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Reforma judicial: dudas en el Gobierno sobre el rol de los futuros jueces federales y la cantidad que quedará en Comodoro Py

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En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y los funcionarios judiciales de más alto rango por los cambios en las jubilaciones de privilegio, hay una iniciativa que la administración de Alberto Ángel Fernández​ no frena y que se trata de la reforma judicial sobre el accionar de los jueces y fiscales federales.

Esta movida, que apunta fundamentalmente contra el poder y status quo de Comodoro Py -como se denomina al grupo de jueces y fiscales que mandan en los tribunales federales y se encargan de las causas de corrupción- está avanzando fuerte, pues la intención del Presidente era que fuera tratada en el Congreso durante las actuales sesiones extraordinarias, plazo que asoma como difícil de poder alcanzar.

¿De qué se trata la reforma? Como ya había anticipado Clarín en diciembre, el Gobierno pretende impulsar el sistema acusatorio, esto es apurar la implementación del sistema procesal penal. Se sumarían más jueces para licuar el poder de los actuales y se pasaría todo el poder de la instrucción a los fiscales. Los magistrados quedarían como jueces de Garantías. 

Darle más poder a los fiscales implica además poner en marcha un plan que les destine más recursos y que mueva empleados o dotaciones lo que podría generar complicaciones.

En el caso de los jueces, el proceso es más sencillo: con una ley, se cambia la denominación a los magistrados y se puede sumar al lote de jueces federales a los del fuero penal económico y/o a los de instrucción: así, habría más jueces como los 12 actuales de Comodoro Py con el mismo Código Procesal Penal. También se sumaría ahora a los jueces del fuero criminal y correccional.

Pero aquí aparece la brecha en el Gobierno: ¿para qué aumentar tanto el número de jueces si el peso de la instrucción de las causas queda en manos de los fiscales? La primera razón es para licuar a los magistrados de Comodoro Py, 12 jueces federales. Pero esa idea podría generar una nueva casta judicial con más integrantes. Algunos, en Casa Rosada, hablan hasta de 80 jueces federales en ejercicio -si se suman lo de los de la Justicia ordinaria- tras la reforma.

En este tema, trabajan con celo y silenciosa prudencia el propio Alberto Fernández con la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, (verdadero cerebro de las reformas judiciales y de los servicios de inteligencia y hasta del proyecto de los «1.000 días» para complementar el del aborto legal) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien cuida también con esmerada meticulosidad, todo lo que firma el Presidente.

En ese team, hay aún diferencias de criterio. Pero, obviamente, quien bendecirá la versión final será el jefe de Estado.

Todos estos cambios son seguidos de cerca por el máximo tribunal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue en silencio el tratamiento parlamentario que se viene sobre las jubilaciones de privilegio (que alcanza a los jueces, camaristas y fiscales pero no a ellos) y también, lo que implicaría un cambio en el elenco de jueces federales, pues muchas de esas causas podrían terminar siendo elevadas a la consideración de la Corte.

Esa Corte que hoy mantiene cinco miembros tiene en su futuro inmediato, placidez y sosiego. En el gobierno de Alberto nadie habla de ampliación. Una muestra más del “Nestorismo” de Fernández, quien gobernó bastante tiempo con un tribunal supremo integrado por cinco personas, luego de la destitución de la Corte de la “mayoría automática” menemista, que comandaba el extinto Julio Nazareno.

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