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El Gobierno nacional prepara un nuevo Consenso Fiscal a firmar antes de fin de año con los gobernadores de todo el país. Y en este instrumento busca comprometerlos con la sanción en el Congreso -también antes de que se termine 2020- del controvertido proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

El borrador del “Consenso Fiscal 2020”, al que accedió Clarín, instaura entre los “compromisos comunes” en materia tributaria nacional, “aprobar, antes del 31 de diciembre de este año, el proyecto de ley del denominado ‘Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’, en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación (Expte. 4534-D-2020)”.

El borrador del Consenso 2020 empezó a llegar a los mandatarios provinciales en las últimas horas, e implica un nuevo capítulo de las marchas y contramarchas para definir cómo se cobran los impuestos en el país.

En la oposición de Juntos por el Cambio, donde cerraron filas en torno al rechazo al proyecto a las grandes fortunas, advirtieron que se busca que los gobernadores le den respaldo a un proyecto que después de muchos meses de idas y vueltas, tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el 25 de setiembre pasado. Pero si bien está en condiciones de ser tratado en el recinto se cuenta entre los “temas conflictivos” que no tienen fecha todavía.

El Frente de Todos se supone que tiene número para avanzar con aliados y votos de los bloques federales que ya se pronunciaron a favor del instaurar este gravamen.

Pero la mayor resistencia, dicen voces opositoras no está en el Congreso propiamente sino en el “Círculo Rojo” que enfrenta el presidente Alberto Fernández. “Por eso ahora quieren compartir los costos políticos y que deje de ser un proyecto de La Cámpora para ser de los gobernadores”, disparan.

Es que la iniciativa original cuando el horizonte económico se veía más negro todavía por el agravamiento de la crisis con la restricción económica de la cuarentena, fue de Máximo Kirchner -quien lidera la bancada del Frente de Todos en Diputados- y luego el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, le buscó la viabilidad técnica. Sectores agropecuarios le armaron hace unas semanas al Banco Credicoop de Heller un polémico boicot y retiraron cuentas de la entidad, por este motivo.

Las negociaciones por el Consenso Fiscal 2020 las pilotea el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Se trata de nuevas modificaciones al acuerdo suscripto en el gobierno de Mauricio Macri en 2017 para “armonizar las estructuras tributarias” entre Nación y provincias -incluida la Ciudad-, que tuvo enmiendas en 2018, y luego en diciembre de 2019 al asumir Alberto Fernández.

Esta versión 2020 trae otro punto polémico con la Ciudad: en uno de sus capítulos compromete a las jurisdicciones a no iniciar por dos años procesos judiciales por reclamos de coparticipación y desistir de los ya iniciados. El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta viene de presentar el 18 de setiembre ante la Corte suprema un amparo ante el recorte de coparticipación que Fernández le aplicó por decreto con una quita de 1,18%, unos 36 mil millones de pesos.

El “aporte solidario y extraordinario” a las grandes fortunas (un impuesto liso y llano para la oposición, un «manotazo») espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas, según un informe que llevó la AFIP a los diputados que lo debatieron. Gravaría a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos.

El Consenso Fiscal 2020, según el borrador al que accedió Clarín, prorroga además hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de dar de baja tributos provinciales (sellos y otros) comprometidas en el Consenso 2017.

Fija límites a un “endeudamiento responsable” por el cual “las Provincias y la CABA no podrán incrementar el stock de deuda nominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre de 2020”.

También incrementa los controles de la AFIP al establecer que “las Provincias y la CABA remitirán -una vez al año- a la Administración Federal de Ingresos Públicos la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año, a través de los sistemas que ponga a disposición dicho organismo”.

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