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IDENTIDAD EN COMUNICACION

Un hallazgo que derrumba la versión oficial de la m…

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Por Guido Vassallo

A casi seis años de la masacre de Ayotzinapa
, la investigación acaba de dar un paso adelante con la identificación de los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La noticia fue anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) y verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF
), que trabaja incansablemente en la necesaria búsqueda de la verdad de esta tragedia que enluta a México. El hallazgo de los restos del joven normalista echa por tierra la «verdad histórica» defendida a capa y espada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Según la narrativa oficial, la matanza ocurrida en el sureño estado de Guerrero fue responsabilidad exclusiva de una banda dedicada al narcotráfico, y todos los cuerpos de los estudiantes habían sido enterrados en un basural en la localidad de Cocula: los restos de Rodríguez Telumbre, de 19 años, fueron en cambio hallados en un paraje conocido como Barranca La Carnicería, a unos 800 metros del lugar.

Tanto la fiscalía mexicana como los organismos internacionales y locales que participan de la investigación del caso Ayotzinapa no dudan en destacar el trabajo del EAAF, específicamente en el análisis de los restos de Rodríguez Telumbre. «Nuestro rol consistió en analizar como peritos de los familiares todos los restos óseos que se habían encontrado en la Barranca La Carniceria», explicó Mercedes Doretti, miembro fundadora y directora para Centro y Norteamérica del EAAF, en diálogo con Página/12 .

Se trata de poco mas de 130 restos, entre los cuales la mayoría de ellos son indeterminados: no se puede definir con exactitud si se trata de restos de humanos o animales. «32 de ellos son claramente humanos, y entre ellos tres fragmentos fueron seleccionados para enviar al laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck en Austria, que cuenta con un laboratorio especializado en muestras particularmente difíciles para la extracción de ADN como son éstas», agregó Doretti.

Esta nueva identificación de restos de uno de los 43 estudiantes de la escuela Rural Raúl Isidro Burgos ocurre a casi seis años de la primera, que fue «correcta pero estaba plagada de irregularidades respecto a cómo se habían encontrado esos restos, de donde venían y demás», destacó Doretti desde el EAAF. Se refiere al caso de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río Cocula. Ese descubrimiento nunca quedó del todo claro y de hecho dejó muy mal parado al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien, según recordó Alberto Solís de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), «había estado días antes en el lugar de los hechos, de manera muy irregular y sin reportarlo a las autoridades».

Una verdad histórica floja de papeles

La línea de investigación que impulsó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2014 sostenía que todos los estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero, y sus restos tirados en bolsas al río San Juan, después de ser secuestrados por el cártel narco conocido como Guerreros Unidos.

Siempre de acuerdo a esa «verdad histórica», los estudiantes habrían sido confundidos con miembros de un cártel rival, mientras realizaban un viaje a bordo de distintos micros escolares. «Esta nueva identificación está enmarcada dentro de una investigación muy distinta, con un fiscal que ha despertado la confianza de los familiares, las organizaciones legales que los representan y también de nosotros. Los restos no fueron encontrados en el basurero de Cocula como sostenía la versión oficial», aseguró Doretti.

Para Santiago Aguirre, director del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el nuevo hallazgo abre «una nueva posibilidad de encontrar la verdad real en el caso, en la medida en que confirma la manipulación que hubo de la evidencia, que llevó a considerar como versión oficial una explicación que postulaba que todos los estudiantes habían tenido un solo paradero en una gran pira humana en el basurero».

Las inconsistencias de esa versión habían sido señaladas en múltiples instancias desde hace años por los expertos internacionales que la revisaron, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o el propio poder judicial mexicano. «No se había encontrado el paradero de ningún estudiante en otro punto, y el que ahora se logre este hallazgo viene de una manera muy contundente a decirnos que hay que buscar en otros lugares», agregó Aguirre.

El dolor de los familiares

El EAAF le notificó los resultados del análisis de los restos de Rodríguez Telumbre a su familia el pasado domingo, junto al fiscal del caso, el subsecretario de Derechos Humanos de México y representantes legales del Centro PRODH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Para Mercedes Doretti, fue muy importante «guardar el sigilo» de estos resultados hasta poder hablar con las familias y que no se enteraran por la prensa, como ocurrió en otras ocasiones.

«Si bien es un avance muy importante en nuevas líneas de investigación de este caso, también es extremadamente doloroso para cada familia. No los estamos encontrando vivos, sino que estamos encontrando fragmentos dispersos en el campo. Esta no es la manera en que nadie quisiera encontrar a un hijo desaparecido», enfatizó en ese sentido la presidenta del equipo de investigación para Centro y Norteamérica.

En la misma línea, Santiago Aguirre aseguró que el hallazgo genera mucho dolor ya que «no hablamos de información abstracta, hablamos de las vidas de personas que son vidas anheladas, vidas esperadas, vidas lloradas». Aún reconociendo el efecto devastador que estos hallazgos significan para las familias de los normalistas, el director del Centro PRODH destacó que éstas «han sido claras en señalar que su lucha ha sido por la verdad sea cual sea, y esta verdad que hoy se revela al menos les da la certidumbre de estar basada en evidencia científica y real».

Con Ayotzinapa como uno de los grandes temas a resolver en un país afectado por la violencia y la inseguridad, en diciembre de 2018 y recién iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia. A partir de allí, se fueron dando avances saludables que indican un evidente cambio de perspectiva respecto a la anterior gestión.

Para Aguirre, son al menos dos los niveles que debe agotar la investigación: «El primero tiene que ver con la sanción de todos los perpetradores en los distintos niveles de participación material e intelectual». En tanto, el segundo nivel de responsabilidad tiene que llevar ante la Justicia a quienes manipularon evidencias y «buscaron dar una explicación que carecía de prueba científica para dar un cierre político a un caso debido a la presión nacional e internacional que existía entre 2014 y 2015 respecto al paradero de los 43 estudiantes». Por lo pronto, la Fiscalía General ya confirmó que mandará a analizar nuevos restos al laboratorio de Innsbruck, una decisión que puede arrojar más luz en un caso que todavía desborda de oscuridad.



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