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Los puntos negros de Vicentin que el juez no vio | …

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Una «auditoría de corte» realizada en Vicentin SAIC por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por expreso pedido de la intervención designada por el DNU 522, revela las graves irregularidades en la administración de la empresa, la falta de controles internos y ausencia de documentación respaldatoria de las operaciones que se declaran. Además, se detectan millonarias operaciones en los días previos a la declaración de cesación de pagos (cinco de diciembre de 2019) de transferencias entre empresas vinculadas. La venta de las acciones que poseía Vicentin Uruguay en la empresa Renova, considerada una de las «joyas» del grupo, apenas es mencionada en actas de directorio como un informe de «avance en las tratativas de venta» sin evaluación de las razones ni conveniencias de la operación, siendo que se concretó por una cifra millonaria (122 millones de dólares) y apenas tres días antes de la cesación de pagos. Por otra parte, ese mismo día, el 5 de diciembre, se informa «la venta total del paquete accionario de Tastil SA a Losagor SA por 1,6 millones de dólares», sin otra referencia en el Acta de Directorio respectiva (AD 2465). Una operación sobre la que, hasta ahora, no existían referencias.

Todos estos elementos, junto a otros de igual gravedad, como que Vicentin SAIC no presentó los balances del último ejercicio para acompañar su pedido de Convocatoria de Acreedores en febrero de este año, están siendo evaluados tanto por la Intervención que encabeza Gabriel Delgado –hoy inactiva por decisión del juez comercial Fabian Lorenzini- como por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Se descuenta que esta última incorporará todas las irregularidades comprobadas por la Sigen, en la ampliación del pedido de desplazamiento del Directorio de Vicentin que realizó en la última semana, pidiendo a la vez el nombramiento de una intervención judicial. El juez Lorenzini había abierto un proceso de «incidencia por separado» por las graves denuncias, de las que pidió ampliación de pruebas. En las próximas horas, estas pruebas estarán sobre su escritorio.  

Además el estudio, hecho en apenas cuatro días y sin contar con la colaboración de directivos ni gerentes de la empresa, muestra la «confusión» reinante entre las cuentas de Vicentin SAIC y otras doce empresas gestionadas por la misma administración en el mismo domicilio. Las actas de directorio carecen de análisis de operaciones trascendentes, como venta de empresas o participaciones accionarias millonarias en dólares, como así tampoco se exhiben los planes estratégicos de mediano y largo plazo ni los planes de inversión. 

Auditoría interruptus

Al poco tiempo de que empezó con su tarea, interrumpida una semana y media después, los interventores en Vicentin entendieron la necesidad de contar con una «auditoría de corte de documentación y cierre de libros», el cual podría presentar ante los acreedores de la empresa y el propio Estado nacional para evaluar los caminos factibles para el rescate de la actividad del holding. Convocó a la Sigen como organismo de control, que inició su tarea el martes siguiente a la llegada de Luciano Zarich (subinterventor) a la planta, pero sólo la puso continuar hasta el viernes siguiente, 19 de junio, cuando el juez Lorenzini resolvió la restitución del Directorio encabezado por Sergio Nardelli al frente de la empresa. 

El período de la auditoría fue breve pero suficiente para detectar graves irregularidades. Comprobación que, por otra parte, compromete la actuación del juez y de los síndicos, que no advirtieron o no le otorgaron importancia a las graves fallas de documentación y procedimientos. Principalmente, no haber presentado el último balance (cerrado el 31 de octubre pasado) como para exhibir la situación de la empresa ante los más de 2600 acreedores que fueron empujados al concurso. 

Las observaciones principales del informe de la Sigen, según pudo comprobar Página/12, fueron las siguientes:

Todo en familia. «Falta de información y documentación relacionada a la
verdadera integración del Holding de Sociedades que integra Vicentín SAIC, impidiendo
verificar la real conformación del mismo. Se solicitó formalmente información sobre la composición accionaria de las
Sociedades en las cuales la empresa es accionista minoritario, así como cualquier
otra documentación que permitiera comprender la relación existente entre las Sociedades Vicentin S.A.I.C y Vicentin Family Group, datos que no fueron proporcionados». 

En un mismo lodo. «La propia empresa, en el acta de
Intervención labrada con fecha 11/06/20, deja constancia que Vicentin S.A.I.C.
administra a Buyanor S.A., Algodonera Avellaneda S.A, Oleaginosa San Lorenzo SA,
Renopack, Sir Cotton SA, Emulagrain SA, Sottano SA, Servicios Fluviales SRL, Rio del
Norte SA, Vicentín Desarrollos SA, Sudestes Textiles SA y Diferol SA». Todos bajo una misma área administrativa y en el mismo domicilio, incluso en aquellas que Vicentin tiene una participación mínima en las acciones. En Algodonera y Sir Cotton figura con el 3%, en Buyanor con el 0,6. 

La caja de todos. El arqueo verificó la existencia de 5.865.397 pesos en efectivo. El Tesorero (único para todas las empresas) aclaró que lo que pertenecía a Vicentin era 4.422.344 pesos. Del resto, algo más de 1,4 millones correspondían a Algodonera Avellaneda, y el resto en pequeñas proporciones de Buyanor, Río del Norte, Oleaginosa San Lorenzo y Emulgrain, en una llamativa confusión patrimonial de activos. 

Movimiento sospechoso. De acuerdo a los registros proporcionados, previo a que Vicentín SAIC se declare en
cesación de pagos, el 5 de diciembre de 2019, el grupo emitió cheques por
$90,7 millones de pesos, de los cuales $78,5 millones fueron emitidos por Sociedades
Controladas a favor de Vicentín SAIC. No hay una justificación clara sobre estas transferencias entre las firmas del grupo, sobre lo cual tampoco informa el documento que Vicentin presentó en su decargo días atrás. 

Que no conste en Actas. «De la lectura de las actas de Directorio se puede visualizar el escaso análisis de los temas
tratados en las reuniones del Órgano de Administración. En ese sentido, no se hace
referencia a contar con Informes de las Áreas técnicas y Legales que sustenten el
temperamento adoptado por dicho Órgano societario, en las resoluciones adoptadas». Cita los ejemplos ya mencionados de la venta, en una misma semana pero informadas por actas separadas, de Renova SA (Actas de Directorio 2461 y 2463) y Tastil SA (Acta de Directorio 2465), En las referidas a Renova, «más allá de informar el avance en las tratativas de venta y de ratificar la gestión
desarrollada por los apoderados de la empresa, no se consigna en el acta ni en informes
adjuntos, los montos de la operación involucrados ni la razonabilidad de los precios de las
acciones transferidas, ni la aplicación de los fondos resultantes de dicha operación», que
habrían sido superiores a los $ 122 millones de dólares. Ambas operaciones, casi simultáneas con la declaración de cesación de pagos.

Muchos de estos elementos aparecerán informados en la presentación que haga esta semana la IGPJ de Santa Fe, que insistirá en la intervención judicial que había propuesto el gobernador Omar Perotti. Por otra parte, esta auditoría y otros elementos que van apareciendo, van transformando los «indicios» que se expresaron como «sospechas» de vaciamiento, administración fraudulenta, lavado de activos y evasión agravada, enr elementos de prueba que reclaman una investigación penal a fondo.

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