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Tras desistir de dos querellas contra Cristina, la Oficina Anticorrupción pide avanzar en un juicio contra De Vido

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La Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Felix Crous, pidió que Julio De Vido vaya a juicio oral por el cobro de coimas vinculadas a dos plantas potabilizadoras de AySA a cargo de la firma brasileña Odebrecht. Asimismo, pidió que los ex titulares del organismo Carlos Ben y Raúl Biancuzzo sean acusados en la instancia oral por administración fraudulenta. En el caso del Jorge «Corcho» Rodríguez, la imputación sobre él es cohecho activo. La Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió que todos los imputados -incluidos empresarios como Carlos Wagner y Aldo Roggio-, vayan a juicio oral.

En una de las causas vinculadas al esquema de coimas de la constructora brasileña Odebrecht en los contratos para construir una planta potabilizadora de agua y otra de tratamiento de líquidos cloacales por parte de la empresa estatal AySA, el juez Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción y había pedido a las querellas que realicen la acusación para enviar la causa a juicio oral.

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Este lunes ingresaron a su juzgado la acusación de las querellas. Había expectativas sobre lo que pudiera hacer la OA dirigida por Crous, ya que hace tres semanas el organismo había decidido retirarse de la acusación contra Cristina Kirchner en dos casos ya elevados a juicio oral, donde el delito investigado es lavado de dinero. Crous anticipó entonces que no serían los únicos casos de los que desistirían querellar. En esta investigación sin embargo, decidieron sostener el planteo del juez Casanello.

El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En este caso, Casanello y el fiscal Delgado investigaron los contratos para dos plantas potabilizadoras a cargo de AySA y que terminaron en manos de Odebrecht, en sociedad con empresas locales.

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El primero de los proyectos, para la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.

El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.

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En su investigación, el juez determinó que se «celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».

Tras la confirmación de sus procesamientos por parte de la Cámara Federal porteña, Casanello solicitó una pericia para determinar el grado de perjuicio generado al Estado, y una vez concluido ese trabajo dio por terminada la investigación, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

La OA y la UIF coincidieron en sostener que durante la investigación se dio por «probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas«. 

En una segunda etapa, se acreditaron «las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas». Por este delito la OA de Crous pidió que De Vido vaya a juicio.

Por ello, los empresarios ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron ahora acusados de «corruptores», es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicación de obras. La OA y la UIF también pidieron que todos vayan a juicio oral.

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La ruta de las coimas

Según la justicia, los sobornos se estructuraron en dos instancias. En enero de 2009 se hizo el primer pago de servicios al consorcio de la Planta AySA por 69 millones de dólares. «El director del contrato, Sergio Gouvea, por indicación de Carlos Wagner tomó contacto con Raúl Biancuzzo, quien fue presentado al Departamento de Operaciones Estructuradas (oficina de coimas de Odebrecht), iniciándose así los pagos indebidos en las cuotas por éste indicadas, que ascendieron a 7,6 millones de dólares».

Hubo tres órdenes de pago vinculadas a la obra “Paraná de las Palmas”, una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese año, por 67.289 dólares, 18.000 dólares y 25.000 dólares. «En el sector “codinome”, que es el apodo asignado al destinatario, figuran “Rio Grande”, “Cavalo” y “Raúl Seixas”, siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces CEO de Odebrecht en Argentina», explica la resolución.

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El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht «se debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner», señaló Casanello en su momento. El mismo se extendió entre los años 2011 y 2014, y «tuvo como intermediario, en este caso, entre funcionarios y empresarios a Jorge Ernesto Rodríguez quien, a través de la firma uruguaya “Sabrimol Trading S.A”, recibió una totalidad de 6.450.000 dólares«.

Según estableció la investigación, esos pagos se realizaban con cheques de la empresa uruguaya Sabrimol, y se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara es que dichos fondos ilícitos llegaban a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA.

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