La mitad de los inquilinos no pudo pagar el alquile…

Este jueves el Senado volverá a tratar
el proyecto de ley de alquileres, luego de que la semana pasada hubiera sido bloqueado por la oposición. Esta vez no necesita las dos terceras partes de los senadores sino una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta. Por lo que podría transformarse en ley, dado que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Las asociaciones de inquilinos lo esperan con ansias. Hace 36 años que no se modifica la ley de alquileres y hace 4 años que se intenta avanzar en el Congreso, sin éxito.

Las asociaciones y defensorías de los inquilinos apoyan las modificaciones que plantea el proyecto: de aprobarse, el contrato de alquiler se extenderá de 2 a 3 años. La actualización dejará de ser semestral para ser anual, y ya no se basará en expectativas del mercado, sino en un índice objetivo, compuesto por la variación de precios y salarios. Son justamente los mismos puntos que generan fuerte rechazo en propietarios
e inmobiliarias. 

El acceso a la vivienda se transformó en un tema clave, siendo que la consigna de “quedarse en casa” es la única «vacuna», por ahora, contra el coronavirus. En la actual crisis económica que intensificó la pandemia, la mitad de los inquilinos no pudo pagar el alquiler de junio debido a la pérdida de ingresos, según un informe de Inquilinos Agrupados. 

En una encuesta realizada a 3000 personas de todo el país, concluyeron que el 68 por ciento de los inquilinos cuenta con menos ingresos, o dejó de percibirlos. Desagregada por edad, la estadística se agrava en los jóvenes. En tanto, el 67 por ciento dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar.

Por otro lado, esa asociación consideran fundamental la aprobación de la ley, dado que en los próximos días la Ciudad de Buenos Aires habilitará que se puedan mostrar propiedades, por lo que podrían aumentar las mudanzas, y con esto, las firmas de nuevos contratos. 

El ministro de Producción porteño, Jose Luis Giusti, confirmó a este diario que se encuentran redactando el protocolo con las autoridades sanitarias. El martes se reunió con la Cámara Inmobiliaria Argentina y acordaron comenzar por las unidades que estuvieran desocupadas, como casas, locales comerciales, oficinas o galpones, y no así en viviendas en consorcio.

Actualmente las mudanzas están permitidas en la mayoría de las ciudades del país. Pero la imposibilidad de visitar una propiedad, como ocurre en la Ciudad, funciona en la práctica como un impedimento para elegir mudarse. 

En tanto, la agrupación Inquilinos Agrupados denunció presiones de las inmobiliarias para firmar renovaciones antes de que se aplique la futura ley. “Consejo a los inquilinos: no firmen nuevos contratos”, aseguró Gervasio Muñoz, titular de la agrupación. Además, recuerda que sigue vigente el decreto 320 que permite extender automáticamente el contrato hasta octubre, con el mismo valor. “Conviene extender y luego firmar con la nueva ley vigente”, agregó.

Pese al bloqueo opositor de la semana pasada, se espera que este jueves acompañen la ley. De hecho, todos los diputados de Juntos por el Cambio votaron a favor en noviembre 2019, y fue Daniel Lipovetsky, legislador de ese espacio, uno de los impulsores. 

Luego de la frustrada sesión, Lipovetsky explicó a PáginaI12 que iba a mantener reuniones con los distintos senadores para promover y explicar el proyecto. “Descuento que va a ser ley, no hay obstáculos en cuanto al contenido. Es una ley necesaria en una cancha que está desequilibrada”, apuntó

Más allá del futuro del proyecto de ley, hasta
el 30 de septiembre se mantiene el decreto del Gobierno que prohíbe desalojos y
congela el precio de los alquileres. Además, establece que los inquilinos deben
recibir el CBU de las inmobiliarias para pagar por transferencia
bancaria. Sin embargo, el 44 por ciento se vio obligado a hacerlo en efectivo en
julio, según la misma encuesta de Inquilinos Agrupados.