Con las paritarias suspendidas en casi todo el país, en la Patagonia escala un conflicto salarial por un 40% de aumento

Con las paritarias de la casi totalidad de las actividades vencidas y sin renegociarse en medio cuarentena por coronavirus, en la Patagonia escala un conflicto salarial con el Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (STIA).

La paritaria de la actividad se encuentra vencida. El gremio arrancó reclamando una recomposición salarial del 40%, pero según fuentes empresarias después cambió su pretensión a una suma fija de $ 15.000 por mes, de marzo a agosto, lo que según las empresas también representa alrededor de un 40% de incremento.

La propuesta de las empresarios fue seguir abonando los $ 4.000 del decreto presidencial, «como se viene haciendo desde enero, y a partir de junio hasta octubre sumarle $ 5.400». 

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La contraoferta fue rechazada. En modo de protesta, los trabajadores paralizaron ocho plantas de procesamiento de pescado que operan en Puerto Deseado, Santa Cruz. Formaron piquetes e impiden el acceso al polo industrial donde están ubicadas.

«No acataron la conciliación obligatoria y la medida de fuerza fue declarada ilegal», dijo a Clarín Eduardo Román, gerente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA).

Las empresas que tienen sus plantas paralizadas en Puerto Deseado son Grupo Eduardo Vieira, Santa Elena, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado y la cooperativa Carsa, entre otras.

“Me preocupa mucho esta actitud sindical porque las leyes provinciales deben cumplimentarse”, sostuvo el ministro de Trabajo provincial Teodoro Camino en declaraciones a la radio FM Desiré. “Doblar la apuesta en esta situación es muy delicado y grave para los trabajadores de Puerto Deseado”, agregó el funcionario.

En efecto, el viernes las empresas empezaron a enviar telegramas de intimación a sus trabajadores para que retomen sus tareas. A partir de este lunes, amenazan con enviar directamente telegramas de despido.

En la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, que a nivel nacional conduce el cordobés Héctor Morcillo, siguen con atención el conflicto. Es más: fueron consultados por autoridades de Nación.

Según la Federación, en realidad la oferta de las empresas fue de una suba de $ 1.500. Y agregan: «En las dos primeras semanas de conciliación las empresas no se presentaron en la negociación. Después se la prorrogó por 5 días, pero ahí los muchachos se negaron a ir».

Las empresas califican el conflicto de «disparate» en medio de la caída general de la actividad económica. Dicen que por cuestiones de costos la flota langostinera no está saliendo y que las exportaciones de merluza y calamares cayeron.

En las plantas de Puerto Deseado se reprocesan calamares, se procesa merluza y se hace pelado y desvenado de langostinos, fundamentalmente.

Un empresario agrega: «Es difícil de entender, en el resto del país se están reduciendo salarios y acá paran en reclamo de subas. Los precios se cayeron, no hay mercado nacional ni internacional. Según ese empresario, tiene ganas de mudar su empresa a otra provincia: «En Chubut no tenés este tipo de problemas».