“No hay margen, intención ni tampoco nada que muestre que el Gobierno vaya a ir por todo, contra el Poder Judicial”. La reflexión se hace eco en el Palacio de Tribunales, en particular en el cuarto piso donde residen de los miembros de la Corte Suprema.

Hace poco más de una semana, Alberto Fernández asumía ante el Congreso y en su discurso denunciaba “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias”, “una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”. Y hasta planteó un “nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”. Como corolario, dijo que enviaría “una reforma del sistema federal de justicia”.

Cena de la Asociación de Magistrados. La integrante de la Corte Suprema Elena Highton y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Foto: Constanza Niscovolos

Cena de la Asociación de Magistrados. La integrante de la Corte Suprema Elena Highton y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Foto: Constanza Niscovolos

Para algunos, la exposición pareció un viaje en el tiempo a marzo de 2015, cuando Cristina Kirchner denunció al “Partido Judicial”, supuestamente conducido por quien era el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Pero para los cinco miembros de la Corte la percepción es otra. Predican moderación y serenidad. “Nos parece que ellos están más preocupados por las causas que involucran a Cristina”, aseguran cerca de los ministros.

Sí admiten alguna intención del ala dura oficialista de “revertir” lo que Cristina considera una “persecución política” en su contra, pero que judicialmente figura como hechos de corrupción en distintas causas que involucran a la ex mandataria como los cuadernos de las coimas, Hotesur y Los Sauces, entre otras.

“La estrategia va a ser mas sofisticada, más jurídica que de hecho. No van a copar los tribunales ni ir a una pelea contra el Poder Judicial”, analiza una fuente judicial. Con esa misma lógica, tampoco cree que haya “un choque frontal” del Ejecutivo con el Judicial, como el que hubo con la reforma que Cristina promovió en 2013 para “democratizar la Justicia”, que incluía, ente otros aspectos, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

En el tribunal observan que los cristinistas van a intentar mejorar la situación de la ex mandataria a través de una vía legal, quizás a partir del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, si es que termina manejando la Oficina Anticorrupción, en manos del integrante de Justicia Legítima Felipe Crous, y la Unidad de Información Financiera, a cargo de Carlos Cruz.

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Según una fuente de la Corte, las tres principales espadas que tiene el Tribunal, su titular, Carlos Rosenkrantz, y dos miembros muy activos como Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, valoran el vínculo con la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Además, todos admiten que el Presidente tiene lazos con muchos jueces y con varios miembros de la Corte.

Para la amplia mayoría de los supremos fue clave el diálogo que mantuvieron durante unos 40 minutos con la ministra Losardo, en su visita al Palacio de Justicia, por dos cuestiones: aseguró que no quieren ampliar la Corte y que no van a reformar la Constitucional nacional.

La semana pasada, hubo rumores acerca de un pronunciamiento de los presidentes de cámaras federales de todo el país, en el Chaco, para responder a las críticas vertidas por Alberto en su discurso en el Congreso. Sin embargo, desde la Corte, trascendió que hubo alguna intencionalidad de “alborotar el avispero” pero que entre Rosenkrantz y Highton de Nolasco se ocuparon de bloquear cualquier reacción anticipada, cuando desde el Gobierno no hay nada en concreto.

Hay coincidencias en que el accionar del oficialismo puede tener como objetivo exigir “algunas cabezas”. Toman relevancia los nombres de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani, Martín Irurzun, Julián Ercolini y Claudio Bonadio. A quienes el propio Fernández había señalado que algún día “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. En el entorno del Tribunal, afirman que con ese criterio, podría sumarse el fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los cuadernos de las coimas y que acaba de ser procesado por el juez Alejo Ramos Padilla. Otro dato: Stornelli estaría en condiciones de iniciar su jubilación a partir del 1 de febrero del 2020.

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“Con diez días en el gobierno, Alberto Fernández dijo lo que venía diciendo en la campaña. El objetivo serán cinco o seis jueces, no más. Hay mil jueces, si le toca a algunos de Comodoro Py, nadie va a decir nada”, admite con crudeza un funcionario judicial.

Mientras, la presidencia de Rosenkrantz, con mandato hasta el 2021, no correría peligro. Como graficó un allegado de un ministro. La Corte venía sacando un promedio de 12 mil fallos por año; en 2019 serán 25 mil. Hay más litigiosidad pese a que a nivel imagen es uno de los peores momentos del Poder Judicial.



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