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Se sabe que el desafío del gobierno para rescatar al país del desastre económico en el que lo sumergió el macrismo es tremendo. Se sabe, también, de los fuertes condicionantes que existen para encarar una tarea de reconstrucción, por ejemplo los compromisos imposibles de cumplir que asumió la anterior gestión en materia de deuda externa. Lo que en cambio recién se va conociendo, y de a poco, es el inconmensurable estado de deterioro y desmembramiento en el que fue dejada la estructura del Estado por parte de la gestión de Cambiemos. Abandono, desidia, falta de apego a la función pública, ausencia de vocación o una combinación de estos y otros factores, dieron como resultado que el Estado no sólo abandonara sus funciones básicas sino que además quedara desmembrado para retomar esas tareas de inmediato. La tarea «reparadora» que debieron asumir en estas primeras semanas funcionarios que tomaron a su cargo diferentes áreas, particularmente en las vinculadas a la política económica, les está exigiendo un esfuerzo de gestión quizás superior al previsto.
El diagnóstico es compartido por funcionarios de diversas áreas económicas. Industria, comercio, agricultura, banca pública, administración de recursos tributarios y previsionales, entre otras, comparten la preocupación por haberse encontrado con estructuras administrativas desmanteladas y fuerte descoordinación entre áreas internas que, naturalmente, deberían estar conectadas.
No es una novedad que el neoliberalismo de Cambiemos despreciaba la cosa pública. En cambio, lo que empieza a ser evidente ahora es que esa desidia y abandono de políticas y funciones terminaron aislando sectores o destruyendo herramientas y estructuras de regulación.
El fracaso del gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias, pusieron en evidencia la necesidad de una activa intervención reparadora del Estado. Sin embargo, al mismo tiempo salía a la luz que mientras faltaban vacunas en el país para cumplir con los planes obligatorios de prevención, había partidas demoradas de vacunas en Aduana durante varios meses durante el gobierno anterior.
Un caso emblemático de esta ausencia de voluntad política para perseguir objetivos públicos estuvo dado en el Banco Nación. La principal entidad financiera del país fue abandonando las políticas crediticias de respaldo a la producción de pequeñas y medianas empresas, tanto del campo como de la industria. Pero en las últimas dos semanas tomó estado público que había concentrado el 20 por ciento de su patrimonio computable en créditos a una sola empresa, exportadora de granos y elaboración de derivados, que incumplió con la devolución de los préstamos y finalmente se declaró en default cuando cambió el gobierno (diciembre de 2019). Se trata de la firma Vicentin, sobre la que no se tomó ninguna medida de parte de las autoridades del Banco Nación ni siquiera cuando el Banco Central llamó la atención sobre su irregular situación.
El Nación, a su vez, es la entidad que más comprometida quedó con los créditos hipotecarios UVA, una línea que más que fomentar el acceso a la vivienda se convirtió, previsiblemente, en una deuda insostenible para los deudores, que ahora esperan el salvataje oficial. El Banco Nación otorgó aproximadamente el 40 por ciento del total de préstamos otorgados por esta vía.
No fueron circunstancias ajenas a la acción de sus autoridades lo que llevó a los malos resultados de la gestión. El único interrogante a responder es si sólo se trató de impericia o si hubo, en cambio, una decisión de liberada de abandonar determinados segmentos del negocio bancario para dejarle el terreno al sector privado. Banqueros en puestos públicos que en vez de arbitrar utilizaron su puesto para beneficiar la especulación financiera y la fuga de divisas. Anularon medidas de regulación que protegían a deudores de las prácticas usurarias y modificaron el régimen de incentivo a la construcción de la primera vivienda, por un sistema de préstamos con cuotas indexadas que, en una economía inflacionaria como la argentina de 2016 a 2019, era un sendero derecho al precipicio.
Otro ejemplo de esta descoordinación entre brazos de un mismo cuerpo se daba en la AFIP, en la que las áreas de Aduana, DGI y Seguridad Social funcionaban como compartimentos estancos, en los que cada uno se ocupaba de recaudar sin establecerse estrategias de fiscalización cruzada o compartida entre las partes.
Pensar una estructura del Estado más dinámica, con mecanismos de regulación y control inteligentes, en función de objetivos políticos, sociales y económicos definidos, parecería una tarea de mediano plazo. Sin embargo, es la herramienta que el gobierno necesita para resolver los problemas más urgentes.
El neoliberalismo en Argentina buscó deliberadamente debilitar el Estado, ponerlo en el lugar de «enemigo» de la población acusándolo de practicar controles «asfixiantes» o de «meterle la pata en el pecho» al que produce. Fue el argumento de los sectores más enriquecidos de la sociedad, los más favorecidos por las políticas de concentración y de distribución regresiva de impuestos. Pero le hicieron creer a una franja importante de la población que ese era el problema de todos, el de un Estado gigante y fofo que la hacía caer el peso de su infeiciencia sobre los bolsilllos de castigados contribuyentes.
En buena medida, les funcionó. Hoy a un nuevo gobierno de signo muy distinto al neoliberalismo, le toca remontar la situación económica con la debilidad de un Estado destruido. Algunos le aconsejan a los dirigentes gobernantes no hablar de la «herencia recibida», para no confundir su relato con el que utilizó hasta el cansancio el gobierno de Macri (sólo lo cambió cuando ya vio venir su derrota, para pasar a culpar al gobierno por venir, dados los supuestos «temores» que causaba su llegada).
No se trata, sin embargo, de recurrir a fórmulas facilistas y falsas en su contenido, como ocurrió desde 2016 en adelante. Si no de poner en discusión temas cruciales para una nueva construcción social, para pelear por la recuperación de un Estado que atienda la cosa pública en vez de defender y ser funcional al interés privado. Se trata de volver a tener un Estdo en función del interés nacional. Se trata de renacionalizar el Estado.
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