Piden citar a Garrigós de Rébori a Diputados para que explique por qué no recibe a los presos porteños en las cárceles

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Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio encabezados por la legisladora Graciela Ocaña pidieron que la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, sea citada a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja para que explique por qué se negaba a recibir a condenados y detenidos por la Justicia porteña.

El pedido lleva la firma de Ocaña, Álvaro de Lamadrid y Mónica Frade y se apoya en una nota que publicó Clarín hace diez días en la que se advertía sobre las trabas que ponía el SPF para recibir a los condenados y detenidos con preventivas que deberían ser alojados en las cárceles federales .según varios convenios- ya que la Ciudad no cuenta con un sistema penitenciario propio.

En total, según las cuentas que maneja la Justicia y el ministerio de Justicia porteño había unos 400 presos que por la negativa del SPF tenían que ser alojados en comisarías y alcaldías a pesar de que una ley lo prohíbe.

En el escrito, los diputados nacionales señalan que el SPF «habría dejado de recibir en las cárceles, aduciendo una falta de cupos, a unos 400 detenidos. Es un flagrante incumplimiento de las garantías constitucionales que los asisten».

Por eso, solicitan que «la interventora pueda concurrir a la comisión para esclarecer los sucesos». Además, recuerdan que la negativa a recibir presos se da en medio de «la etapa más grave de la pandemia generada por el coronavirus, con el riesgo que ello implica para la salud e integridad física de las personas».

La negativa de recibir a condenados pone a la Ciudad al borde de la ilegalidad ya que una ley prohíbe alojar presos en comisarías.

Pese a todo, en los últimos meses las autoridades porteñas tuvieron que reconvertir varias comisarías, comprar colchones y contratar un sistema de comidas ya que no podían alimentar a los detenidos con viandas. Incluso, en la comisaría comunal 12, ubicada sobre la calle Ramallo cerca de la General Paz, montaron una especie de hospital penitenciario para tratar a los detenidos que se contagiaban de coronavirus, entre otras dolencias. Llegaron a tener a 30 infectados con cuadros leves.

Además, deben disponer de efectivos de la Policía de la Ciudad para custodiar a los presos que no van a a las cárceles. En total, hay unos 600 efectivos destinados a esas tareas. 

Los problemas, aseguran en la Ciudad, arrancaron en marzo pasado cuando se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Desde el SPF, empezaron a trabar los traslados de los presos con el argumento de que podía contagiar de Covid-19 a los otros reclusos y la Ciudad empezó a acumular detenidos.

En el medio, se abrió un expediente judicial luego de que el Ministerio Público de la Defensa porteño a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán presentara en julio pasado un habeas corpus que fue aceptado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere.

La magistrada instó a que se formara una mesa de trabajo conjunta entre los ministerios de Justicia nacional y de la Ciudad, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía porteña, entre otros organismos, pero no tuvo buenos resultados.

De hecho, hace 15 días, la Ciudad dejó asentado en el expediente que por el hacinamiento había detenidos que debían ser alojado dentro de los patrulleros.  

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