Polémica por el control de precios de Internet y la creación de la Prestación Básica Universal

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“Es imposible desde las cooperativas y pymes prestar el servicio de Internet a $700 para 5 megas. A la corta produce desinversión y menos competencia”, afirmó Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur, en respuesta a un tuit del asesor del Gobierno nacional, Martín Becerra, quien aseguraba que la política de Alberto Fernández beneficiaba a las cooperativas y pymes del sector de las telecomunicaciones.

“Por lo general no respondo en Twitter, pero si pretendemos prestar servicios por debajo de su costo, nos fundimos o no los prestamos”, agregó el dirigente cooperativo.

Ese fue uno de los tantos mensajes que le respondieron a Becerra, asesor de la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, luego de su recomendación de una columna de opinión que escribieron dos funcionarios de Jefatura de Gabinete, en la agencia estatal Télam, justificando el control de precios de servicios de telecomunicaciones, junto con la creación de la Prestación Básica Universal (PBU).

Es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) descongeló los precios de Internet, TV paga y telefonía, con aumentos del 8% para los pequeños prestadores que no hubieran incrementado los precios durante todo este año y 5% para el resto de los operadores que tuvieron aumentos en marzo pasado; en simultáneo con la obligación de dar a partir del 1° de enero la PBU, con fuertes bajas de precios para unos 10 millones de habitantes de sectores vulnerables, que arrancará con precios de $700 mensuales para Internet, $150 para la telefonía celular, así como descuentos del 20 al 40% en TV paga.

El asesor Becerra, investigador del CONICET y docente universitario, recomendó desde su cuenta de Twitter: «Análisis de la Prestación Básica Universal (PBU) en comunicaciones. A diferencia del escenario apocalíptico ‘auspiciado’ por los operadores, acá Nicolás Tereschuk y Abelardo Vitale aportan una perspectiva desde la (construcción de derechos) y ciudadanía”.

«En estos días escuchamos a algunos sectores anunciar escenarios apocalípticos por la entrada en vigencia de la prestación universal. En el fondo es parte del fastidio que continúa en ciertas empresas por el hecho de que las TIC tienen ahora sus precios regulados por el Estado, garantizando que sean ‘justos y razonables’, que cubran ‘los costos de explotación’, tiendan a la ‘prestación eficiente’ y a un ‘margen razonable de operación'», escribieron los funcionarios en esa nota recomendada por Becerra.

Sin embargo, la discusión que plantearon especialistas, dirigentes cooperativos y representantes de pymes prestadoras de Internet excede en mucho el análisis esquemático de los funcionarios del Gobierno.

«Creo que a esta perspectiva le falta el enfoque económico (léase quién paga y por cuánto tiempo). Que la PBU pueda ser sostenida en el tiempo es la clave de su éxito», dijo el especialista Enrique Carrier.

El asesor Martín Becerra le respondió: «Es tan cierto que el texto -corto, de divulgación- no desarrolla el costado económico de la medida, como que otros textos sobre la misma carecen de esta perspectiva de ciudadanía y conectividad. Piano piano, la discusión irá integrando los ejes en cuestión».

El especialista Carrier insistió con que esa perspectiva económica «no es menor. La prestación en sí no se discute (o no tanto), como la forma de hacerla viable. Pero mientras se discute ya entra en vigencia».

Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) se sumaron a la polémica. «No existe ninguna posibilidad de amortizar las inversiones para conectar nuevos abonados ni upgradear tecnología con abonos de internet de $600 o $700. Así que a despedirse del progreso tecnológico en lugares donde la PBU pueda ser un servicio que muchos elijan«, sostuvo Esteban Tocalini, vicepresidente de la entidad.

Y el presidente de CABASE, Ariel Graizer, añadió: «Lo que va a suceder es mayor concentración y menos competencia porque muchas pymes van a dejar de prestar servicio y/o cerrar por no poder sostener su operación a pérdida».

También hubo otros cuestionamientos al alineamiento de Becerra con la posición del Gobierno nacional. El más duro fue el de la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), que lo acusó de formular una «mentira absoluta y total».

Por su parte, la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (CACPY), le preguntó a Becerra: «¿La Prestación Básica Universal la va a subsidiar sólo el sector privado? ¿Qué pone el Estado? Las pymes no lo pueden hacer. No han analizado ningún costo, solo pusieron velocidades y precios arbitrariamente. Los errores los vamos a pagar todos», aseguró CACPY.

«Con seguridad en el ENaCom podrán responder esas preguntas. Yo tengo mi opinión al respecto, pero no es lo que ustedes reclaman en el tuit, ni estoy en condiciones de ponderar su afirmación», respondió el asesor Becerra, intentando cerrar esa discusión.

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