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Poco se sabe de los detalles de la tan anunciada reforma judicial de Alberto Fernández, aunque varias fuentes coinciden en señalar que se trata de la base del proyecto que provocó la eyección de Gustavo Beliz en el 2004 del gobierno de Néstor Kirchner: fusionar a los 12 jueces federales de Comodoro Py, con los 11 del fuero penal económico y los 63 de la justicia en lo criminal correccional. Así las futuras causas por corrupción se sortearían entre 86 magistrados.

De esta forma, se diluiría el poder de “los doce apóstoles” de los tribunales de Retiro, aunque ahora son once porque Sergio Rodríguez pasó a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Los doce son poderosos porque todas las causas por corrupción cometidas por un funcionario nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires es de su exclusiva competencia, según la legislación actual. Un versión abreviada sería solo fusionarlos con los juzgados correccionales o penales económicos vacantes. Estos últimos están especializados en contrabando y evasión impositiva.

Pero no es tan sencillo. El proyecto también debería darle la categoría de federales a los fiscales de esos fueros y fundir a las cámaras de apelaciones. Los kirchneristas están preocupados porque las dos salas de ese tribunal de alzada, la semana pasada, ratificaron a Martín Irurzun como su presidente, pese a los ataques y amenazas K a que el camarista se encuentra sometido. Si se sumarán las dos salas del fuero penal tributario habría cuatro. No se podría sumar a la cámara del fueron criminal correccional porque “¿sino quién investigaría los crímenes comunes en la Capital?”, se preguntó un juez federal al suponer cómo sería la versión final de la reforma.

Sin embargo, en Comodoro Py sospechan que la reforma es, en realidad, “una cortina de humo” para ocultar la verdadera jugada para lograr el cierre de todas las causas en que Cristina Kirchner está procesada o imputada. Esa eventual fusión no impactaría en la marcha de las causas por corrupción K que ya están abiertas, sino en las futuras. Ninguna ley puede ser retroactiva. Del fuero federal lo que más le importa a los K mirando al futuro son los tribunales orales que deben juzgar las causas por corrupción que terminaron ya su instrucción. Si lograran sumar un par de tribunales orales del fuero de instrucción podrían forzar “una distribución de las causas” entre jueces enrolados en el kirchnerismo, sospechó otra fuente judicial.

Sin embargo, en los tribunales de Retiro creen que la jugada más efectiva y rápida para beneficiar a Cristina sería tratar de activar los recursos extraordinarias que su defensa elevó a la Corte Suprema. Una versión que circula por los pasillos judiciales dice que los kirchneristas buscan que “todas las causas contra Cristina, Máximo y Florencia están cerradas antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo”. Los K saben de los apuros de Cristina. Quizás la decisión de Alberto de adelantar el envío de la reforma a las extraordinarias tenga que ver con ese empuje K. Su ministra de Justicia, Marcela Losardo, recientemente había dicho que era un tema delicado y que se iba a esperar hasta marzo para mandar el proyecto al Congreso. Y la perspectiva del ex presidente Carlos Menem que tiene causas abiertas desde hace 19 años no entra en esos deseos de celeridad.

El 1°de marzo es un plazo muy corto pero los K ya habían logrado, en marzo del 2015, que el juez federal Daniel Rafecas archivara en menos de un mes la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman por el encubrimiento de cinco iraníes en el atentado terroristas más grande que sufrió la Argentina. Otra vía sería buscar una rápida aprobación del pliego de Rafecas como Procurador General de la Nación -el jefe de todos los fiscales- y que éste eventualmente falle a favor de los recursos extraordinarios de Cristina en la Corte que, en general, sostienen que no hubo debido proceso ni delito o que por ejemplo el direccionamiento de obras públicas por 3 mil millones de dólares a favor de Lázaro Báez ya fue juzgado por la justicia de Santa Cruz. Está posibilidad se confirma en la reactivación de maniobras K, a través de sus medios afines, contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, nombrado por el ex presidente Mauricio Macri, y uno de los potenciales ministro que no darían su aprobación. Incluso, esta semana se reavivó la feroz interna entre los cortesanos por una de esas jugadas. Y, a mediados de año, tras una gestión de Alberto Fernández, la Corte había pedido sorpresivamente la causa Vialidad al tribunal oral federal 2 que, finalmente, lo devolvió frente a la ola de críticas que provocó la medida.

Para los K, Rafecas sería otro ladrillo del “muro de protección judicial” que crearon alrededor de Cristina, quien se aseguró al viceministro de Justicia y ex número dos de la AFI, Juan Martín Mena, al Procurador General del Tesoro, Carlos “Chino” Zannini -uno de los más inteligentes alfiles K-, al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, más dos fieles en el Consejo de la Magistratura, y los candidatos a la dirección y vice dirección de la estratégica Unidad de Información Financiera (UFI), Carlos Cruz y Mariana Quevedo. Cruz es un abogado peronista de confianza de Alberto y Quevedo fue la segunda del ex titular de la UIF, José Sbatella, que -a criterio de Elisa Carrió- “encubrió” operaciones de lavado de Sergio Schoklender y otros ex socios K.

Más allá de las buenas intenciones de Beliz o Losardo, los kirchneristas analizan en su laboratorio judicial ésas y otras jugadas para lograr una rápida absolución de su jefa. No quieren dejar que los jueces decidan sobre hecho y prueba o acelerar la puesta en vigencia en todo el país del nuevo Código Procesal Penal para que las investigaciones queden directamente en manos de los fiscales y así los juicios por corrupción no duren, como hasta ahora, un promedio de 16 años.

El enorme equipo de abogados y funcionarios que asisten a Cristina y otros procesados K, por un lado, sabe que en estos tiempos de cambios políticos algunos jueces no esperaron la sanción de una reforma sino que ya cayeron en lo que la académica norteamericana Gretchen Helmke llama “la lógica de la defección estratégica” y firmaron una serie de fallos que favorecen a la ex presidenta. Por otro, conocen que una vez que se puso en marcha la maquinaria judicial con juicios orales -la vicepresidenta tiene ya seis- es difícil frenarlos y por eso presionan con su invento conceptual del “lawfare”, que implica un supuesto complot de EE.UU., jueces y medios contra los gobiernos populares. Pero pese a las presiones, varios jueces resisten y otros no pondrán su firma en decisiones eventualmente irregulares, sobre todo con una sociedad civil que -como nunca en la historia- se moviliza por estos casos.



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