Créditos para Vicentin: para el fiscal, está probada la «connivencia» de ex funcionarios del Nación con directores de la empresa

Ante el juez Julián Ercolini, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes de los ex directores del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, como había requerido la Unidad de Información Financiera (UIF), y también solicitó que la misma medida se aplique a los directores del Grupo Vicentin y que además se disponga la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A. y la prohibición de innovar sobre su composición accionaria. El requerimiento se formuló en el marco de la investigación de los créditos por $ 18.500 millones que el gobierno anterior concedió a la cerealera, hoy en concurso de acreedores.

El pedido alcanza Javier González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce entre otros ex funcionarios del Nación, y a los representantes de la empresa Roberto Vicentin, Osvaldo L. Boschi, Martín S. Colombo, Hernán R. Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli. Es un dictamen muy duro, donde el fiscal da por corroborada la «connivencia» de estos actores, en favor de la compañía y afectando los intereses del Estado.

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Al momento de justificar el pedido de inhibición de bienes, Pollicita indicó: «Los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes«. En cuanto a los empresarios, señaló que junto con las sociedades «poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia».

El caso que lleva adelante el fiscal Pollicita comenzó a raíz de la denuncia en base al primer informe elaborado por Claudio Lozano, actual director del banco, quien analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión de la entidad pública, cuando la empresa anunciara públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.

La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a «través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos».

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El fiscal Pollicita ya dio por corroborada algunas de las maniobras. En el dictamen al que accedió Clarín,  en el que pidió la inhibición de bienes, sostiene que «los funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria«.

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Esto se sostiene, según la fiscalía en el otorgamiento «irregular de millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».

A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento «posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo».

La maniobra

En su dictamen, la fiscalía sostuvo que a raíz de la documentación proporcionadap or el Banco Nación, se le concedió una línea de crédito para operaciones de comercio exterior desde el 14/06/2018 al 30/04/2019. Se le prestaron hasta U$S 300.000.000. Pero desde su vencimiento «las autoridades del BNA beneficiaron a las firmas VICENTÍN y ALGODONERA AVELLANEDA al continuar asistiéndolas crediticiamente cuando no se encontraban autorizados para hacerlo».

Para ello, primero otorgaron dos prórrogas a la calificación vigente «cuando las empresas ya habían superado el límite máximo establecido en la última resolución de directorio», señaló el fiscal. Luego otorgaron nuevos préstamos a la firma VICENTÍN «sin contar con calificación vigente, teniendo la firma deuda vencida con el banco y encontrándose excedido el cliente en los límites que fija el BCRA». En simultáneo le permitieron a los titulares de VICENTÍN «retirar los fondos que estaban depositados en garantía en el banco».

Sin reparar en estas circunstancias -expresó Pollicita-, es decir «deuda vencida por más de 80 días y exceso en la normativa», las autoridades del BNA «decidieron otorgarle 28 nuevos préstamos a VICENTIN por un total de USD 105.500.000 pese a que para ese entonces el propio BCRA había intimado al banco en reiteradas oportunidades a encuadrarse en la normativa vigente».

Así, mientras aumentaba la deuda impaga de VICENTÍN con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco «ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos, los cuales estaban reservados para asegurar el cobro» de una deuda que ya ascendía a U$S 300 millones, pero desde el Banco «permitieron que los empresarios retiraran ese dinero» y cuando la nueva gestión quiso cobrar dichos fondos «las cuentas se encontraban prácticamente vacías».