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El Senado aprobó por unanimidad la prórroga por cuatro años del régimen de apoyo al sector del biocombustible, que prevé beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas, y giró el proyecto a la Cámara de Diputados. El régimen sancionado en 2006 tenía fecha de vencimiento en mayo del año que viene. Por otro lado, la cámara alta también aprobó este viernes la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que, entre otras cuestiones, refinancia las deudas que 21 de las 24 provincias mantienen con la Anses por un monto total de 26 mil millones de pesos.

“Es fundamental e indispensable la extensión, aunque seguramente no va a alcanzar y será necesario en el futuro un gran acuerdo de todos los sectores para abordar la problemática de los biocombustibles”, dijo la legisladora del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún.

El sector del biocombustible viene de sufrir una parcial paralización a raíz del congelamiento de los precios de venta del biodiesel y el bioetanol que enfrentó desde comienzos de año. La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, aprobó las primeras subas. Enfrente de los intereses de las fábricas de biodiesel está el sector petrolero, que tiene que mezclar de forma obligatoria biodiesel con el gasoil en un 10 por ciento y el bioetanol con las naftas en un 12 por ciento. 

En representación de Juntos por el Cambio, la senadora Silvia Elías de Pérez sostuvo que “la prórroga es una muy buena noticia». Según la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), «hace que más de 30 de pymes del interior tengan esperanzas de seguir en pie y no desaparecer».

En tanto, el proyecto de defensa del FGS permite que la provincia de Buenos Aires refinancie deudas con la Anses por 6,6 mil millones de pesos entre capital e intereses, mientras que la Ciudad de Buenos Aires recibe un aire financiero de 2 mil millones de pesos. Chaco refinanció deudas por 1,5 mil millones y Entre Ríos, por 1,4 mil millones. La ley también condona los intereses de las cuotas suspendidas de los Créditos Anses, cuyos no pagos fueron extendiéndose durante el aislamiento obligatorio. También permite que los activos del FGS, al no tener que afrontar otros gastos, se vuelvan a volcar a proyectos de vivienda, energía o infraestructura. Estas inversiones virtuosas generan empleo, tienen impacto en la economía real y robustecen el sistema previsional.



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