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Tras más de cinco años, el Presidente de la Nación volverá a tener un avión para cubrir sus viajes internacionales y de larga distancia. El Gobierno hizo una evaluación del estado de la flota presidencial y, ante la crisis económica, finalmente se decidió a reparar el histórico Tango 01 que adquirió Carlos Menem y que Mauricio Macri había dejado en desuso. Pero, si bien la decisión política ya está tomada, un litigio internacional que afronta el Estado argentino desde la gestión anterior complica los planes para avanzar con la licitación.

Se trata, según confirmaron desde el Gobierno, un litigio con la firma «Kestrel Aviation Management» que demandó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una empresa que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, por supuesto incumplimiento de un contrato por el leasing de dos Bombardier Challenger 601-3A que iban a estar destinados a misiones de búsqueda, rescate y verificación de radio-ayudas.

El asunto es que el reclamo, por 5.310.000 dólares, congeló el vínculo con la OACI, la agencia dependiente de las Naciones Unidas que regula la aviación civil mundial y que es garante de transparencia en los procesos de licitación en materia aeronáutica.

A través de ese organismo, por caso, el gobierno de Macri había convocado a una licitación para comprar el nuevo avión presidencial, que finalmente no prosperó porque la compra de un Boeing Business Jets, la aeronave que había elegido, superaba los 40 millones de dólares.

En esa línea, las actuales autoridades decidieron continuar con el vínculo con la OACI pero ya no para retomar la compra del avión sino para convocar a una licitación que garantice la reparación para que el Tango 01 vuelva a volar. Pero se encontraron con una traba legal que lo impide: hasta que no esté resuelto el litigio, el director de Logística, Leonardo Barone, que reporta al secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, no puede avanzar con un nuevo concurso.

Cerca de Alberto F. aseguran que la decisión política de reparar la histórica nave, cuyo último viaje data de noviembre de 2015 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, «ya está tomada»: «Queremos arreglar el Tango 01 y volver a usarlo», confirmó a Clarín un estrecho colaborador de Fernández que integró la comitiva que viajó a Bolivia.

El argumento que dan en el Gobierno es concreto. Por un lado, advierten que la pandemia y el cierre de los vuelos comerciales expusieron todavía más la necesidad de que el jefe de Estado cuente con la posibilidad de volar cuando lo requiera con un avión de la flota oficial.

Incluso, recuerdan que, cuando asumió Fernández, tuvo que alquilar una aeronave para cubrir un vuelo interno porque, según denunciaron, los dos aviones de cabotaje (el Tango 04 y el T-10) necesitaban mantenimiento y no estaban aptos para operar.

Pero también apuntan por el gasto que hizo el Estado entre 2016 y 2019 por los vuelos privados de Macri al exterior y al interior del país. Según estimaciones oficiales, la cifra supera los 5 millones de dólares, sin contar el gasto en vuelos aerocomerciales para el jefe de Estado y el resto de la comitiva que lo acompañaba. 

A esto le suman el costo que implicó el mantenimiento del T-01 desde que fue enviado a la base de El Palomar. Fuentes de la Secretaría General de Presidencia sostienen que en promedio se invierten más de 20 mil dólares de mantenimiento para evitar que se estropeen los motores y las partes del avión, que está semi desarmado.

Además, un ala del avión se rompió cuando fue prestado a una productora para la grabación de una película.

Ahora, para que vuelva a volar, deben intervenir técnicos internacionales, ya que a pesar de que la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) realiza la reparación de otras aeronaves de la flota presidencial, en el caso del T-01 se requieren certificaciones y la habilitación internacional de Boeing.

En agosto, en un pedido de acceso a la información realizado por el sitio Border, el Gobierno había estimado que «para que el Tango recupere su condición de aeronavegable, demandaría una erogación aproximada de entre 10 y 15 millones de dólares». Una cifra menor en relación a lo que el Gobierno anterior había calculado que costaría su reparación (entre 21 y 25 millones de dólares) y la mitad de lo que tenía pensado invertir en la compra de una aeronave usada.

