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Al cierre de la edición del jueves, el Frente de Todos continuaba negociando con los otros bloques de la legislatura bonaerense para que comience la sesión en el Senado en donde se trate el paquete impositivo que elaboró el gobernador Axel Kicillof. Una parte del bloque de Juntos por el Cambio cuestiona que se haya enviado la iniciativa con tan poca antelación, aunque hacia el interior de ese grupo también juegan fuerte las internas, pases de factura y lucha por asientos en el directorio del Banco Provincia. Con todo, hacia la noche todavía no se había llegado a un acuerdo para que arranque oficialmente el debate en el Senado, en donde Juntos por el Cambio tiene mayoría.

Ya sobre el cierre de la tarde, Pablo López, ministro de Hacienda, y el titular de ARBA, Cristian Girard, llegaron al recinto de la Cámara Alta dispuetos a dar todas las explicaciones que reclamaba la oposición. El gobierno provincial pretende que el paquete que conforma la Ley Impositiva 2020 sea aprobada antes del fin de semana, para lo cual Axel Kicillof le encomendó a dos de sus funcionarios de mayor confianza del equipo económico, expusieran personalmente y cara a cara con los legisladores de Juntos por el Cambio los motivos de las modificaciones propuestas y las razones de la emergencia. Hasta el cierre de esta edición impresa, continuaban las conversaciones. 

El principal objetivo de la ley impositiva enviada por el Ejecutivo provincial a la Legislatura bonaerense es generar una suba en los ingresos fiscales para hacer frente a los gastos corrientes del distrito, que se componen en primer lugar de salarios, y a los fuertes vencimientos en materia de deuda que emitió la administración de María Eugenia Vidal. Buena parte de esos pasivos están nominados en dólares. En línea con la lógica que baja del paquete de emergencia que la Nación trabaja en reglamentar, el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires también apunta a mejorar en términos relativos la posición de los sectores de menores ingresos a costa de la porción de la sociedad mejor ubicada.

La ley consta de cuatro ejes: el inmobiliario, impuesto sobre el urbano baldío, automotores y embarcaciones e ingresos brutos. La modificación que más ruido mediático generó es el inmobiliario, porque es un tributo que afecta transversalmente a toda la población pero en particular porque tiene un carácter muy progresivo, de modo que impacta más en sectores privilegiados, como los grandes terratenientes. La escala de aumentos propuesta por el Ejecutivo es la siguiente: 15 de suba cuando las valuaciones fiscales correspondientes a 2019 de la tierra «libre de mejoras» sea de hasta 260.870 pesos inclusive; 35 por ciento para las superiores a 260.870 y hasta 816.075 pesos inclusive; 55 por ciento cuando sea superior a 816.075 y hasta 3 millones de pesos inclusive y el incremento del 75 por ciento cuando el valor del campo sea superior a los 3 millones de pesos y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2 mil hectáreas. Además, el gobierno prometió otorgar exenciones impositivas para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y a las de 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en general.

Desde la oposición que lidera el bloque de Juntos por el Cambio, cuestionaron al gobierno provincial por el escaso margen para el análisis del proyecto. Por eso, a media tarde la sesión en el Senado provincia ingresó en un cuarto intermedio. En esa instancia, el ministro de Hacienda, Pablo López, junto al titular de la Arba, Cristian Girard, se presentaron ante legisladores de todos los bloques para aclarar puntos del proyecto oficial. Terminada la reunión, tampoco había acuerdo para que arranque la sesión.

“No hay impuestazo inmobiliario en la provincia dado que para el 86 por ciento de los propietarios el incremento estará muy por debajo de la inflación», señaló el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Este año, gobierno provincial debe afrontar vencimientos deuda por 200.000 millones de pesos, a lo que se suma un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. “Se necesita como mínimo mantener la recaudación. En cuanto al inmobiliario, el 86 por ciento de las propiedades va a tener un aumento de hasta 3500 pesos en el año, que se puede pagar en cinco cuotas. Y si bien para grandes propietarios aumenta hasta un 75 por ciento, si hace en un solo pago queda igual que la inflación porque se le descuenta el 20 por ciento. Este último escalón de la alícuota se aplica para el 7 por ciento que cuenta con las más grandes propiedades urbanas y sobre unos 300 productores rurales que tiene más de 2 mil hectáreas. No sé en dónde está el impuestazo», agregó Bianco. Para los propietarios más pequeños, hay exenciones de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.

Por su parte, Girard resumió que «se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos los que menos tienen y un poco más los que más tienen. Con esta ley, tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia».

Además de la suba del inmobiliario, el Ejecutivo bonaerense busca ajustar el impuesto al urbano baldío por el equivalente a la inflación registrada durante 2019. También se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15 por ciento, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual sería incluso más del 90 por ciento. La intención es evitar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación.

En el caso de automotores, no se modifica la tabla de alícuotas, mientras que para las embarcaciones deportivas, se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, “con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor”, dicen en el gobierno provincial. La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5 por ciento y la máxima se ubicaría en 13 por ciento. Para Ingresos Brutos, que afecta a toda actividad comercial, se replican las alícuotas de 2019, dada la suspensión del Consenso Fiscal (que establecía la rebaja paulatina).



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