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IDENTIDAD EN COMUNICACION

La nueva/vieja reforma judicial y el club de los gobernadores

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Alerta opositora ante reforma por anegamiento de la Justicia

El fin de año enciende luces amarillas para todos. El Gobierno filtra en los medios, distraídos por el debate de las emergencias, la madre de todas las reformas, la del sistema judicial. La oposición mandó a sus expertos a preparar un estudio sobre los cambios que Alberto Fernández agita como uno de los temas de las sesiones extraordinarias. Hasta donde se conoce, la idea es vieja: desbaratar el sistema de poder que la dirigencia cree que opera desde los tribunales de Comodoro Py mediante el anegamiento. Es decir, fusionar los juzgados federales con los nacionales del distrito CABA y los del conurbano y disolver ese poder que creen que toma rehenes.

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Jorge Bacqué, un liberal que integraba la Corte Suprema desde 1983, renunció al tribunal en 1990 cuando el gobierno de Carlos Menem promovió la ampliación de cinco a nueve miembros, y usó la metáfora de la reforma por anegamiento como intención de construir una mayoría distinta en el Máximo Tribunal. El Gobierno apela -en lo que filtra a la opinión pública- al mismo mecanismo para resolver un problema y una solución que son lo más parecido a una política de Estado. Todos los gobiernos de los últimos 20 años se han propuesto atacar las trincheras de Comodoro Py con la misma estrategia. Fracasaron todos porque la Justicia demostró tener más poder que los políticos.

El mismo loco, loco afán

La oposición radical admite que el proyecto albertista, hasta donde se conocer, repite la misma música. Temen, sin embargo, que la reforma sirva a los intereses de ex funcionarios del peronismo –entre ellos Cristina de Kirchner– para sacarse de encima procesamientos que están algunos ya en pleno debate judicial. La idea de ampliar para disolver el poder de los jueces fue una de las conclusiones de una comisión que coordinó, bajo el gobierno de la Alianza, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra. Antes de 2001 esa comisión emitió un pliego de proyectos que avalaron expertos de todos los partidos, entre ellos León Arslanian, gran gurú de penalismo peronista.

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La caída de aquel gobierno frustró la reforma. La retomó en 2003 Gustavo Béliz como ministro de Néstor Kirchner. Duró poco en el cargo y tampoco pudo hacer nada. Lo arrastraron peleas internas que continúan hoy –como la que tiene con el sistema de espionaje– cuando es de nuevo funcionario. En 2015 el proyecto Justicia 2020 que coordinó Gil Lavedra retomó aquella reforma, que también quedó en el camino. Germán Garavano intentó en su momento una federalización de los juzgados nacionales con los de Comodoro Py y los del conurbano con el argumento de que había que mejorar la lucha contra el narcotráfico. En el fondo buscaba acorralar a los federales de Comodoro Py. Quedó en la banquina. De Justicia 2020 se reconoce el éxito en las reformas del fuero civil, pero no avanzó mucho en el penal.

El viejo método de capturar el proyecto ajeno

Con estos antecedentes, la oposición debería levantar la mano en el Congreso para apoyar la iniciativa oficial. Pero no les queda claro si no se repetirá el método peronista de promover reformas planteadas por los radicales para lograr adhesiones en la oposición, dividir a sus contradictores y después usar las leyes para otra cosa. Esa estrategia la desplegó el peronismo en los años de Kirchner. Hizo votar en el Congreso proyectos que venían de sus opositores radicales, como la ley de medios audiovisuales o las estatizaciones de las jubilaciones, el Correo, Aerolíneas e YPF. Habían sido banderas del anti-menemismo en los 90 que cumplió el Gobierno K entre 2003 y 2015 como si fueran propias.

