La trama secreta del ataque de Cristina Kirchner contra el jefe de los fiscales

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En la justicia que viene -un sistema acusatorio que hasta ahora sólo se aplica en Jujuy y Salta, pero que avanzará en breve hacia todo el país- la botonera para impulsar o frenar causas judiciales estará en la Procuración General de la Nación, donde habita el jefe de todos los fiscales federales del país. Ése es el cargo que Cristina Kirchner, en estas horas, se obsesiona con conquistar con alguien de su tropa, pero para sí misma.

La vicepresidenta puso a todo su equipo jurídico y político cercano a trabajar en una tríada de objetivos judiciales: la reforma judicial (para crear más cargos que licuen el poder actual de Comodoro Py), la reforma de la Corte (a través del estudio de una comisión de “notables” conducida por su abogado personal, Carlos Beraldi) y el desplazamiento del procurador general, Eduardo Casal, para colocar en ese puesto estratégico clave a alguien bien cercano.

Necesita a un Carlos Zannini -actual jefe de los abogados del Estado-, pero al frente de los fiscales, que son los que en breve van a conducir todo el proceso de una investigación penal. Con el nuevo sistema, quien tenga allí un soldado propio podría manejar las causas desde su mismo inicio.

El actual procurador Casal es un hombre de larga trayectoria judicial y procurador fiscal ante la Corte desde hace 28 años. Llegó al cargo máximo tras la renuncia de la procuradora anterior, Alejandra Gils Carbó, quien lo nombró como su sucesor natural transitorio de acuerdo a la ley -era el fiscal ante la Corte más antiguo- hasta que el Senado nombrara a su reemplazante.

Como esto no ocurrió y el Senado que preside Cristina aún no tiene consenso para ungir a un nuevo candidato con los dos tercios que hacen falta, comenzó una ofensiva para conseguir que Casal deje su cargo… por las malas.

Si esto ocurriese -calculan en el entorno de Cristina- la segunda de Casal (Laura Monti) se iría con él y quedaría como sucesor natural el tercer fiscal ante la Corte en antigüedad: Víctor Abramovich, ex director del CELS y uno de los firmantes de la solicitada que dio origen a Justicia Legítima. Alguien mucho más afín a la estrategia de Cristina hasta que se consiga un nuevo nombramiento.

El procurador Eduardo Casal, en el Congreso. Foto Juano Tesone.

El procurador Eduardo Casal, en el Congreso. Foto Juano Tesone.

El encono contra Casal fue en aumento desde la Operación Puf -cuando vincularon al fiscal Carlos Stornelli con una operación de espionaje en el juzgado federal de Dolores para tratar de voltear la causa de los cuadernos que el oficialismo llama “de las fotocopias”-, entendiendo que el procurador fue «blando» con Stornelli, que tardó siete meses en presentarse ante el juez de Dolores que lo había citado. En los hechos, Casal sancionó a Stornelli con un apercibimiento.

Pero la ofensiva recrudeció en plena pandemia, cuando Cristina “apuró” a la Corte para que le dijera si las sesiones virtuales del Senado tendrían validez y Casal dictaminó que eso era una atribución del Congreso y que a la Corte no le correspondía opinar sobre el asunto. Un tema técnico que Cristina leyó como un entredicho personal.

Pero, ¿cómo echar a Casal? Primero hay que acusarlo de algo. Después, conseguir armarle un juicio político en el Congreso donde harían falta los dos tercios de ambas cámaras, una cifra que por ahora es inalcanzable para el oficialismo.

La otra opción es forzar un juicio interno: que el tribunal de enjuiciamiento que funciona dentro de la propia Procuración para enjuiciar fiscales le haga un proceso al procurador. ¿Es esto posible?

El cargo de procurador está fuera del alcance de ese tribunal, que es para sus subordinados. Pero el kirchnerismo duro sostiene que Casal es un fiscal cumpliendo las funciones del procurador y no un procurador legítimo. Por eso quiere forzar un juzgamiento político allí mismo.

En la Procuración entienden que quien cumple la función de procurador, aunque sea transitorio, ejerce plenamente sus atribuciones y responsabilidades y, por lo tanto, le corresponde también ser juzgado como tal. No se puede ser al mismo tiempo procurador general para ejercer todas las responsabilidades del cargo y fiscal común para ser enjuiciado por un tribunal interno, razonan desde ese lado.

El tribunal interno tiene 7 miembros y el kirchnerismo duro estaba representado por dos, contra cinco votos independientes. Pero una maniobra en el Senado le permitió reemplazar a un “contrario” por uno propio y pasar de un 2-5 a un 3-4. Los nuevos integrantes del tribunal juraron el viernes 11 de septiembre ante el propio Casal.

La “causa” para enjuiciar al procurador ya está en marcha. Se gestó durante aquellos días de la Operación Puf -adelantada por el diputado Eduardo Valdés- a través de varias ONGs que presentaron al Congreso distintas denuncias contra Casal, sobre todo por nombramientos y reemplazos que consideran incorrectos y por otros temas de gestión, como la creación de un área especializada en terrorismo internacional.

