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“Este plan gas nos beneficia a todos. Argentina necesita que la inversión privada venga, desarrolle proyectos y brinde servicios. Es muy importante para un país que tiene carencia de divisas”, dijo el presidente, Alberto Fernández, en la presentación que realizó este lunes del nuevo Plan Gas 2020-2024 junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de energía, Darío Martínez.
El plan establece un precio estímulo que se paga en pesos pero está ligado al dólar y que es estable hasta 2024. Con ello, el Gobierno busca detener la declinación en la producción de gas y así evitar el sobrecosto que implica la importación para abastecer al consumo industrial y domiciliario y a las centrales térmicas para la generación de electricidad. El plan es apoyado por las petroleras que operan en el país, ya que les asegura un horizonte de negocios con certeza cambiaria para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta, que a los precios actuales y con los vaivenes políticos está paralizado. La apertura de los sobres que contienen las ofertas es el próximo jueves y el gobierno espera poder comunicar las adjudicaciones en dos semanas.
“Este plan de estímulo nos va a permitir frenar el declino de la producción de gas”, dijo el secretario Martínez. El funcionario aseguró que “vamos a controlar que las inversiones presenten año tras año de manera creciente y gradual mayor componente nacional en todos los eslabones que tiene la cadena de valor. Para esto, es muy importante que las pymes se vayan incorporando a esos planes de inversión de manera creciente”.
El anuncio se realizó en la Casa Rosada, frente a gobernadores de provincias hidrocarburíferas, dirigentes gremiales y los popes empresariales del sector, entre ellos, Paolo Rocca, presidente de Techint. El ministro Guzmán valoró la convocatoria y dijo que se trata de un buen ejemplo de «diálogo y de una tarea colectiva».
Los objetivos oficiales marcan la sustitución de 31 mil millones de metros cúbicos de gas hasta 2024 con inversiones de parte de las petroleras del orden de los 6500 millones de dólares y un ahorro de divisas por importación de hasta 9300 millones de dólares.
De todas maneras, el monto en que se sustituirían importaciones depende de los precios y de las cantidades demandadas, que todavía no se conocen. En cuanto a los precios, la coyuntura está marcada por valores internacionales que están por debajo de lo usual. Se calcula que el precio del gas importado regasificado ronda los 4 dólares. Sin embargo, se espera que el precio de importación suba el año que viene, lo cual incrementa la ventaja de contar con mayor producción local. El gas local permite un ahorro de divisas, porque el pago a las petroleras locales se realiza en pesos (más allá de que parte de ese dinero se dolarice posteriormente), mientras que las importaciones suponen una demanda inmediata de dólares. Adicionalmente, está el factor estratégico de contar con producción nacional y no depender de las importaciones.
En qué consiste el Plan
El esquema que propone el Gobierno para estimular la producción de gas se basa en una subasta de 70 millones de metros cúbicos por día, que las empresas inyectarían al sistema de gasoductos a partir de mayo del año que viene. Durante los inviernos, habrá un volumen adicional de 30 millones para dar respuesta a la mayor demanda. El plazo del plan es hasta 2024 ampliable por cuatro años para proyectos off-shore.
El pliego establece un valor máximo de 3,70 dólares el millón de BTU y de allí hacia abajo, las petroleras que presenten los precios más competitivos tendrán prioridad para el despacho de gas, lo cual es importante porque en el verano hay excedente de oferta. En otras palabras, las empresas que menos estímulo estatal requieran, mayores ventas podrán tener. También tendrán facilidades para una eventual exportación.
Las petroleras participantes se comprometen a sostener, como mínimo, los niveles actuales de producción, lo cual implica una política de inversiones, dado el declino geológico de los yacimientos. Se calcula que este año la caída de la producción de gas sería del 7,5 por ciento y que en 2021, sin una política estímulo, podría caer en la misma proporción.
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