La duda, sin embargo, giraba en torno a la antigüedad de la aeronave: el T-01 es un Boeing 757-200 del año 1992 que, cuando pasó a retiro, tenía más de 11 mil horas de vuelo. Por este motivo, el macrismo copió el anuncio que dos décadas atrás había hecho Fernando de la Rúa y lo puso a la venta, por un precio base de 3,5 millones de dólares. La falta de ofertas hizo que se evaluara, incluso, subastarlo como chatarra, pero no prosperó. Ahora, una vez que sea reparado, el avión volverá a trasladar a un Presidente. 

El conflicto en la OACI

​La Argentina tiene inmovilizados US$5.310.000 que depositó en la cuenta de la OACI para avanzar con el cumplimiento del contrato 22501862 que la EANA celebró el 29 de mayo de 2018 con la firma «Kestrel Aviation Management» por el leasing de dos Bombardier Challenger 601-3A que iban a estar destinados a misiones de búsqueda, rescate y verificación de radio ayudas.

Sin embargo, las anteriores autoridades de EANA decidieron romper ese contrato. Adujeron, ante la consulta de Clarín, que «el proveedor llevó adelante una serie de incumplimientos que dieron lugar a la rescisión del contrato» y que «quiso incl​uso ceder el contrato a pocos días de ganarlo». «No presentó las garantías del cumplimiento y no había comprado ó alquilado los aviones con los que debía prestar el servicio», fue el argumento.

Con todo, los aviones nunca llegaron al país y el dinero, congelado en la cuenta de la OACI, tampoco fueron girados a la empresa.

Sin embargo, Kestrel consideró que el incumplimiento fue por parte de Argentina y el 18 de marzo de 2019 la EANA fue notificada del inicio de un procedimiento arbitral en concepto de facturas impagas, daños y perjuicios. La OACI, que como garante del contrato no giró los fondos a pedido de la anterior gestión, terminó afectada en la demanda por el incumplimiento, lo que tensó la relación.

Mientras mantienen una firme postura con la empresa demandante, a la que acusan de obrar con «mala fe» y «abuso de derecho», según consta en el informe técnico de lo actuado por los asesores legales de EANA; las actuales autoridades intentan acercar posiciones con la OACI.

Por eso, el 4 de septiembre se organizó una reunión vía zoom con la secretaria general del organismo, Fang Liu. Como gesto de la importancia que le dan al vínculo, participaron funcionarios de primera línea de todas las áreas involucradas: el ministro de Transporte, Mario Meoni; la actual presidenta de EANA, Gabriela Logatto; la titular de la ANaC, Paola Tamburelli; el embajador ante la OACI, Gustavo Anchill, y el jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Chaves. 

Allí, los funcionarios consideraron que para Argentina «es fundamental reestablecer las relaciones internacionales con la OACI después de las malas experiencias que existieron en la gestión de Mauricio Macri» y le pidieron a Liu «seguir adelante con otros proyectos» iniciados desde el resto de las áreas del Estado. Incluida la Secretaría General de Presidencia, a cargo de la flota presidencial. 

Según el mismo informe técnico, la titular del organismo instó a las autoridades argentinas a que se resolviera el conflicto y les advirtió de las consecuencias que podía generar para la Argentina un incumplimiento, en cuanto a las auditorías y las calificaciones que hace el organismo sobre el sistema de aeronavegación civil.

Esto motivó a que los funcionarios se abrieran a ceder en la negociación y buscaran llegar a un acuerdo con Kestrel. La propuesta de la firma fue entregar uno de los dos Challenger 601 que se pedía en la licitación a cambio del pago original, algo que no termina de convencer a EANA porque son aviones cuyo costo operativo es muy alto para la tarea licitada: 5 mil dólares por hora. «Es mucho avión para lo que querían utilizarlo en la anterior gestión», reprochan desde el Ministerio de Transporte.

A cambio, pidieron un «King Air 200/300»,  un modelo que también puede utilizarse para el traslado de corta y media distancia, y tiene un costo operativo menor, de alrededor de US$1.500 por hora. En diciembre podría terminar de destrabarse. 



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