Eduardo Sosa, ex procurador de Santa Cruz: «Si la Corte avaló el traslado de los jueces, quedaría desairada si ahora decide otra cosa»

El procurador desplazado en 1995 se llama Eduardo Sosa y la movida institucional que hizo desaparecer su cargo y dejarlo cesante ocurrió luego que el entonces jefe de los fiscales santacruceños decidiera hurgar en la contratación que Santa Cruz había hecho con un estudio de abogados por fuera de la estructura del Estado para negociar el cobro de una deuda por regalías petroleras que le adeudaba la Nación. Se trataba de los famosos 600 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner envió después al extranjero y cuyo destino jamás quedó del todo aclarado.

Sosa recuerda que su desplazamiento fue impulsado por Cristina Fernández en la Legislatura provincial, que desdobló las funciones que él tenía como procurador, creó dos nuevos cargos, el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces, y lo dejó cesante al no proponerlo para ninguno de ellos. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en cuatro ocasiones para que sea repuesto en su cargo, pero la provincia nunca obedeció. 

Pasaron 25 años desde su remoción, ¿cuál fue la consecuencia institucional de aquella medida?

La consecuencia inmediata fue que me removieron de un cargo que había tenido acuerdo de la Cámara de Diputados. Después, se cometió una ilegalidad del punto de vista constitucional provincial, porque no se respetó la garantía de inamovilidad de un funcionario judicial. Cuando intervino la Corte, que indicó varias que debía ser repuesto en el cargo, su mandato no se cumplió. La consecuencia institucional, entonces también fue que se violaron principios muy importantes de la división de poderes y garantías constitucionales, y lo más grave: no se cumplió lo que la máxima autoridad en materia judicial había ordenado.

El Juez Leopoldo Bruglia, uno de los que el kirhcnerismo quiere desplazar. Fotos Emmanuel Fernández

Ese daño institucional, ¿aún permanece?

Quedó como un antecedente grave. No es que un juez no pueda ser removido, pero esa remoción debe ocurrir por causas graves, y no que se lo borre del mapa por una mera decisión política. Ese camino viola la división de poderes.

¿Qué análisis hace sobre la remoción de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli? Algunos citaron su caso como un antecedente que podría repetirse con ellos.

Habrá que esperar la resolución de la Corte, que en 2018 avaló que estos funcionarios se desempeñen donde estaban cumpliendo sus funciones hasta la semana pasada. Si hay una acordada que lo certificó esos traslados, el máximo tribunal va a quedar un tanto desairado si ahora decide otra cosa. Lo grave es que estamos ante una circunstancia motorizada desde el Senado con una intencionalidad que repercute en causas judiciales en trámite.

En función de su planteo, ¿cuál es el daño institucional de estas remociones?

El daño institucional visible es que se está obstaculizando el normal funcionamiento de la Justicia. Este es uno más de una cadena de hechos que está impidiendo que frente a determinados juicios no se pueda avanzar o no se pueda resolver. Todos tenemos que estar dentro del marco la ley, y si desde las máximas autoridades del país se erosiona el poder de los jueces, eso va a repercutir en la sociedad, porque de qué manera a la sociedad se le va exigir el cumplimiento de las leyes si no se las cumple desde las autoridades del gobierno.

Cristina Kirchner, investigada en varias causas por corrupción en su gobierno, presidió la sesión del Senado que votó el desplazamiento de jueces que la investigaron. Foto Lucia Merle.

¿Ve una intencionalidad política en estas remociones?

Es obvio que está Cristina Kirchner, la medida surge desde el Senado. Es válido que la vicepresidenta pretenda defenderse, es su derecho y obligación, el problema es cuando no se logra separar los hechos personales de los institucionales. Utilizar las herramientas políticas, institucionales para resolver un tema personal no corresponde. No puede desmantelar por su situación procesal el normal ejercicio de las estructuras judiciales.

¿Encuentra similitudes con su caso?

Si estos antecedentes se consolidan, como sucedió en Santa Cruz, lo que va a venir es un mayor deterioro de las reglas de convivencia, porque nadie está o nadie debería estar por encima de la ley. Si los ciudadanos tenemos obligaciones y problemas con la justicia, hay que someterse a ellas. Cuando me desplazaron, yo subrayé que se derramaba hacia la sociedad un ejemplo según el cual «todo vale», donde a algunos se les aplica la ley y a otros no.

¿Cuántas veces la Corte Suprema de Justicia ordenó que usted sea restituido?

Se pronunció en 1998, en 2000, 2001 (en esos períodos el gobernador era Néstor Kirchner) y también en  2009 y 2010. El último fallo fue categórico, ordenándole al entonces gobernador Daniel Peralta que debía reponerme. El señaló que no podía reponerme en un cargo que ya no existía y derivó el planteo al Congreso, donde se evaluó si se iba a intervenir la provincia o no. Al final, no ocurrió nada. Después se mandó a la justicia provincial una causa contra Peralta por desobediencia, en la que fue condenado. Pero lo cierto es que no pasó nada pese a la intervención de la Corte.

¿Desistió de su reclamo?

No renuncié a mi caso, pero cuando vi que la Corte se pronunció y la provincia no atendía a los fallos, pedí que la causa vuelva a Santa Cruz, donde comencé con el reclamo patrimonial que aún está en trámite. Después tuve una participación en política en un momento como precandidato, pero fue sólo eso. No estoy dedicado a la política. En la actualidad ejerzo como abogado y me jubilé de la Justicia con el cargo de procurador, porque fue el último que ejercí durante cinco años, hasta que fui removido.