El Gobierno envía la ley de la Procuración a sesiones extraordinarias, pero el pliego de Daniel Rafecas sigue complicado

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Después de la media sanción del proyecto para modificar la ley orgánica del ministerio Público Fiscal en el Senado, el Gobierno empuja sin demasiado apuro su aprobación en Diputados en las sesiones extraordinarias que convocaría en los próximos días. “Está en la cola para la tercera semana de diciembre”, confirmaron a Clarín algunas de las principales espadas legislativas del oficialismo.

La estrategia de la Casa Rosada acumula críticas en las dos cámaras del Congreso. “No saben qué quieren”, afirman piezas clave del Frente de Todos en Diputados.

En el Ejecutivo insisten en que el proyecto -que modifica la duración en el cargo del jefe de los fiscales, la mayoría necesaria para votar su pliego y los mecanismos de remoción- no alteran la elección de Daniel Rafecas como el único candidato del presidente Alberto Fernández para uno de los puestos más sensibles del Poder Judicial. El juez federal de Comodoro Py ya hizo público que no aceptará el cargo si se modifica el requisito de dos tercios de los senadores presentes necesarios según la ley vigente.

Desde hace semanas, varios ministros reinterpretan las palabras de Rafecas ante las consultas de periodistas. Argumentan que, si se aprueba la nueva ley, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N 3 estaría dispuesto a asumir siempre y cuando exista un consenso amplio entre el oficialismo y la oposición. El magistrado guarda desde entonces un silencio absoluto.

El martes en la Casa Rosada circulaba el rumor de que Rafecas podría volver a encontrarse con el Presidente. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se comunicó en las últimas semanas con él.

En los principales despachos de Balcarce 50 no imaginan una sesión sencilla en Diputados. “El proyecto recoge mucho de iniciativas de la oposición (de otro tiempo), pero habrá que dar la discusión en la Cámara”, sostienen en alusión a las iniciativas de Martín Lousteau y Lucila Crexell, que acotaban el mandato del procurador pero no modificaban la mayoría.

En el Ejecutivo desdramatizan la posibilidad de una derrota en la Cámara baja que obligue al kirchnerismo -principal promotor de la modificación de la ley, cuya autoría en rigor es del rionegrino Alberto Weretilneck– a aceptar que se vote el demorado pliego de Rafecas con los dos tercios de la ley vigente en el Senado.  Imaginan que sumarían los votos necesarios de la oposición. “Si la oposición dice lo mismo en la tele que en el Senado, deberían acompañar”, afirman.

La pelea abierta entre el Gobierno y Horacio Rodríguez Larreta no facilita las cosas. El jefe de Gobierno porteño rechaza el proyecto de ley y, aunque admite que Rafecas reúne los requisitos para ocupar un cargo sensible, tampoco empujará su nominación.

“Es un tema que tiene que definir el Gobierno, otra contradicción más”, dicen en el entorno del referente del PRO. En la Coalición Cívica y en la UCR preocupa -más que la modificación de las mayorías- los métodos para remover al procurador y a los fiscales. Señalan que el real interés de la vicepresidenta es sacar al procurador interino Eduardo Casal y sustituirlo por otro afín.

Juntos por el Cambio votará en contra la ley en Diputados. En la principal fuerza opositora señalan que el oficialismo no tiene aún los votos para convertir el proyecto de Weretilneck en ley. Sin embargo, admiten que no están tan lejos.

Sergio Massa todavía no leyó el proyecto votado en el Senado. Tampoco se ha pronunciado en público. En la bancada oficialista de Diputados critican la estrategia de la Rosada con argumentos parecidos a los que utilizan en el Senado. Afirman que el Gobierno no colabora lo suficiente para aprobar leyes. Ni siquiera cuando se trata de proyectos que envía el Presidente. “El único que nos ayuda en los poroteos a veces es Wado (de Pedro). Después, nadie más”, señalan.

En la sede del Ejecutivo sostienen que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, define con Máximo Kirchner y Massa el temario de extraordinarias, que incluirá -además de los proyectos de Ministerio Público; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; y de aborto legal, que se discutiría el 10 diciembre- proyectos vinculados a la reactivación productiva.

En la Cámara alta destacan que no alcanzan los votos para llegar a los dos tercios y se quejan de la escasa gestión del Gobierno para aprobar proyectos de interés presidencial, como la interrupción voluntaria del embarazo.

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