Por una jugada de la Oficina Anticorrupción, quedó firme el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray

La Oficina Anticorrupción (OA). que dirige Felix Crous, desistió de la apelación contra el sobreseimiento dictado en la causa contra Ricardo Echegaray en febrero de este año. El organismo estatal, que en un primer momento había apelado el sobreseimiento porque faltaba que concluya una pericia que estaba en trámite, ahora desistió de su planteo y señaló que la fiscalía tampoco no había manifestado su oposición al fallo favorable para el ex titular de la AFIP, y por ello, quedó firme el sobreseimiento.

El 20 de febrero de este año, el juez Rodolfo Canicoba Corral sostuvo en una resolución que no había » elementos concretos para cuestionar la situación patrimonial» de Ricardo Echegaray, que había sido denunciado por enriquecimiento ilícito. El magistrado firmó el sobreseimiento argumentando que, ante la falta de entrega de la pericia contable, no se contaba con pruebas que corroboren que hubo en el patrimonio de Echegaray un aumento indebido durante su paso por la gestión pública.

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La apelación por parte de la OA -ya bajo la gestión de Crous-, única querella en el caso, recordó que aún no estaba concluido el estudio pericial ordenado durante la instrucción, y dijo que el magistrado había tomado una decisión «prematura» porque faltaba conocer el detalle de aquel estudio que calificaron de «esencial». Este trabajo se había encargado en 2015, un retraso que fue resaltado por la OA. 

Para Canicoba Corral, «nada se pudo concluir de la totalidad de la prueba colectada, que incluye declaraciones juradas, escrituras públicas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito y pólizas de seguro, sumado a la cantidad de años de investigación y la búsqueda de datos a través de los consumos y gastos perpetrados por Echegaray».

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Radicada en la Sala I de la Cámara Federal porteña, la apelación solicitaba que se intime a los peritos de la Corte a que concluyan con el estudio pericial solicitado y entreguen el correspondiente informe. Antes de que esto ocurra, lo cual iba a devenir en una revocatoria del fallo de Canicoba Corral, el 22 de julio la OA presentó un escrito donde mencionó que la fiscalía no apeló el fallo del sobreseimiento.

Allí, sostuvo: «Considero que esta Oficina Anticorrupción debe estar, en la actual instancia que transita este proceso, a la actuación de la acusación pública constitucional ejercida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal interviniente, y abstenerse de ejercer actividad recursiva respecto del interlocutorio bajo análisis». Es decir, con la firma de Crous, desistieron de apelar.

En consecuencia, la Sala I emitió una breve resolución a la que accedió Clarín, que sostiene: «Atento a lo manifestado por los representantes de la Oficina Anticorrupción, debe tenerse por expresamente desistido el recurso interpuesto» y esto generó que quede firme el sobreseimiento contra Echegaray. 

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La denuncia

Echegaray comenzó a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el período 2004-2009, cuando se encontraba frente a la Aduana. La denuncia del abogado Ricardo Mussa sostenía que su patrimonio había crecido un 2.500%.

Mussa denunció que Echegaray al ingresar al Estado en 2004 tenía un sueldo anual de 174.608 pesos y al momento de la denuncia 364.000. Además sostuvo que durante 2008 habría cobrado dos sueldos de manera simultánea en dos organismos de la administración pública: la ONCCA y la AFIP, lo que configuraría una estafa. “En su propia declaración jurada admite que percibió por el ente ONCCA la cantidad de 133.322 pesos y por la AFIP 209.360 pesos en forma paralela, violando el ‘respeto irrestricto’ de la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública”.

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Hubo más. Hacia fines de 2015, el patrimonio del ex funcionario K ascendía a 7,6 millones de pesos, según declaró ante la Oficina Anticorrupción. Entre sus bienes había una propiedad en el country Talar del Lago I, un departamento en Punta del Este, otro en la Capital. También contabilizaba dos embarcaciones. En aquel entonces declaró ingresos anuales por encima de los 6 millones de pesos.