La expropiación divide aguas | Apoyos y críticas em…

El establishment reunido en AEA, agrupación que reune a los presidentes de grupos económicos, emitió un comunicado rechazando la intervención de Vicentin. Los empresarios consideran que la intervención de Vicentin se trató de una medida “puntual” de salvataje a una compañía quebrada. “No viene una ‘venezuelización’ del sector privado”, afirmó a PáginaI12 Martín Cabrales, industrial reconocido en el rubro alimenticio. En tanto, las pymes se mostraron a favor de un Estado administrador, con intervención en sectores estratégicos. Las principales diferencias entre los distintos empresarios se manifiestan acerca del rol del Estado en la economía y en el concepto de “soberanía alimentaria”. Pero hay consenso acerca de la necesidad de preservar los puestos de trabajo y una indignación generalizada sobre el acceso al crédito que tuvo Vicentin con el Banco Nación.

 “Es conocida mi postura: no creo que sea el rol del Estado ser empresario”, aseguró a este diario Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A. y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA). Sin embargo, consideró que no fue una decisión “alocada” la intervención de la cerealera. “El Presidente no se levantó ese día y dijo voy a intervenir. La empresa venía muy castigada y la decisión se toma en un momento donde se tienen en cuenta las fuentes de trabajo y la continuidad de la compañía”, agregó.

En este sentido, consideró que la decisión no marcará una agenda de expropiaciones. “En la cabeza de Alberto Fernández siempre estuvieron las pymes y el entramado productivo”, opinó Cabrales. Además, dijo que confía en la palabra del Presidente, que manifestó en dos oportunidades que eran “ideas locas” que el Estado se quede con acciones de empresas asistidas durante la pandemia. “Lo de Vicentin no tiene nada que ver con la idea de la diputada Fernanda Vallejos. El Estado tiene que respetar la propiedad privada y eso está muy claro”, argumentó. En tanto, se mostró en contra del concepto de “soberanía alimentaria”, dado que aseguró que Argentina ya cuenta con los recursos y el potencial en esta materia.

La noticia de Vicentin fue tema de conversación durante el Zoom que mantuvieron los empresarios de la UIA en la reunión de junta directiva de los martes. José Urtubey, miembro de la UIA, también manifestó en declaraciones televisivas y radiales que lo que hizo el Gobierno fue “hacerse cargo de un gran problema”. El director de Celulosa dijo que “no asusta el término” de expropiación, que es lo que buscará llevar a cabo el oficialismo en el Congreso a través de un proyecto de ley. “Es un instrumento jurídico que ya está plenamente vigente hace muchísimos años”, argumentó. “No veo que se esté yendo a Venezuela por esto”, concluyó.

En tanto, Ignacio Noel, dueño de la alimenticia Morixe y principal accionista de Sociedad Comercial del Plata, dijo a PáginaI12 que el Gobierno tomó la mejor alternativa entre las posibles. “No podían no hacer nada ante una empresa de un sector estratégico. Dejarla en manos del proceso judicial y los concursos iba a implicar llenarla de gastos judiciales y que se termine destruyendo. La otra opción, de dejarla en manos de un competidor privado, podría terminar en una concentración del mercado y que pocos jugadores fijen precios”, opinó Noel.

El rechazo más enfático provino de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conformada por los dueños de las compañías más grandes del país. «Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país», dice el comunicado de AEA.

Distinta es la postura de las pymes industriales, que se mostraron a favor de la intervención estatal. “Para evitar la primarización productiva, se necesita un Estado activo que se ponga al frente de los recursos estratégicos. La unión con YPF Agro hará que se convierta en una empresa testigo que avance en la soberanía alimentaria y en incorporar mayor valor agregado”, aseguró en un comunicado la asamblea de pequeños empresarios (Apyme). En tanto, la asociación de empresarios nacionales (Enac) apoyó la medida por “cuidar los puestos de trabajo y evaluar las prácticas extranjerizantes por sobre la cadena de proveedores pymes argentinos”.

Por su parte, la asociación de importadores y exportadores (Aiera), consideró la decisión necesaria para evitar que la empresa pasara a grupos transnacionales. “Argentina necesita aumentar la exportación. Hace muchos años que se tiene sospechas de la transparencia en la cadena de exportación agropecuaria. Tener un jugador testigo evitará transacciones de subfacturación y fuga”. Y pidió que el proceso derive en instituciones sólidas que separen “las fronteras entre Gobierno y Estado” para promover inversiones de largo plazo.