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El gobierno mexicano denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Bolivia por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a sus sedes diplomáticas en el país. Así lo manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, expresando su «preocupación» por el despliegue exagerado de la policía y el ejército bolivianos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó al repudio y dijo que «Eso no lo hizo ni (Augusto) Pinochet». El martes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció la violación del artículo 22 de la Convención de Viena, que establece que «los locales de la misión son inviolables». El expresidente de Bolivia, Evo Morales, repudió el nivel de persecución «al estilo de la dictadura militar».  El gobierno de facto boliviano justificó su accionar argumentando que existen amenazas «creíbles» de ataques contra la sede diplomática. También expresó que la propia embajada mexicana exigió un refuerzo de la seguridad.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a varios solicitantes de asilo en su embajada y en la residencia del embajador en La Paz. Los aceptaron por la «tradición» del país en materia de refugio. «Se les otorgó asilo y se les solicitó que se les confirieran salvoconductos», agregó. Diez días después, el gobierno de facto de Jeanine Añez dictó órdenes de arresto contra varios de los asilados en las sedes diplomáticas mexicanas.

Según explicó el titular de la SRE, el 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y de la residencia unos «90 elementos no solicitados de Policía y Ejército» de Bolivia. «Para hacerles una idea, el número habitual no rebasa los seis», remarcó. A raíz de esto, se contactó a las autoridades bolivianas para mostrar la «preocupación» de México sobre este despliegue y también se estableció contacto con Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

El martes pasado, la Cancillería mexicana había manifestado su preocupación por la vigilancia excesiva del personal de servicios de inteligencia y de seguridad tanto en la residencia como en la embajada de México en Bolivia. A través de un comunicado, Cancillería remarcó que el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que «los locales de la misión son inviolables». 

En su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó que Bolivia «recapacite y respete» el derecho de asilo y se aleje la «tentación» de tomar la embajada de México en ese país. «Eso no lo hizo ni Pinochet», dijo el mandatario, y pidió que prevalezcan «la sensatez y la política».

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Evo Morales condenó días atrás la persecución «al estilo de la dictadura militar (…) al cercar la residencia mexicana con policías  y utilizar drones que violan su espacio aéreo para amedrentar y poner en riesgo la seguridad de los asilados».

Al repudio se sumó el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, que el pasado 29 de noviembre presentó una denuncia
en tribunales federales de la provincia de Córdoba, Argentina, por delitos de lesa humanidad en Bolivia. El colectivo denunció a través de un comunicado que en las últimas horas se produjeron «movimientos inusuales de vehículos y patrullas policiales alrededor de la residencia y, se han reforzado los puntos desde los cuales se vigila el lugar». Para el Comité, Bolivia está viviendo un «estado de excepción que se acerca peligrosamente al terrorismo de Estado».

Entre la veintena de bolivianos asilados en la embajada de México hay seis exministros, entre ellos el exministro de Presidencia Juan
Ramón Quintana, el exministro de Economía y el exministro de Gobierno Hugo Moldiz.
Sobre algunos de ellos pesan órdenes de captura. Pero la sede diplomática se niega a entregarlos, mientras que La Paz rechaza otorgarles salvoconductos para salir del país.

Lejos de retractarse, el gobierno de facto de Bolivia continúa justificando la vigilancia policial extrema en la embajada de México en La Paz. Argumenta que existen amenazas «creíbles» de ataques contra la sede diplomática. «El gobierno de Bolivia comunica que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales e índigenas», expresó a través de un comunicado leído por el secretario privado presidencial, Erick Foronda.

Para «precautelar la tranquilidad de la misión» y «la seguridad» de los funcionarios diplomáticos, el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez «incrementó la presencia de fuerzas policiales» en las afueras de la embajada.  También aseguró que quien solicitó en varias ocasiones reforzar la seguridad en sus sedes diplomáticas en La Paz fue México, país al que acusó de tergiversar la realidad y desafiar a la Justicia boliviana. 

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, expresó en conferencia de prensa que la Embajada de México en La Paz envió en noviembre pasado dos notas pidiendo «reforzar con seguridad policial», ya que se sentían «asediados por movimientos sociales que protestaban al frente» de la sede diplomática. Sin embargo, la Cancillería mexicana insiste en exigir una respuesta «acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas», que son «consideradas parte del territorio nacional de los países que representan».





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