Coronavirus: Usina de Justicia rechazó la decisión de concederle prisión domiciliaria a casi 800 detenidos

La Asociación Civil Usina de Justicia (UJ) envió una presentación a la Cámara de Casación Penal en la que expresan su preocupación por la decisión de la Justicia en otorgar prisión domiciliaria en los últimos días a un centenar de detenidos, en medio de la pandemia de coronavirus​.

Con la firma de la filósofa Diana Cohen Agrest, presidenta de la asociación, el texto remarca la necesidad de preservar el derecho de las víctimas a ser informadas sobre las condiciones de detención y cumplimiento de las condenas y también el derecho a la participación en el proceso penal.

«En los centenares de casos en los que ahora se decide rápidamente otorgar prisiones domiciliarias, todos los detenidos presentaban peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, justamente por ese peligro, fueron puestos en prisión», dice parte de la presentación.

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Y sigue: «Peor aún, en muchos casos en lo que ahora se decide otorgar prisión domiciliaria, los detenidos se encontraban cumpliendo una condena firme. Por lo tanto, absolutamente todas las prisiones habían sido decretadas porque debía cumplirse el proceso, o la condena, en prisión efectiva».

La situación surgió luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone, fuera beneficiado con la prisión domiciliaria una vez que sus abogados defensores hicieron una presentación en relación a la Emergencia Sanitaria por el Covid-19-.

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El «efecto Boudou» no se hizo esperar y fueron 800 presos bonaerenses los beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario. En ese sentido, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, confirmó que «se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario».

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Pero desde la Usina de Justicia lo descartan: «Las decisiones no se han basado en que los internos se encuentren padeciendo una enfermedad terminal o que no puedan tratarse adecuadamente en prisión. Ni siquiera se ha exigido acreditar que los internos se encuentren enfermos, ya que ha bastado la “posibilidad” de que se enfermen en prisión, cuando no existía ni un solo caso de enfermedad de pandemia en ningún establecimiento penitenciario».

El texto, elaborado por el Dr. Fernando Soto, cierra: «Nos oponemos firmemente a esas decisiones porque implican, lisa y llanamente, violar la Ley».