trágica muerte ocurrida entre el 16 y el 18 de septiembre en la cárcel de Bouwer, donde Moreno falleció mientras estaba bajo custodia y sujeto a medidas de sujeción mecánicas en una camilla del servicio médico, tras presuntamente haber sido golpeado y luego inmovilizado por personal penitenciario durante más de 48 horas sin recibir atención médica adecuada.
En los últimos meses, la fiscalía ha recopilado pruebas sustanciales, incluyendo grabaciones, documentos, testimonios, y análisis forenses, que apuntan a la participación de los imputados en el incidente.
Además, se han realizado allanamientos adicionales y análisis interdisciplinarios por parte de autoridades competentes, siguiendo protocolos internacionales para la investigación de actos de tortura y muertes en contextos de encierro.
Los ocho detenidos, todos pertenecientes al Servicio Penitenciario de Córdoba, enfrentan cargos por el delito de «Tortura seguida de muerte», que conlleva una pena de prisión perpetua. La investigación sigue en curso, y no se descartan más detenciones a medida que se desarrollen nuevas pruebas e investigaciones.
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