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El oficialismo en Diputados busca la renuncia del jefe de los fiscales federales

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La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, manejada por el kirchnerismo, anunció que convocará a una audiencia a organizaciones civiles que solicitaron que se le inicie juicio político al actual Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, en una nueva medida de presión sobre la Justicia.

En realidad, la oposición cree que se lanzó “una maniobra de desgaste” para que Casal renuncie por cuenta propia y así «tratar de poner al tercero en la línea de la procuración, Víctor Abramovich», un abogado experto en derechos humanos que cuenta con el apoyo del presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Aunque en el medio está la procuradora Laura Monti, quien también debería renunciar para que asuma el tercero en la línea sucesoria.

El presidente de la Comisión, el senador k Martín Doñate, llamará a un grupo de ONGS cercanas a los K que sostienen que Casal, habría “incumplido con sus deberes de funcionario público y cometido abuso de poder”, pese a que los legisladores de la oposición votaron en contra.

Casal se encuentra en ese cargo de manera provisoria desde diciembre de 2017 cuando la entonces jefa de los fiscales y fundadora de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, renunció tras ser procesada por una supuesta compra irregular de un inmueble. Casal, un funcionario de carrera, ocupa el cargo hasta que el Senado de la Nación elija un nuevo titular. El gobierno mandó el pliego al Senado del juez federal Daniel Rafecas para ocupar ese puesto estratégico pero luego de los peleas de Cristina con senadores de Juntos por el Cambio quedó lejos de conseguir, por ahora, los dos tercios de la cámara alta para su nominación.

La diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, dijo a Clarín que “Cristina Fernandez vuelve sobre sus pasos. En el año 2012, usó a Amado Boudou para el trabajo sucio, acusando al entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, de tráfico de influencias en el caso Ciccone y obligándolo a renunciar”. “Ahora “volviendo sobre sus peores pasos, vuelve a embestir contra el actual Procurador doctor Casal. Esta vez el trabajo sucio lo harán organizaciones «convocadas» y legisladores anuentes. El propósito antes, era la impunidad de socios como Boudou. Ahora, es la propia y familiar”, agregó la asesora de Lilita Carrió.

En esta táctica, la senadora Ana Almirón (Corrientes) pidió a Casal un informe sobre los nombramientos de fiscales en vacantes clave, informó La Nación.  Mientras tanto, la diputada Vanesa Siley requirió que Casal informe la nómina de fiscales sometidos a procesos disciplinarios. Es dice, los diputados de la oposición para acusarlo de haber, por lo menos, “demorado” una sanción administrativa contra el fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio en el marco del Operativo Puf.

Desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo ya implementó más de diez jugadas sobre la Justicia con la intención de mejorar la situación procesal de Cristina u otros de sus ex más de cien funcionarios procesados en causas de corrupción, la mayoría tomadas durante la cuarentena por el coronavirus.

Las más importantes fueron:

– El kirchnerismo abre un debate en torno a los “presos políticos” versus “prisiones preventivas arbitrarias”: todos los ex funcionarios K con prisión preventiva quedaron afuera menos Báez, Jaime y Schiavi, entre otros, basándose en la teoría del lawfare.

– Cristina reclamó a la Corte que actúe por un editorial del periodista Carlos Pagni que decía que se habría negociado la detención del ex secretario de Transporte K por medio a una crítica en el diario La Nación.

– El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla pide a la Justicia la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime.

– El Gobierno logra la sanción de una polémica ley jubilatoria de los jueces que ya llevó a más de 60 magistrados a retirarse y planea una reforma judicial.

– El Gobierno retiró unos 200 pliegos de jueces y fiscales que Macri había mandado al Senado, luego de su aprobación en la Magistratura.

– El juez del tribunal oral Daniel Obligado excarcela a Amado Boudou, pese a que estaba cumpliendo una condena a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.

– Cristina pide a la Corte que avale las sesiones virtuales del Senado y su asesora Graciana Peñafort advierte que será “por la razón o la sangre”. La presión es sobre todo contra el presidente Carlos Rosenkrantz.

– La Oficina Anticorrupción se retira como querellante del juicio oral por Hotesur y Los Sauces.

– Carlos Zannini, procurador general del Tesoro, pide la nulidad del juicio oral por el encubrimiento de Irán en la causa AMIA.

– El senador y ex titular de la AFI Oscar Parrilli pide el juicio político del fiscal Carlos Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann por la causa de los cuadernos de las coimas.

– El senado votó quitarle la oficina de escuchas telefónicas a la Corte.

– El fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari hace suspender una indagatoria sobre el abogado de Moyano, Daniel Llermanos.

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