El nuevo punto de conflicto con los bonistas | La d…

La negociación por la reestructuración de la deuda entre el Gobierno y los bonistas se encuentra en un tramo decisivo. Se deben definir los detalles finales del contrato por lo que existe un tire y afloje de ambas partes para conseguir las mejores cláusulas posibles. Esta semana se levantaron los acuerdos de confidencialidad y el fondo de gestión de cartera Blackrock mostró que es uno de los inversores más duros para terminar de hacer el apretón de manos.

Este fondo presentó un comunicado en el que asegura que hizo una propuesta sustentable para la economía argentina. “Nuestra última y mejorada propuesta ofrece un amplio espacio fiscal para que el país implemente políticas responsables para abordar los desafíos económicos y sociales inmediatos, incluso en respuesta a la crisis covid-19, al tiempo que preserva el valor para los tenedores de bonos internacionales”, indicó.

Agregaron que “los nuevos bonos emitidos bajo nuestra nueva propuesta tienen vencimientos extendidos en comparación con el stock de deuda existente, con un vencimiento promedio de 12,7 años y sin pagos de amortización hasta el segundo semestre de 2025″.

Plantearon que el Gobierno debería aceptar estas condiciones debido a que la contrapropuesta presentada es “sostenible y sensata”. En números duros se menciona que genera un alivio del 38 mil millones de dólares de flujo de efectivo durante un período de 9 años y se ofrece un recorte promedio de los cupones del 42 por ciento. Pero buena parte de la discusión ahora no es solo por los valores de recupero de la deuda sino por el detalle fino de los contratos.

El principal problema es que existe un pedido de los bonistas para tener condiciones contractuales similares a las del canje de 2005. Esto expone a la Argentina a futuros problemas de deuda y marca un retroceso respecto de los nuevos marcos de reestructuración que fueron tratados en Naciones Unidas en los últimos años.

Desde Blackrock intentaron algunos fuegos de artificio para presionar. “Dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de acreedores que servimos en todo el mundo”, mencionó en el comunicado. Entre los operadores de la city no creen que implique más que un mensaje para anclar expectativas.

El Fondo Monetario Internacional se metió en la disputa final de la reestructuración este jueves y buscó acelerar las negociaciones. “Esperamos que todas las partes involucradas continúen comprometidas y sigan negociando con miras a llegar a un acuerdo», dijo el vocero de la entidad, Gerry Rice en una conferencia de prensa.

Mencionó que “las negociaciones entre las autoridades argentinas y sus acreedores son un asunto de la Argentina y esos tenedores de bonos”, agregó Rice. “Por supuesto, estamos siguiendo los desarrollos muy de cerca”. A su vez, el vocero del Fondo ratificó que el gobierno argentino no hizo ninguna solicitud para suscribir un nuevo programa con el FMI, ni ningún tipo de desembolso del programa vigente.

El tema de la deuda argentina fue uno de los principales ejes de la conferencia de prensa que brindó de manera virtual Rice, luego de que durante la víspera se informara oficialmente que las negociaciones entre las partes hasta el momento no prosperaron. Desde el organismo internacional se muestra a favor de cerrar la oferta del canje con un recupero del 50 por ciento y marcan ese umbral como el límite de la sustentabilidad.

Este miércoles el Palacio de Hacienda dio a conocer la nueva propuesta que presentó la Argentina a los acreedores, que no fue oficializada ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés). También se conocieron las ofertas de los acreedores, tras vencer los acuerdos de confidencialidad rubricados entre las partes.

En un comunicado oficial el Ministerio de Economía aseguró que los Inversores «respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI».