Una nueva jugada K para voltear a los arrepentidos

A la espera de que la Sala I de la Cámara de Casación Penal respecto de la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, se pidió al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación que requiera todos los legajos de imputados colaboradores en todas las causas en las que se los haya admitido bajo dicha figura. Esto incluye el expediente de los Cuadernos de las Coimas, que cuenta con 31 arrepentidos. El pedido lo realizó el diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade, a fin de analizar «cómo se viene implementando la normativa». En Comodoro Py, fuentes judiciales sostienen que la Comisión no tiene jurisdicción para solicitar esa documentación.

La Ley del Arrepentido continúa en el centro del debate. El kirchnerismo sostiene que esta normativa estuvo mal implementada, un argumento que enarbolan varios abogados de acusados en la causa Cuadernos. Incluso en la Casación federal hay un planteo que debe resolverse, según el  cual la normativa en cuestión es inconstitucional y que por eso debe declararse la nulidad de todo lo actuado.

Los 31 testimonios de los imputados colaboradores del caso Cuadernos se encuentran en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante el juicio oral de la causa que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner. Este TOF 7 se encuentra sólo con dos de sus integrantes, ya que el tercero, Germán Castelli, fue removido por el voto kirchnerista en el Congreso. Ese desplazamiento deber ser convalidado o anulado por la Corte.

El diputado Tahilade solicitó al presidente la Comisión, Martín Doñate, que requiera «con carácter de urgente al señor Fiscal Dr. Eduardo Casal, interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación, el informe», respecto a la implementación de la Ley del Arrepentido.

La ley del Arrepentido es aplicada por los fiscales, por eso se requirió que el procurador Casal detalle cómo se aplicó en todas las causas en las que hay imputados colaboradores. La norma se votó en el Congreso en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para el diputado Tahilade, en un informe previo remitido por Casal «hay solamente referencias genéricas respecto a las dificultades en la implementación del instituto -del arrepentido- formuladas por algunos magistrados, pero de ninguna manera puede considerarse que ello suple la exigencia legal, mucho menos cuando no hay absolutamente ninguna consideración del Dr. Casal».

En tal sentido, se requirió que desde la Comisión Bicameral se pida «un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley”, y que ese detalle sea acompañado «de los legajos correspondientes a cada imputado colaborador, de modo que permita a esta Comisión ejercer debidamente el control que le es propio«.

Se planteó que el Procurador Casal, a quien el kirchnerismo busca remover, «no ha cumplido con lo solicitado, por lo que se impone requerirle que a la mayor brevedad cumpla de manera estricta con lo que establece la legislación».

Además de los imputados colaboradores del expediente Cuadernos, también son arrepentidos Alejandro Vandenbroele en una causa conexa al caso Ciccone. También están, entre otros, los dichos del ex financista Leonardo Fariña en la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez es juzgado por haber lavado 60 millones de dólares.

El planteo generó algunas diferencias en los Tribunales de Comodoro Py, donde señalaron que la Comisión Bicameral «no tiene jurisdicción para solicitar prueba generadas en el marco de una investigación penal». En respuesta a esto, fuentes allegadas al diputado kirchnerista señalaron que sí cuentan con potestad para realizar este pedido, «porque no hay otra forma de cumplir con el ‘informe detallado del funcionamiento y aplicación’ de la ley. Cómo se puede evaluar si se cumple con el art. 6 si no vemos los legajos«.

La discusión sobre la implementación de la Ley refiere a uno de sus artículos que habla sobre los medios idóneos que se exigen como soporte de los testimonios. Sin embargo, gran parte de los procesados señalaron ante la Casación que las actas no eran registro suficiente, sino que deberían haberse grabado, filmado. 

Mirá también

Mirá también