Vicentin: Mientras vende activos del Grupo, el juez…

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Los representantes legales del Banco Nación y de los trabajadores de Vicentin SAIC intentaron una vez más, en vano, que el juez del concurso involucre al conjunto de las empresas del grupo empresario en las obligaciones que tiene la cerealera exportadora ante sus acreedores, y actúe de modo tal de evitar que continúe el vaciamiento del capital con el que deberá responder la concursada. Lejos de responder a las expectativas de los reclamantes, el juez Fabian Lorenzini se consideró agraviado por el lenguaje agresivo del pedido y dictó un «apercibimiento» contra los tres abogados firmantes de la presentación. La batalla por Vicentin se va tensando a medida que crece la sensación de un inevitable final de quiebra y liquidación. «Lo que pretende hacer el juez (con la intervención judicial) es lo que debería haber hecho cuando existía el propósito de iniciativas mixtas para salvar a la empresa, ahora ya no es satisfactoria», expresó en los últimos días Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe y la voz del gobernador Omar Perotti en esta historia. Sugiriendo, también él, que la oportunidad del savataje quedó atrás.

El tono del escrito presentado por los abogados Eleonora Sartor (por Banco Nación), Sebastián Spiller (por el sindicato de aceiteros de General Obligado y San Javier) y María Laura Campas (por el sindicato de aceiteros de San Lorenzo) le imputa directamente al juez no haber actuado para preservar el interés de los acreedores y haber sido excesivamente condescendiente con las autoridades de Vicentin, cuando ya existían suficientes elementos de prueba de ocultamiento de activos y cambios de titularidad que fueron adelgazando la masa de capital sometida al concurso. 

Se explicita en la presentación el caso del frigorífico Friar, que fue vendido a un fondo de inversión en una operación que fue impugnada por la AFIP, que pidió considerarla «nula» dada su pertenencia al grupo empresario encabezado por la concursada Vicentin SAIC. La respuesta del juez Lorenzini fue que una auditoría forense estaba investigando los nexos entre las distintas empresas vinculadas, pero hasta que ésta no presentara sus conclusiones no podría acceder al requerimiento de la AFIP, al que luego adhirió el Banco Nación. 

El escrito de la entidad bancaria oficial y los dos sindicatos a los que pertenecen los trabajadores del grupo Vicentin, constituidos en Comité Provisorio de Control del concurso, le recuerda al juez que:

* Según la Comisión nacional de defensa de la competencia, la empresa Vicentin Family Group SA comparte el mismo conjunto de accionistas de Vicentin SAIC;

* El balance de Vicentin Family Group informa que controlaba en forma directa el 100% de acciones de VFG Inversiones SA (constituida en Uruguay);

* El balance de VFG Inversiones SA señala que controla en forma directa 50% de Friar SA y otro 0,04% a través de Algodonera Avellaneda (de la cual posee el 97% de las acciones);

Los datos precedentes, señala el escrito, son «suficientes para definir que el grupo de control es el mismo» que maneja Vicentin SAIC. Pero por si no lo fuera, agrega que otra sociedad uruguaya vinculada a Vicentin, Nacadie Comercial SA, poseía el 49% restante de las acciones de Friar. Pese a toda esa información, el juez Lorenzini no consideró «suficientemente probada» la pertenencia de Friar al grupo Vicentin. No cuestionó su venta, de la cual ni siquiera se conoce el monto por el cual se concretó.

Y aquí es donde el escrito lanza uno de los párrafos que el magistrado consideró agraviante: «¿Permitirá el Juez Fabián
Silvano Lorenzini que el Clan Vicentin siga vaciando y
trasvasando activos del resto del grupo, para enervar
todavía más la posibilidad de cobro del 100% de las
acreencias insinuadas en este proceso colectivo y obstar la
continuidad de las fuentes de trabajo del enorme universo
de concernidos? Y, de proseguirse así, también nos
interrogamos: ¿quiénes serán los responsables civiles y
penales finales, de concretarse la variante local de La Gran Estafa?».

Intervención «light»

En la primera semana de este mes de diciembre, el juez Lorenzini dispuso una intervención judicial a Vicentin SAIC, pero respetando el manejo de la firma por parte de las autoridades surgidas de la última asamblea de accionistas. En dicha oportunidad, los integrantes del grupo familiar resolvieron colocar en los tres cargos principales del Directorio a personas que no son miembros de las familias dueñas de accionistas, pero son personas muy allegadas al grupo. En su resolución del 3 de dicienbre, Lorenzini designó un «interventor judicial» para que participe de la conducción, nombrando a un síndico que ya se venía desempeñando en la empresa, Andrés Shocrón, y decidió en la misma oportunidad, que el cargo de subinterventor lo ocupara la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, María Victoria Stratta, hasta tanto el gobierno provincial designara a su representante definitivo.

Lo que parecía el resultado de un acuerdo entre el juez del concurso y el gobierno de Omar Perotti se revelo, pocas horas después, como un paso en falso de Lorenzini. Somaglia, secretario de Justicia y la voz de Perotti, rechazó en duros términos el convite. «La IGPJ controla, no administra. Es incompatible que María Victoria Stratta ocupe ese cargo», le devolvió el funcionario del Ejecutivo la invitación al cargo provisorio al magistrado. Pero fue más allá: también descalificó la decisión tardía de intervenir e inconsistente de cogestionar la empresa con el grupo Vicentin.

El desplante de Perotti, los cuestionamientos de los acreedores, las maniobras de Díaz & Forti en la exportación de granos sospechada de actuar como testaferro de Vicentin, van generando un clima adverso al concurso y al papel que desempeña el juez a cargo. La reacción al escrito de los acreedores apercibiendo a los letrados se entiende si se lo evalúa en ese contexto. Además, está el avance de las causas penales en Rosario y Comodoro Py (más en la primera sede que en la segunda) que anticipan un final poco auspicioso para la cerealera santafesina. 

A un año de haber entrado en crisis (se declaró en «estrés financiero» o cesación de págos el 6 de diciemnbre de 2019), Vicentin no formuló ni siquiera por vías informales una propuesta de pago de la deuda, elemento que se supone central en la negociación de una convocatoria de acreedores. Son cada vez más los que ven más cerca la quiebra que, aunque más no fuera, una negociación por la cancelación de la deuda.

 

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