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Los organismos del Estado que durante la gestión de Mauricio Macri​, fueron admitidos como querellantes en diferentes causas de corrupción, pusieron como premisa el recupero de bienes y fondos adquiridos como resultado de diversas operaciones de lavado de dinero, defraudación, malversación, cohecho, entre otros delitos.

Esta política llevó a la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) a impulsar el remate de una gran cantidad de bienes decomisados. Gran parte de ellos, en la causa conocida como los «Cuadernos de las Coimas». Muchas de las subastas online no se concluyeron y será el gobierno de Alberto Fernández quien decida qué hacer con las diversas propiedades y vehículos, muchos de los cuales pertenecieron al ex contador de Cristina Kirchner, a su ex socio comercial Lázaro Báez​, como también al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Casas, estancias, departamentos, embarcaciones, aviones privados, terrenos, locales comerciales. La lista de propiedades decomisadas en casos de corrupción y que quedaron bajo organismos del Estado es variada y cuantiosa. La gestión de Cambiemos no logró avanzar con todos los remates y esta decisión quedará en manos del gobierno del Frente de Todos. En paralelo, la Cámara de Casación ordenó dar marcha atrás a un conjunto de bienes decomisados al entorno de Daniel Muñoz, pero otro conjunto continúa en manos de la ABBE.

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La primera subasta online que el gobierno de Mauricio Macri iba a realizar respecto a un conjunto de propiedades vinculadas a Muñoz, en una causa por lavado de dinero vinculada a los cuadernos de las coimas, fue suspendida. No se concretó antes que dejen la Casa Rosada y por ello, debe ser la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la que decida cómo proceder con estos bienes, como también con dos aviones de Lázaro Báez dispuestos para ser rematados, incluso sobre casas, departamentos y un campo del ex contador de la electa vicepresidenta.

La última fecha fallida fue el 21 de noviembre. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) iba a subastar un conjunto de propiedades vinculadas a la trama de lavado del entorno de Muñoz. Se llamó a subasta pública sobre un departamento de Sergio Todisco, señalado testaferro del ex secretario privado de Néstor Kirchner. Pero al quedar desierta, fuentes oficiales señalaron a Clarín que no se llegará a realizar otro remate antes de que Mauricio Macri deje la Casa Rosada. Su valor de mercado es de 620.000 dólares.

No se realizó y no tuvieron margen para reprogramarla. Esos bienes están bajo la potestad del actual gobierno por orden judicial. Pero parte de los bienes que había decomisado el juez Claudio Bonadio​, quedaron afuera por decisión de la Cámara de Casación Penal.

La lista que no podrá incluirse en los decomisos son: una cabaña en Los Lagos, Rincón de Lynch, Villa la Angostura y otras dos en Lacar, San Martín de Los Andes. También un inmueble en Vicente López, otro en la calle Belgrano al 2200, en el barrio de Monserrat y una casona de lujo en la calle Alberto Williams, propiedad de Daniel Muñoz.

Esta medida fue después, de hacer lugar al reclamo de Carlos Cortéz, uno de los señalados testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner. Y por ello, se dio marcha atrás. Pero otro conjunto de bienes sigue bajo potestad de la ABBE.

La orden de decomiso de Bonadio en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas -que se centra en operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz y su entorno- había llevado al Estado a decidir vender inmuebles ubicados en Miami, Capital Federal, Santa Cruz y otras provincias patagónicas.

Los dueños de esas propiedades fueron el financista Ernesto Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares; Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Sergio Todisco, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

El Gobierno anterior buscó cuantificar el perjuicio generado por maniobras de corrupción. La Unidad de Información Financiera ​(UIF) estimó que solo en materia de lavado de dinero se cautelaron a la fecha bienes por 500.000 millones de pesos, es decir unos 11.000 millones de dólares. En esta misma línea, el gobierno buscaba avanzar en el decomiso de una extensa lista de bienes de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Ricardo Echegaray, entre otros.

Los números son aún más grandes. El gobierno de Macri contabilizó que desde 2016 los embargos ordenados en causas de corrupción donde se investigó a Cristina y ex funcionarios kirchneristas ascienden a 483.115 millones de pesos, un equivalente a 8.524 millones de dólares.

Solo en la causa de los cuadernos de las coimas se cautelaron bienes por unos 20.000 millones de pesos. En ese expediente, el juez Bonadio firmó el decomiso de 38 propiedades y bienes por unos 20 millones de dólares.

La lista incluye casas, departamentos con sus cocheras, una farmacia en Tierra del Fuego, un terreno en Mar de las Pampas, en Neuquén y varios terrenos y propiedades en Santa Cruz. Entre los bienes, hay una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Ernesto Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista puso a disposición del juzgado.

El actual gobierno deberá decidir si todos estos bienes continuarán en manos de la AABE, desde donde se sostuvo que era imperioso avanzar en el remate de los bienes para que no sufran deterioro y pierdan valor, como ocurrió con uno de los aviones de Lázaro Báez, que fue a remate por un valor de 55.800 dólares cuando supo tener un valor de 211.300 dólares.



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