Caso Vicentin: El exportador sustituto, con ventas …

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Díaz & Forti, la empresa cerealera que protagonizó un extraordinario crecimiento este año en el comercio internacional de granos utilizando la capacidad instalada de Vicentin SAIC, «registra un incumplimiento del 97,8% en sus obligaciones» frente a las normativas cambiarias, según le informó este jueves el Directorio del Banco Central de la república Argentina a la Dirección Nacional de control del comercio agropecuario. En montos, la autoridad monetaria le informa a la repartición que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que «las operaciones vencidas al 30 de noviembre registran un saldo pendiente de regularizar de u$s 450.341.892 correspondientes a operaciones de exportación de bienes con obligación de ingreso y liquidación de divisas, respecto de las cuales no se registra la certificación de cumplido conforme normativa cambiaria vigente».

La firma, perteneciente al Grupo Olio desde hace algunos años, aparece como una de las sustitutas de Vicentin en el comercio de granos durante el año corriente (la otra es Oleaginosa Moreno, del grupo suizo Glencore). De ser una trader marginal en el negocio (habría operado por poco más de cuatro millones de dólares el año pasado), pasó a ostentar un lugar de privilegio en este jugoso negocio particulamente después de abril, cuando empezó a rentar las instalaciones de Vicentin, donde procesa los granos que compra a productores para luego exportarlos, a través de los puertos de Vicentin.

Lo extraordinario (en el sentido de «fuera de lo común») del caso es que Díaz & Forti no cuenta con infraestructura propia ni capital que sustente la dimensión del negocio que encaró este año. Tampoco aparece como beneficiaria de una importante operación crediticia que le pudiera financiar las operaciones comerciales en la dimensión que las realiza. Esta situación fue analizada e investigada por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, y volcada en un trabajo que solicitó y publicó el Banco Nación, sobre la crisis de Vicentin y los beneficiarios de las operaciones que debió dejar. 

Por su condición de firma concursada, y con sus ex directores imputados en casusas penales por presunta estafa contra acreedores privados, la banca pública y el fisco, Vicentin está inhabilitada para exportar, pero no para alquilar sus instalaciones siempre que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, lo autorice. Y éste lo autorizó, pese a las sospechas y denuncias explícitas de que el grupo Olio y Glencore podrían estar actuando como «prestanombres» o pantalla para que Vicentin continuara con la operatoria en comercio exterior burlando a la Justicia y a sus propios acreedores. 

Inspección del BCRA

En la misma comunicación antes aludida, fechada este jueves 3, el Banco Central le informa al Ministerio de Agricultura que «se encuentra en trámite una inspección iniciada por presuntas infracciones a la ley 19.359, Régimen Penal Cambiario, en relación a operaciones de exportación vencidas al 30 de septiembre del presente año».

En dichas actuaciones, señala luego la autoridad monetaria, «se determinó que el exportador ha desplegado conductas en presunta vulneración del régimen penal cambiario. A efectos de evitar la comisión de nuevos hechos infraccionales, se ha resuelto, mediante Resolución 28/20 del Sr. Gerente Principal de Control, adoptar las medidas precautorias que consisten en:

1) No acordarles autorización de cambio;

2)No dar curso a sus pedidos de despacho a plaza;

3) No dar curso a sus boletas de embarque de mercadería. 

A juicio de otros operadores, estas «medidas precautorias» equivalen a sacar de mercado a la comercializadora del Grupo Olio, lo cual provoca inocultable satisfacción entre sus rivales, que consideran que el usuario de las plantas de Vicentin (por no llamarlo su «pantalla») está ejerciendo una «competencia desleal» hacia ellos. Si hay una consigna de la cual el resto de los exportadores se quieren despegar más que nadie, es aquella de que «Todos Somos Vicentin». 

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