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El kirchnerismo intentará mañana en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura iniciar el procedimiento formal para cubrir los cargos en la Cámara Federal de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó sus traslados pero los consideró provisorios. Empezará así una batalla político-judicial que durará entre seis meses y dos años.

En cambio, la oposición quiere que se decida también mañana sobre todos los concursos que deberían hacerse por ese fallo de la Corte del 3 de noviembre pasado. Estima en 70 los jueces trasladados desde los años 90 hasta el momento, al igual que Bruglia y Bertuzzi durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si el kirchnerismo avanza mañana como hizo en el Senado con designaciones de jueces militantes como en la Cámara Nacional Electoral, la oposición está dispuesta “a sentarse en los expedientes” y esperar trabando los concursos. “No vamos a permitir que meten jueces en “la parrilla” como hicieron en el Senado”, señaló un representante de la oposición a Clarín.

Bruglia y Bertuzzi retomaron el lunes sus cargos e incluso no descartan presentarse en los concursos lo que evitó que ese tribunal de alzada eventualmente colapsara porque habría quedado con solo dos (Martín Irurzun y Mariano Llorens) de sus seis miembros. Lo decidieron luego del octavo Banderazo del domingo durante el cual se le pidieron que continuarán en sus cargos.

El presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones anunció que «deberíamos en un plazo razonable de seis a ocho meses estar designando a los dos integrantes de la Cámara Federal» en lugar de Bruglia y Bertuzzi. Esta comisión está presidida por la lavagnista Graciela Camaño, e integrada por los jueces Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, el rector de la universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, la diputada K Vanesa Siley y el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, junto al representante del Gobierno, Gerónimo Ustarroz. Esta comisión debe decidir con qué concursos empezar.

Tonelli dijo a Clarín que “no sabemos qué va a proponer el oficialismo. De acuerdo con el fallo de la Corte deberíamos hacer unos 70 concursos”. A diferencia de Lugones, estimó que un concurso “no dura menos de dos años” porque hay que sumarle el período de impugnaciones posterior a los exámenes. Sin embargo, una fuente judicial especificó a Clarín que como antes de la reforma constitucional de 1994 no había Magistratura, ni concursos, “el número debería reducirse a 30 trasladados después de 1994”. Así según este criterio, por ejemplo, la jueza federal María Servini no debería someterse a un nuevo concurso porque su traslado fue anterior a 1994.

En el temario oficial  de mañana figuran primero el sorteo de las subcomisiones que intervendrán en el análisis de las impugnaciones de cinco concursos ya hechos, cinco impugnaciones a candidatos –entre ellas la de Elisa Carrió contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla quien postula para la cámara federal porteña- y dos disidencias en cuanto a las valoraciones de candidatos.

Y el punto 17 es la clave. Dice que debe discutirse “la apertura de nuevos concursos y la readecuación de los concursos en trámite de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Bertuzzi Pablo Daniel y otro c/ EN – PJN y otros/ amparo Ley 16.986”.

Allí estará la primera escaramuza de la batalla. ¿Solo abrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi o también los otros 70 (o 30 según la visión más restrictiva)? Otra vez el voto de Camaño será clave. A favor de abrir primero los cargos de Bruglia y Bertuzzi seguramente votarán Ustarroz, Lugones, Molea y Siley. Y en contra, Tonelli, Recondo y Culotta.

Suponiendo que los K impongan su mayoría luego se sorteará el jurado para dirigir el concurso, se publicará el edicto para informar la apertura del concurso en los distintos medios, se abrirá la inscripción de los concursantes y la fecha de examen. Este «sería para mediados de febrero», estimó Lugones quien afirmó que el trámite no durará “más de seis meses”.

Después, del examen se sortea un consejero integrante de la comisión de Selección que se encarga de analizar todos los antecedentes de todos los postulantes que se presentan y se aprueba «un orden de mérito provisorio con la calificación de antecedentes y oposición». El proceso continúa con la comunicación a todos los que participaron en el concurso para que impugnen si entienden que están mal calificados» y cuando concluye la etapa de impugnación, un Comité del que no va a intervenir aquel que participó para calificar los antecedentes, hará lugar o no a las impugnaciones, explicó Lugones.

Con este camino ya recorrido, «se aprueba un orden de mérito provisorio que establece la cantidad de personas que van a ser convocadas a la entrevista, se realiza un examen psicotécnico y luego se lo entrevista en la comisión de Selección, tras lo que se establece el orden de mérito definitivo» que se eleva al plenario de la Magistratura para que las prueba con los dos tercios de sus miembros, es decir 9 de 13 tal como confirmó el fallo de la Corte. Aquí es donde los representantes de Juntos por el Cambio seguro pueden aprobar o bloquear las ternas “sentándose sobre los expedientes”.

El plenario de consejeros deberá aprobar con los dos tercios las ternas con una mayoría de dos tercios de los votos para poder elevarlas al Poder Ejecutivo para que elija uno y luego pida el acuerdo del Senado.

Afuera de temario, está el pedido del juez Eduardo Farah, quien solicitó el traslado en el 2018 a un tribunal y ahora quiere volver a la Cámara Federal.

Otro tema que queda pendiente es que el fallo de la Corte declaró inconstitucional la resolución 183 con que se inició la revisión del traslado de Bruglia, Bertuzzi y otros ocho jueces y el reglamento de la Magistratura para este tema. En este punto, coinciden opositores y oficialistas deberá el Congreso dictar un nuevo reglamento, de acuerdo al fallo de la Corte del 3 de noviembre pasado.

Ese fallo de la Corte abrió una Caja de Pandora para una Magistratura dividida por la grieta y sujeta a las presiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una solución para equilibrar la situación sería que la Corte vote, entre “los 200 fallos” que sacará en los próximos días, si es constitucional la reducción del número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 que hizo votar Cristina Kirchner como presidente para darle más poder al gobierno de turno. El caso está en el máximo tribunal desde el 2014 y ya pasó por todas las vocalías.

El caso del juez del Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) Germán Castelli, que también presentó un pedido de per saltum a la Corte luego que por el mismo proceso se suspendiera la revisión de su traslado, el Consejo de la Magistratura, por ahora, no tiene intervención. Sucede que primero, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra debe ajustar su reclamo al fallo de la Corte y recién luego el máximo tribunal quedará habilitado para intervenir. Este trámite le permitió a la mayoría de la Corte sacarse presión política sobre el tema de los traslados. Así Castelli se reintegró al TOF 7 que tiene que iniciar el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita que recaudó más de 100 millones de dólares a través del ex secretario de Planificación, Roberto Baratta, según se acreditó en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

A la luz del fallo de la Corte otro problema podría darse con el proyecto de reforma de la Justicia que tiene media sanción del Senado. El diputado de Juntos por el Cambio, Jorge Enriquez, dijo a Clarín que aún no tiene dictamen en la comisión de Justicia de la cámara baja y que estima que el oficialismo lo moverá en las sesiones extraordinarias. Enriquez considera que, en principio, “no sería un trasladado” enviar jueces del fuero penal ordinario y penal económico al fuero federal, tal como establece ese proyecto. Pero si un ciudadano opinara lo contrario podría comenzar una causa y abrir un nuevo el debate jurídico por el paso de esos jueces de un fuero a otro sin acuerdo del Senado.

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