Las offshore locales que Macri nos legó | Intentan …

Los intentos de regular el accionar de las denominadas sociedades por acciones simplificadas, creadas por una ley del macrismo de 2017 como una modalidad de «sociedades off shore locales«, está chocando contra la fuerte resistencia de grupos corporativos que se expresan, principalmente, a través de los principales estudios jurídicos que accionan en el fuero comercial. El proyecto de ley de regulación del régimen de las SAS, presentado por el Frente de Todos, tiene media sanción del Senado desde junio. Pero cuando estaría ya pronto a entrar a su tratamiento en comisiones en Diputados, un nuevo embate de los lobbies antireglamentación busca bloquear su avance. 

La ley 27349, sancionada en abril de 2017, crea un nuevo tipo de sociedad, las SAS, caracterizadas por la simplificación de su constitución. Fue impulsada por Cambiemos y denominada «ley de apoyo al capital emprendedor». Sin embargo, en estos tres años se comprobó que, en general, no son «emprendedores» quienes están detrás de estas sociedades, sino actividades irregulares que se aprovechan de la opacidad y escasos requisitos de constitución, «como instrumento apto para concretar cualquier tipo de delitos, como la evasión impositiva, la fuga de capitales, el peculado y hasta el tráfico de estupefacientes«. 

Esta última caraterización es del director de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJN), Ricardo Nissen, quien desde el mes de marzo de este año ha dispuesto una serie de normas reglamentarias a las SAS, a través de resoluciones generales de carácter obligatorio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta postura de fiscalización por parte del Estado despertó todo tipo de reacciones, y en particular de grandes estudios jurídicos locales vinculados en general a grandes empresas nacionales e internacionales, y no a «pequeños emprendedores».

Dicha contradicción se puso aun más de manifiesto con el amparo judicial contra las resoluciones reglamentarias de la IGJN por la denominada Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA). La entidad, que hizo su aparición pública con esta denuncia el 15 de mayo, asumió la representación de tres sociedades por acciones simplificadas (SAS), con el concurso de ocho abogados más otros 16 que firman en adhesión.

Desde su puesta en vigencia, la ley de creación de las SAS produjo la constitución de 11.191 sociedades de este tipo. Pero a partir que la IGJN empezó a ejercer controles y procedimientos sobre casos sospechosos, además de dictar normas de reglamentación, no se inscribió ninguna más. 

No es casualidad, opinan varios especialistas, que las mismas hayan hecho su aparición en el universo societario argentino, una vez difundidos públicamente los escándalos de los “Panama Papers” en 2016 y “Paradise Papers” en 2017. La ley 27349 de “apoyo al capital emprendedor” incorporó una nueva sociedad, utilizable por cualquiera, muy similar a las sociedades off shore, pero de validación local.

El Senado le dio media sanción  a la ley de reforma del régimen de las SAS el último 11 de junio. Al defender el proyecto, el senador Oscar Parrilli denunció que «el macrismo presentó la ley diciendo que era en apoyo al capital de los emprendedores, pero cuando se revisa la acción de más de 11 mil SAS creadas bajo este régimen, se ve que se utilizaron como instrumento para comprar propiedades de ocho millones, diez millones, otras de 500 mil dólares, además de otras SAS que tenían algunos funcionarios para estafar al Estado. Ahora, resulta que cuestionan a la Inspección de Justicia porque investiga la relación de unas 40 SAS con operaciones de lavado de dinero«. 

Frente a la carencia absoluta de controles, Nissen llevó «a la IGJN a asumir la intervención activa en el control de la constitución de las SAS y su funcionamiento, dados sus notorios abusos«, según explicó. La curiosa acción de amparo contra la IGJN pide que se declare la «nulidad e inconstitucionalidad» de siete resoluciones generales dictadas entre marzo y mayo de este año referidas al funcionamiento de las SAS.

Esta original demanda de
amparo, en la cual ninguna de las tres SAS supuestamente perjudicadas invocó
lesión alguna en sus derechos, se formuló cuando todos los plazos
administrativos y judiciales estaban suspendidos y en el marco de una Feria
Judicial Extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema en virtud de la pandemia
del COVID 19.

Además, pese a que se planteó contra resoluciones de un organismo federal (la IGJN depende del Ministerio de Justicia), fue presentada ante el fuero comercial, recayendo en manos de la jueza subrogante Paula Hualde. Una magistrada que tiene antecedentes de fallos mayoritariamente favorables a los intereses defendidos por los grandes estudios jurídicos de las corporaciones, recordada además porque fue la que ordenó el desalojo del Hotel Bauen, cuando el dueño original se había fugado y los trabajadores habían formado una cooperativa para volver a operarlo. No son pocos los que sospechan de una mano invisible que guió el destino de la causa, también denominado «forum shopping«.

La comisión de Legislación General de la Cámara baja, que encabeza Cecilia Moreau, intentará tratarlo la semana próxima. Por afuera de los ámbitos legislativos, y quizás también adentro, un poderoso lobby trata de impedirlo.