La jueza Servini ya investiga quién violó la ley de Inteligencia al filtrar cientos de nombres de espías

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La jueza federal María Servini pidió a su colega de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que le informe qué medidas se tomaron en el juzgado y en la fiscalía para preservar nombres de espías y documentos secretos de la AFI en la causa en que se investiga el supuesto espionaje macrista. La jueza le pidió al doctor Auge “un minucioso relato” sobre cómo se manejó el material secreto que envío la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, informaron este lunes fuentes judiciales a Clarín.

La investigación de la causa por el supuesto espionaje macrista está delegada en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a quienes Caamaño responsabiliza por haber subido al sistema informático judicial 3.850 Resoluciones secretas del ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, entre el 2016 y el 2019, sin haber tachado los nombres u acciones que no tenían nada que ver con la causa que investiga a 22 espías y exagentes del organismo oficial por hacer supuestamente inteligencia ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, otros dirigentes políticos y periodistas.

Servini hizo el pedido luego de que el fiscal Eduardo Taiano formuló el requerimiento de instrucción ante una denuncia de cuatro ex agentes cuyos nombres se revelaron. Luego se sumó otra denuncia de la misma Caamaño.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio José Cano dijo a Clarín que “desde que Caamaño ha asumido como interventora del organismo, por acción o por omisión, se ha revelado públicamente en los medios, la identidad de cientos de agentes de inteligencia activos y retirados, incluidos agentes en el extranjero, poniendo en riesgo así la seguridad de la Nación y la integridad física de este personal y su familia”.

“El hecho más bochornoso, es la publicación del Acta con código de seguridad 1336 de la AFI, situación sin precedente en la historia de la actividad de inteligencia a nivel mundial, y que viola los artículos 222 y 223 del Código Penal y el artículo 16 de la Ley N° 27.126, entre otros”, sostuvo Cano, quien es miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

“Las funciones, obligaciones y deberes de la Comisión Bicameral exigen que el Presidente de la Comisión, Leopoldo Moreau, presente formal denuncia contra la Interventora de la AFI. En caso de no realizarse, Moreau estaría incurriendo en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario”, advirtió Cano.

En su requerimiento, el fiscal Taiano recordó que el 24 de septiembre de 2020 los ex espías denunciantes “se habían enterado por las redes sociales que la Interventora de la AFI Cristina Caamaño Iglesias Paiz habría publicado –en el marco de una supuesta gestión de transparencia administrativa- en el sitio web oficial de la AFI dicho libro de actas de donde surgiera la información de carácter secreta”.

Los denunciantes sostuvieron que sin perjuicio de que haya ocurrido una cosa o la otra, lo cierto es que dicho documento “salió de la AFI sin el más mínimo resguardo de seguridad”, por lo cual responsabilizan a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño Paiz Iglesias”. Creen que Caamaño debería haber ordenado tachar nombres y operaciones secretas. El documento escaneado contiene un código de seguridad “1336” que resulta ser una marca de agua -habitualmente de color roja en su original- que indica que esa copia en soporte papel tenía un determinado destinatario como puede ser un juzgado o una fiscalía. Ahora se busca determinar qué funcionario produjo tiene el envío de los documentos al juzgado de Lomas de Zamora.

Habitualmente juzgados y fiscalías requieren información a la AFI sobre una o varias personas, pero “cuando el documento a remitir contiene más nombres o identidades o datos no requeridos, ello debe ser testado a fin de no dar publicidad de su contenido”, señalaron.

Los denunciantes destacaron que en dicho libro de actas “se puede observar tanto nombres reales como supuestos o de cobertura administrativa, funciones que cumplían, ceses de actividades por jubilación, renuncias a cargos, relevamientos del secreto para declaraciones testimoniales en sede judicial, personal contratado, viajes al exterior, designaciones en el extranjero, cesantías, etc”.

Luego el libro de actas digitalizado llegó a manos de periodistas, como seguramente “así también de terceras personas nacionales y extranjeras que no deberían conocer esos datos secretos”. Informaron que varios medios K publicaron el libro de actas digitalizado, a poco de haber sido subido al sistema Lex.

En una segunda presentación se acompañó una denuncia que formuló el diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. En ese escrito, Ritondo le dijo a Moreau que “en mi carácter de Vocal de la Comisión Bicameral por usted presidida, vengo a formular la presente denuncia, ante el entendimiento de la posible violación de los artículos 16 y 17 de la ley 25,520 y artículos 153, 155, 157, 157bis, 222 y 223 del Código Penal de la Nación”.

“Por un lado, la AFI no resguardó la identidad de los agentes. La misma interventora de la AFI, Cristina Caamaño, asegura que se planteó la cuestión “a la Fiscalía al momento de enviar la documentación requerida” y luego se reiteró el pedido cuando se filtró la información”, advirtió Ritondo. Sin embargo, “no está claro si la Fiscalía pidió información sobre todos los agentes en cuestión, por lo que la AFI podría haber preventivamente testado los nombres y apellidos (además de los documentos de identidad) de decenas de agentes que no estaban involucrados directamente en la causa”, agregó.

El juzgado y la fiscalía fueron por lo menos ingenuos en el manejo de la sensible información provista por la AFI sin agregar medidas de seguridad o pedir un reaseguro a la AFI”, señaló. Esto “constituye acto de irresponsabilidad, ineficiencia y falta de profesionalismo sin precedentes, y una conducta reprochable desde el punto de vista penal para funcionarios políticos y judiciales”, agregó. En definitiva, “la falta de profesionalismo, escasas medidas de seguridad y fallas en la cadena de custodia facilitaron la difusión masiva de un hecho que tiene serias consecuencias para la seguridad nacional”, finalizó Ritondo.

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