En el Gobierno minimizaron las recomendaciones de la comisión de juristas para modificar el ministerio público fiscal

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En Olivos y en la Casa Rosada primó el silencio. Si el sábado altas fuentes del Ejecutivo afirmaban que el informe de la comisión de juristas que asesora al Presidente no se referiría a la ley de ministerio público, este miércoles -cuando ya había trascendido que la mayoría de la comisión recomendaba reducir la mayoría de dos tercios del Senado para nombrar al nuevo procurador- insistían en que Alberto Fernández todavía no había recibido el informe del grupo de 11 juristas que lo asesora y que integra Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En la presidencia del Senado y en el Instituto Patria, en cambio, tenían una idea más acabada de lo que representaba la opinión de los expertos. “Queda claro que no era un capricho o una afrenta contra nadie que el sistema judicial y político coincidiesen en realizar cambios”, explicaron laderos de la ex presidenta. Un senador kirchnerista, que sigue con detenimiento la discusión, celebró la opinión de los especialistas. «Está bastante en línea con lo está en la Comisión de Justicia parece», dijo. 

En el corazón del Gobierno, sin embargo, aprovecharon para minimizar el alcance de las opiniones de la comisión de juristas y enfatizaron que la opinión entre los expertos también está dividida. “Sus opiniones no solo no son vinculantes para nada, sino que la recomendación fue de 6 de los 11 juristas”, afirmó una de las espadas judiciales del Presidente.

La discusión no es menor. El único candidato de la Rosada para convertirse en el jefe de los fiscales sigue siendo Daniel Rafecas, que declaró a La Nación que no aceptará el cargo si se modifica el requisito de los dos tercios; una iniciativa empujada por el cristinismo en la Cámara Alta y que hizo propia el rionegrino Alberto Weretilneck, que presentó un proyecto que indicaría que alcanzaría con mayoría absoluta (37 de los 72 senadores). En el Gobierno habían deslizado que el magistrado aceptaría en cualquier caso hacerse cargo de la procuración, siempre y cuando haya consenso para su designación. 

Ahora, en el Ejecutivo sí están a dispuestos a rediscutir la duración en el cargo; otro de los pilares de los proyectos -que también presentó la oposición- para modificar la ley orgánica del ministerio público fiscal. “Se puede nombrar a Rafecas con los dos tercios y modificar la duración del cargo”, destacaron.

En la Rosada no descartan cambiar la mayoría necesaria para nombrar al procurador, pero preferirían discutirlo una vez que el actual juez federal de Comodoro Py se convierta en procurador. No sería tan difícil. Exponen la paradoja que representa que para nombrar al procurador se necesitan hoy dos tercios de los votos del Senado, pero para modificar la ley de ministerio público alcanza con una mayoría simple. Sobre los cambios introducidos en el proyecto de Weretilneck para remover fiscales -sin necesidad de juicio político-, en cambio, guardaron silencio. 

En Olivos aseguraban que Fernández no había recibido aún las recomendaciones de los juristas. Andrés Gil Domínguez confirmó a la agencia NA que el mandatario había recibido una copia. “Ya le presentamos el informe al Presidente, se lo enviamos ayer (por el martes)”, sostuvo. Fuentes de la comisión de expertos insistían en que habían girado el informe al Consejo de la Magistratura, como marca el procedimiento formal, y otra al jefe de Estado.

En Olivos y en Casa de Gobierno negaban esa versión. “El Presidente no recibió nada”, dijeron. El propio mandatario lo explicitó en una entrevista con C5N.

Desde la comisión de juristas hicieron saber que pidieron a la Casa Rosada una audiencia con el Presidente para explicar el alcance de las sugerencias, pero hasta el momento no hay ningún encuentro confirmado.  

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