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En este punto ven que la política judicial del oficialismo la concentra Cristina tomando para gente propia todas las colinas del sistema. Capturó las dos bancas del Senado en el Consejo de la Magistratura y postergó órdenes de precedencia acordados antes de su elección como vicepresidente. Mariano Recalde reemplazará a Guillermo Snopek y María Inés Pilatti de Vergara a Luis Mario Pais. Este último cargo se discutió en el bloque para Oscar Parrilli, pero los senadores peronistas consideraron que era un exceso de personalismo llevar al neuquino a un cargo en la Magistratura, en donde el oficialismo no ha dejado resquicio sin ocupar. Era sentarse sobre el timbre y confirmar esa idea de que Cristina se ocupa de la justicia con supremo interés –se juega el pellejo– y acumula créditos callando sobre la economía. Que se ocupe de eso Alberto. Y que pague el costo, en todo caso.

Los gobernadores, antes que nada, gobernadores

En estas decisiones jugaron de nuevo los gobernadores. El chaqueño Jorge Capitanich es el jefe político de Pilatti de Vergara. Los mandatarios del peronismo actúan en este primer tramo del gobierno sin un liderazgo unificado como el que tuvieron en los años del macrismo, cuando ejercía ese rol Juan Schiaretti. Se mueven de manera individual a la espera de que se consolide algún liderazgo en el nuevo gobierno. Son agentes de poder y saben que una cosa es un mandatario elegido y otra un mandatario designado como emergente de un jefe político o de un grupo. El público y los clientes de los elegidos son los votantes. En el caso del designado, el cliente al que debe cumplirle es a quien lo designó.

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Eso diferencia a los gobernadores del Presidente. Cada uno de ellos se siente más que Alberto. Operan por objetivos: por ejemplo, cómo van a renegociar sus deudas dentro del paquete del reperfilamiento que discute hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores. Saben que la ley de emergencia es una ley para el FMI y por eso la apoyaron. Como en 2018 apoyaron, sacando ventajas, el presupuesto 2019 de Macri, que también contenía el acuerdo con el FMI. Con la misma rapidez apoyaron el Consenso Fiscal III que ya hizo ley el Senado y que puede ser el primer tema a tratar en Diputados el próximo 22 de enero.

Un grupo de esos gobernadores se reunió en silencio este fin de semana en la localidad santiagueña de Quimilí con el justificativo de firmar un acuerdo para desarrollar una red regional de fibra óptica. Estaban Capitanich, el formoseño Gildo Insfrán, el local Gerardo Zamora y el otro Oscar Ahuad, el gobernador de Misiones. Son el grupo más firme de gobernadores del espacio de Cristina que han pedido un trato igualitario en el repago de la deuda y que no privilegien a provincias como Córdoba, Mendoza, Chubut, CABA y Santa Fe, que las tomaron en dólares y que necesitan del auxilio de la Nación.

Lentitudes de fin de año

Con este ánimo, el Gobierno apura los desajustes de la transición que nunca termina. Es difícil proveer con facilidad los 5 mil cargos que se espera ocupen un gobierno que ingresa. Más cuando el Presidente es también el jefe de Gabinete y concentra las decisiones. El que tiene que aprender es Santiago Cafiero, que cumple hoy el rol del primer Marcos Peña, que se parecía más a un secretario privado o un acompañante terapéutico de Macri que a un jefe de la administración, que es como define la Constitución al jefe de Gabinete. Aprenderá, seguramente, pero le cargarán los motivos de la lentitud en definir cosas más serias que una grilla de la burocracia, como una fórmula de actualización de las jubilaciones.

El jefe opositor Mario Negri ironizó sobre esa lentitud en el discurso de cierre del debate de la ley de ajuste. «Desde el fallo Badaro -dijo en un video que hasta el fin de semana tenía en las redes más de 500 mil vistas- se exigió que hubiera un índice, y ustedes vienen por la suspensión. Hubieran traído otro índice, aunque nosotros no lo compartiéramos. Podría haber sido distinto. Lo podrían haber preparado antes. O hubiesen dejado esta ley hasta que tuvieron otro índice». Dijo que habían cantado victoria desde las PASO del 11 de agosto y tuvieron tiempo de sobra para imaginar una nueva fórmula. Entre este lunes y martes deben resolverse demoradas designaciones de contratados en el Congreso. Sergio Massa es presionado por todos los bloques por esas minucias y respondió con el congelamiento de salarios. Siguió la decisión de congelar salarios de Cristina en el Senado, que en realidad también había sido una idea radical. La impulsó en su bloque el senador Luis Naidenoff y arrastró a todos. Nunca nadie logró tanto con tan poco, porque es minoría en la cámara.