Lo notable es que las presentaciones de estas ONG tienen idénticos argumentos sobre los mismos temas, que parecen copiados y pegados de los argumentos salidos de la usina del Frente de Abogados Populares (FAP) integrado, entre otros, por militantes de La Cámpora, Justicia Legítima y el Movimiento Evita y al que adhieren, entre otros, Juan Manuel Valdés -legislador porteño e hijo de Eduardo, de la Operación Puf– y Adrián Albor, abogado de Luis D’Elía.

Alguna de esas ONG, además, representa a estudios de abogados del norte de la Provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, donde se desempeña el fiscal Juan Patricio Murray, de fuertes vínculos con el CELS y miembro fundador de Justicia Legítima, la organización de magistrados kirchneristas a la que pertenecía la antecesora de Casal, Gils Carbó.

Murray está actualmente en la oficina de Derechos Humanos de la Procuración en Rosario. El titular de esa oficina es Adolfo Villate, el fiscal que llevó adelante la acusación contra José María Campagnoli, finalmente sobreseído por el mismo tribunal al que ahora quieren forzar para que juzgue a Casal. Campagnoli había sido enjuiciado tras ser desplazado cuando era el fiscal que investigaba la causa conocida como La ruta del dinero K.

Si los pedidos de esas ONG contra Casal prosperan, se abre el espacio para el ascenso de Abramovich, como buscan los operadores de Cristina.

Otra de las ONG que denunciaron a Casal es presidida por el abogado Gastón Carrere, que argumentó cuestiones técnicas en el escrito pero cuando fue a declarar al Congreso sólo habló de la lentitud del procurador para sancionar a Stornelli porque no se presentaba en Dolores, la verdadera espina de los operadores de Cristina por la Operación Puf. Carrere fue socio del estudio de Valdés, el diputado que anticipó la maniobra contra la causa de los cuadernos hablando por teléfono con el preso K Juan Pablo Schiavi.

Es decir, un socio del diputado que quiere voltear la investigación de los cuadernos contra Cristina aparece denunciando al procurador que quiere desplazar Cristina.

Diputado Eduardo Valdés, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Diputado Eduardo Valdés, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Algo más: otra de las abogadas que denuncia a Casal es Natalia Salvo, en representación de una ONG que tiene como sede el mismísimo Instituto Patria. Salvo, además, es la abogada del “productor agropecuario jubilado” cuyo testimonio se usó para armar la Operación Puf contra los cuadernos en Dolores. El mundo es un pañuelo.

Con los argumentos de todas esas ONGs, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del Ministerio Público comenzó a impulsar un juicio para Casal, a quien comenzó llamando procurador transitorio para luego llamar procurador interino de facto y denominar luego, en las últimas sesiones, fiscal, a secas.

Si es un simple fiscal y no el procurador, la obsesión del juicio político para desplazarlo quedaría al alcance del tribunal interno que ahora buscan reforzar con miembros propios.

Los miembros juzgadores que asumieron el viernes son cuatro, dos titulares y dos suplentes. Por el Senado, César Grau -asesor del diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tahilade- y su suplente Heliana Gualtieri, asesora personal de la senadora Anabel Fernández Sagasti, la “mimada” de Cristina que anunció la finalmente malograda expropiación de Vicentín.

Y, por el Poder Ejecutivo, Héctor Recalde -padre de Mariano, senador de La Cámpora– y su suplente Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal y hombre del viceministro de Justicia ultra K Juan Martín Mena.

Héctor Recalde (derecha) con el senador Oscar Parrilli.

Héctor Recalde (derecha) con el senador Oscar Parrilli.

Para apuntalar al desgaste de Casal, esta semana la mayoría de Cristina en el Senado votará una resolución para hacerle una denuncia penal a la que la oposición ya anticipó su rechazo. La denuncia penal es por no tomar juramento a los miembros del tribunal a los que ya les tomó juramento el viernes. Es decir, la mayoría de Cristina en el Senado quiere denunciar a Casal acusándolo de no hacer algo que acaba de hacer.

La presión se acelera a medida que el valor estratégico del procurador crece: ahora irrumpió en la agenda política el recorte de coparticipación a la Ciudad que Horacio Rodríguez Larreta llevará a la Corte. Antes de que se expida el tribunal, debería dar su opinión Eduardo Casal, el procurador que Cristina quiere ver afuera cuanto antes.

Manejar la botonera de la Procuración significará, con el sistema acusatorio, tener el poder de decidir qué se investiga y qué no, además de elegir con plenos poderes quién investiga y quién no determinado caso.

El poder para decidir qué jurisdicción judicial comienza a aplicar el sistema acusatorio lo tiene una comisión bicameral que maneja Cristina a través de la senadora Fernández Sagasti, nombrada en ese cargo el 1º de julio pasado, en plena pandemia. Ese fue justo el mes en que comenzaron a aparecer masivamente en el Congreso las denuncias de las ONG kirchneristas contra el procurador Casal.

El organismo que preside Fernández Sagasti podría determinar que ahora el sistema rige en la justicia federal porteña y automáticamente todas las causas contra la vicepresidenta y sus aliados -igual que las que se presentaron contra el gobierno de Macri- quedarían bajo el ritmo que quiera imponerles el procurador de turno.

Ese botón mágico es la nueva joya fulgurante que la vicepresidenta quisiera incorporar a su alhajero personal antes de que termine el año.

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