La dura crítica de Alfredo Leuco al juez que falló contra el desalojo en Entre Ríos

El periodista Alfredo Leuco lanzó una dura crítica contra el juez subrogante de la Paz, Entre Ríos, Raúl Flores que desestimó la medida cautelar presentada por el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere para que saquen a los militantes del dirigente social Juan Grabois del campo familiar tomado.

“¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina? ¿Censura previa, un juez subrogante?», lanzó el conductor radial, en relación a la polémica notificación del magistrado que le ordenó a la familia Etchevehere no hablar en los medios ni acercarse al establecimiento.

En su programa Le doy mi Palabra por Radio Mitre, Leuco reiteró: «¿Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona, ¿o no vivimos en democracia?. ¿Estamos todos locos? Avanzan a paso redoblado. Señores, la democracia y la república está cada día más en peligro. Quién quiera oír, que oiga».

A través de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Sociedad Rural Argentina dio a conocer que el juez «nos acaba de notificar a mi madre, mis hermanos y a mí que, a partir de este momento, no podemos realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores».

El magistrado subrogante resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por Etchevehere, que había sido avalada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, para hacer cesar la ocupación de la estancia «Casa Nueva» en Santa Elena, Entre Ríos.

«Acabamos de recibir el fallo. Es rarísimo. El juez dictamina que no va a decidir el desalojo basado en su formación de derecho de familia, ya que no tiene conocimiento en derecho penal. Además, recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y que nos reconciliemos. La verdad que estamos sorprendidos», dijo el ruralista en la puerta del campo disputado.

«No estamos hablando de una discusión familiar, sino de un delito penal de un grupo de 40 personas que usurparon un bien. Los propios fiscales interpretaron la gravedad del caso», agregó.

El campo, en el noreste entrerriano, fue usurpado el jueves de la semana pasada por un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois, quien actúa como abogado de Dolores Etchevehere. Ambos anunciaron el “Proyecto Artigas”, que desarrollaría en ese campo huertas y otras producciones agroecológicas.

El miércoles al anochecer se había avanzado en una audiencia de conciliación y los manifestantes que habían llegado hasta el lugar desde la mañana suponían que el juez, reunido con las partes en La Paz –cabecera departamental-, dictaría la orden de desalojo de los ocupantes, tal como piden el ex ministro de Agricultura y el fiscal de la causa.

Dolores Etchevehere aduce tener derechos de herencia vigentes, en contradicción con lo que afirman su madre y sus hermanos, quienes argumentan que ya recibió su parte y no tiene vínculos patrimoniales con ellos desde 2018.

Este viernes, un grupo de productores entrerrianos se movilizó frente a la sede judicial de La Paz para protestar contra el fallo. «Cruzaron un límite, atacan la propiedad privada y también nuestra libertad. Ahora no podemos ni hablar», cuestionaban los manifestantes, entre los que no estaban los hermanos Etchevehere, que se quedaron fuera del campo.

Juntos por el Cambio también salió a repudiar las tomas y acusó al Gobierno de ser cómplice: «Las únicas víctimas son los usurpados». A través de un fuerte comunicado, criticaron la inacción del Ejecutivo en torno a «un delito que se expande por todas partes».