No se salva nadie porque Alberto promete reducciones de salarios y los radicales van presentar esta semana un documento y un proyecto de ley para alinear los salarios de todos los poderes mediante un enganche con el sueldo del presidente. El proyecto, que lleva la firma de los jefes del Interbloque de Juntos por el Cambio, extiende el congelamiento a los poderes Ejecutivo y Judicial, entes descentralizados, empresas del Estado y bancos oficiales. Además, invitarán a provincias y municipios a hacer lo mismo. Los argentinos creíamos que el problema principal era la deuda, la pobres y la inflación y los dirigentes descubren que en realidad la causa de todos los males era que tenían sueldos altos. Lo hubieran dicho antes. O quizás ése no es el problema y la solución que se proponen es un disfraz de otras cosas.

La cohabitación, también difícil en la oposición

Los gobernadores de enfrente son la cuarta pata de la mesa opositora que forman el dúo Macri-Pichetto, los bloques legislativos y los partidos de la coalición. Son, antes que nada, gobernadores, y después son de Juntos por el Cambio. Lo exhibieron en el debate de la Ley de Ajuste, en la que el jujeño Gerardo Morales y el porteño Horacio Rodríguez Larreta se abrazaron a Alberto, como antes lo hacían con Macri. Se diferenciaron de los legisladores, que querían jugar con el quórum, y pidieron acompañar al nuevo gobierno y no frustrarle el comienzo con una derrota. Impusieron su posición, y por eso se votó la ley en el Senado el viernes 20 y no el 27, como querían el tándem Cornejo-Lousteau, que representaron una línea crítica en las dos cámaras.

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Larreta tiene canal propio con Alberto, y hace alianzas que no le cuenta a nadie, por lo menos a sus aliados, que registran cada paso en los whatsapp que intercambian. Morales necesita auxilios financieros importantes, debe blindarse ante un empujón que puede dar en cualquier momento el gobierno en beneficio de Milagro Sala. Toda una complicación, que quizá se diluya con una visita pacífica de Alberto a Jujuy cuanto antes. Un bordado muy fino que ha llegado al otro Olivos, la oficina que ocupa Macri cerca de la residencia presidencial. Escuchó quejas en silencio, pero hizo gestos de que entiende a los gobernadores. Fue el viernes, antes de viajar por tres semanas a Cumelén. La cohabitación entre los aliados de Cambiemos fue siempre con el PRO fue difícil, pero a los entuertos siempre los salvó el éxito. Macri es un buen socio, pero si te hace ganar. El PRO, lo mismo. Pero si son perdedores, ¿qué te pueden aportar?

En las últimas elecciones, los radicales y la Coalición mejoraron su performance a costa de la declinación del PRO. Subieron la cantidad de legisladores, aunque en Diputados el PRO sigue teniendo más bancas. Como en todas las decisiones políticas, me tenés que explicar el negocio o la ideología. En la relación de los radicales con el PRO están trizados esos dos pilares de la relación, el negocio y la ideología. La sostienen frentes aislados. Uno es el interbloque de Diputados, sindicados en el liderazgo de Negri, hoy jefe sin discusión de la oposición. Y más cuando María Eugenia Vidal se fue a París, justo cuando sus legisladores de Buenos Aires tienen la primera pelea co Kicillof. ¿O no es la jefa?

El oficialismo que articulan Massa y Máximo Kirchner siguen la lección de Agustín Rossi: el mejor camino para una gestión exitosa del bloque peronista es cuidarlo a Negri porque es un opositor profesional que, pese a ser frontal, sostiene el muro que los separa. Querrían una balcanización de esa oposición, pero resiste pese a los barquinazos que se vieron en la sesión de ley de ajuste.

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