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Brasil ocupa el segundo lugar en el ranking de muertes (en términos absolutos) por Covid-19. El último informe del relator de Naciones Unidas, Baskut Tuncak, es muy crítico con el gobierno de Jair Bolsonaro. En un tramo del documento, el relator advierte que han usado “la justificación económica para no imponer la contención, sacrificando efectivamente las vidas de sus ciudadanos, en particular de las comunidades de bajos ingresos, las minorías, los trabajadores y personas de avanzada edad”. El ex capitán del Ejército fue denunciado por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional y acumula varios pedidos de impeachment en el Parlamento.
Sin embargo, el índice de aprobación alcanzó el nivel más alto (37 por ciento) desde el inicio del mandato, según la última encuesta de Datafolha. Por otro lado, la tasa de rechazo a Bolsonaro cayó del 52 a 35 por ciento en el postergado nordeste brasileño. El dato no es menor porque se trata de una región proclive a votar al Partido de los Trabajadores (PT).
Haciendo un poco de historia, el comportamiento electoral de los diferentes estados brasileños no registró diferencias significativas hasta 2002. Ese año, Lula se impuso por primera vez en la elección presidencial. A partir de 2006, el Nordeste se convirtió en un bastión electoral del PT como consecuencia del positivo impacto regional de las políticas gubernamentales petistas: incremento del salario mínimo, Programa Bolsa Familia, Plan “Luz para todos”. Por el contrario, la oposición se hizo fuerte en el centro-sur del país.
¿Cuál es la razón del crecimiento de la popularidad de Bolsonaro en el nordeste brasileño? La mayoría de los analistas coincide en apuntar al masivo programa de asistencia social implementado para afrontar la pandemia.
El proyecto oficial inicial era entregar una asignación de 200 reales mensuales para los trabajadores informales. Los legisladores propusieron elevar el monto a 500 reales. Finalmente, el gobierno estableció un subsidio mensual de 600 reales (alrededor de 110 dólares). El programa, que comenzó en abril, cubre a 66,4 millones de personas.
El pasado 1° de septiembre, Bolsonaro anunció que: 1) la ayuda se extendería hasta fin de año y 2) el monto del subsidio se recortaría a 300 reales.
El Gobierno tuvo que incumplir la ley de “techo” al gasto público, aprobada durante el mandato de Michel Temer, para oficializar ese beneficio. En diciembre de 2016, el Senado aprobó una enmienda constitucional que congela el gasto público real por veinte años. En concreto, la regla fiscal vigente restringe el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año previo.
Lo cierto es que el ultraliberal ministro de Economía Paulo Guedes mira con recelo la inobservancia de la norma. En el newsletter de Cenital, Juan Elman explica que “el dilema es que continuar con el programa no es compatible con la agenda liberal que el Gobierno había fijado y que representa Guedes, uno de los últimos embajadores de la elite económica brasileña que todavía orbitan en el gabinete. Pero los resultados del auxilio están a la vista, al igual que la cosecha de Bolsonaro, que en dos años enfrenta una reelección con pocos logros para mostrar”.
Mientras tanto, los conservadores medios de comunicación brasileños denuncian alarmandos el “populismo” bolsonarista. Por caso, la revista Istoe publicó un foto de Bolsonaro acompañada del título “Quiero ser Lula”. En esa línea, un editorial del tradicional diario Estadão destaca que el secretario de Hacienda, Mansueto Almeida, dijo que mantener ese beneficio en forma permanente es “fiscalmente imposible”. Será una sorpresa si, después de todo, la preocupación por la sostenibilidad fiscal a largo plazo prevalece sobre el interés más electoral”. La crisis enseña que «populistas somos todos».
* Director Regional de AFIP Santa Fe.
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