La Sociedad Interamericana de Prensa le pidió a Alberto Fernández «no retroceder al pasado»

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por «el hostigamiento y la estigmatización en contra de periodistas argentinos» por parte de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y pidió al presidente que no permita al país “retroceder al pasado”.

El mensaje de la SIP al presidente se da en medio de las amenazas de procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de los periodistas Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

Por su parte, el pedido de “no retroceder al pasado” es en referencia a “las reiteradas veces que la SIP tuvo que recriminar conductas de instigación gubernamental en contra de medios y periodistas“ durante los gobiernos de Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, mostró su preocupación y dijo: “Lamentamos que nuevamente tengamos que prestar atención a la Argentina, porque creíamos que la persecución, el acoso y la estigmatización gubernamental contra medios y periodistas era cosa del pasado”.

Barnes, director del diario jamaiquino The Gleaner, agregó: “Esperamos que el presidente Fernández, respetuoso de las garantías constitucionales, aliente la moderación de sus funcionarios y no permita al país retroceder al pasado en materia de libertad de prensa y expresión”.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal mexican, La Silla Rota, expresó: “Nuestra preocupación es porque la experiencia nos enseñó que el hostigamiento verbal o virtual y la estigmatización, más allá de la intención de buscar restar credibilidad a los periodistas, indefectiblemente son el preámbulo de la violencia”.

Las autoridades de la SIP dijeron que el discurso de odio, que actualmente  genera un trascendente debate a escala mundial, “además de incentivar la violencia, debilita la libertad de prensa y a la democracia“.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.

Esta semana, en tres comunicados que difundieron por separado, la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) criticaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner por un video de hace dos semanas en el que acusó a varios periodistas de ser cómplices de una asociación ilícita que la espió ilegalmente; y al senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) por el hostigamiento a periodistas como Luis Majul, Jorge Lanata​, Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki.

«Cuando la democracia necesita más que nunca encontrar los consensos, declaraciones como las del senador Oscar Parrilli afectan el clima de respeto y de diálogo. Con esto, solo se consigue imponer miedo y autocensura, y se atenta contra la libertad de expresión», sostuvo el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), luego de que el senador K calificara a Luis Majul como un «agente de inteligencia inorgánico”.

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Parrilli comparó el jueves a Lanata con el represor de la dictadura (Alfredo) Astiz, en una actitud insólita pero que revela el nivel de la operación contra los periodistas que había empezado el año pasado, con la Operación Puf contra Santoro en el juzgado de Dolores, de Alejo Ramos Padilla. 

El senador kirchnerista y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cristina Kirchner dijo a radio El Destape que hay «una lista de periodistas además de Majul», entre los que mencionó a Lanata, Santoro y Wiñazki, como periodistas que estaban en «connivencia» con los agentes de inteligencia. Según su visión, Majul «no hacía periodismo, hacía tareas de inteligencia y eso está vedado por la ley».

Luego de la declaración de FOPEA, el senador kirchnerista redobló la apuesta y planteó que «Lanata es al periodismo, lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos», en una insólita comparación del periodista con el genocida condenado por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, ADEPA sostuvo que «pretender responsabilizar a un periodista por el origen de una información o identificarlo con quien puede ser una de sus fuentes es desconocer la esencia del periodismo de investigación. Además, esto afecta el derecho a resguardar el secreto profesional, amparado por la Constitución Nacional».